“El pueblo sufre el tema respiratorio, el pueblo es gris por la ceniza”, contó a la diaria Peter Irigoyen, edil del Partido Nacional (PN) de Cerro Largo. Se refiere a Candiota, municipio brasileño ubicado a 40 kilómetros de la frontera con el departamento. Allí se encuentra una central energética a base de carbón que, según el edil, “hace 30 años que genera problemas de lluvia ácida”. “Fue multada infinidad de veces por temas medioambientales”, agregó. En setiembre de 2016 fue clausurada temporalmente y multada por el Instituto Brasileño de Medio Ambiente y de los Recursos Naturales Renovables (Ibama) con 75 millones de reales (unos 13 millones y medio de dólares). Actualmente está activa y dos empresas presentaron un nuevo proyecto para crear otra planta termoeléctrica, con capacidad de quemar 12.600 toneladas de carbón diarias, en la misma zona.
Ancap exporta cal a Candiota mediante la empresa subsidiaria Cementos del Plata; la planta ubicada en Treinta y Tres, que produce 15.000 toneladas por mes, destina 99% de su producción a abastecer a la histórica central termoeléctrica brasileña. Ambas partes tenían un contrato que finalizó en 2020, pero se renovó por cuatro años más. Alejandro Stipanicic, presidente del ente energético, determinó que la firma del nuevo contrato –que se concretó en noviembre del año pasado– significa un ingreso de 400 millones de dólares. En diálogo con la diaria informó que la cal se usa “en el tratamiento de los sumos de la combustión” para “neutralizar las emisiones a la atmósfera”.
Se le preguntó a Irigoyen si las personas que viven en el territorio continúan desarrollando problemas respiratorios debido a las cenizas producidas por la central o experimentando lluvia ácida y respondió: “Siguen estando, hace poco fue multada. La han parado y cerrado, pero no se ha seguido estudiando. La problemática fue tan reiterativa que ya es común”. Expresó que todo el pueblo de Candiota vive en torno a la central: “las personas que trabajan en la mina, en el restaurante y en la gomería”. Dijo que “estas empresas poderosas” también “juegan” con la situación de dependencia.
Comentó que en el período anterior fue integrante de la Comisión de Medio Ambiente de la Junta Departamental de Cerro Largo y lo invitaron a recorrer la central. “Ellos represaron el arroyo para obtener el agua para las calderas y generar el vapor que se utiliza para conseguir energía”, relató. Agregó que a esta zona la denominan “balneario”. “¿Qué era el balneario? Represaron un río para tomar el agua, pusieron una especie de parador y unos árboles para engañar el ojo. Pero en realidad no es un balneario, es una represa”, acotó.
“Como alcalde, como político, te dicen que van a traer plata y puestos de trabajo para la zona. Decís: ‘lo quiero’. Pero ¿cuál es el costo medioambiental? Genera la lluvia ácida que nosotros estamos sufriendo desde hace 30 años. Ahora van a sumar otra más, o sea que el daño ambiental va a seguir”, manifestó.
La nueva planta
Irigoyen planteó en la Junta Departamental de Cerro Largo que se pretende instalar una nueva planta termoeléctrica con la capacidad de quemar 12.600 toneladas de carbón diarias y generar 726 megavatios. La inversión es de 1.300 millones de dólares; estaría ubicada en las inmediaciones de la ciudad de Candiota y a unos 45 kilómetros de la frontera con Cerro Largo. El edil tomó la información del medio local Jornal Minuano. Nova Seival es el nombre del proyecto y la solicitud fue presentada por las empresas Copelmi y Energías de Campanha. Según informó Jornal Minuano, la iniciativa está suspendida porque todavía no obtuvo los permisos ambientales correspondientes; la jueza Marga Inge Barth Tessler, del Tribunal Regional Federal de la IV Región, también denegó la solicitud. Ambientalistas también acusaron a las empresas de limitar la participación por decidir hacer una audiencia pública con la comunidad vía web.
Copelmi es una empresa minera que opera desde 1883. Según su página web, es “pionera en la explotación del carbón mineral en Brasil” y “responsable de 80% del carbón de uso industrial en el país”. Mantiene actividades en Porto Alegre, Río de Janeiro y seis municipios de Rio Grande do Sul: Butiá, Minas do Leão, Arroio dos Ratos, Cachoeira do Sul, Charqueadas y Triunfo.
Irigoyen señaló que se comunicó con el Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP) porque: “En línea recta, a 40 kilómetros [desde donde se pretende instalar la nueva planta] está Centurión, que ingresó hace poco al SNAP. ¿Cómo afectaría también a la flora y a la fauna? No solamente afectaría a las personas, afectaría a un ecosistema de un área protegida muy importante”. Paso Centurión y Sierra de Ríos se declaró paisaje protegido en julio de 2019 y previamente había sido catalogado como reserva departamental por la Junta Departamental de Cerro Largo. El planteo del edil se envió al Ministerio de Ambiente y al Ministerio de Relaciones Exteriores.
“Es un grave problema porque [las empresas] juegan con la necesidad de la gente de trabajar, con la falta de energía en Brasil, y van contra el tema medioambiental, que no afecta sólo a Brasil”, señaló Irigoyen. “Hay intereses de por medio. Ancap le está vendiendo la cal; le sirve, le vende toneladas y toneladas de cal a la primera empresa, y capaz que le va a vender a la otra también. Estamos exportando cal, muy lindo, pero ¿y el medioambiente, nosotros, la flora y la fauna?”, apuntó.
Por su parte, Stipanicic dijo que no tenía conocimiento de la nueva planta que se busca instalar en Candiota, y añadió: “Nosotros no tendríamos capacidad para suministrar a otra planta simultáneamente. Es una buena noticia que vaya a haber otra planta, porque significa que va a haber más demanda, pero nosotros no podríamos capturar el suministro de dos plantas a la vez”.
La semana pasada, en la Convención Marco de la Organización de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (COP26), Uruguay, Argentina, Brasil y Paraguay acordaron la creación de un grupo de negociaciones sobre cambio climático. El propósito es “aunar esfuerzos para enfrentar el cambio climático, resaltando el rol de la ciencia, la importancia de la producción agrícola para obtener seguridad alimentaria y el papel crucial de los ecosistemas para el desarrollo sostenible”. En este contexto, se consultó a Gerardo Amarilla, subsecretario de Ambiente, sobre su posición respecto del proyecto y aclaró que no tenía información y que la va a solicitar a la cancillería. En tanto, Irigoyen expresó: “Brasil, en la conferencia en Glasgow [sede de la COP26], se comprometió a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Acá está el proyecto armado, todo pronto para una usina permanente, la más grande de ese país”.