La Comisión Nacional en Defensa del Agua y de la Vida (CNDAV) se pronunció este miércoles sobre el proyecto Neptuno, que está a estudio de OSE, y lo consideró “inconstitucional” en tanto permitiría que un conglomerado de empresas privadas termine gestionando el agua potable, algo que quedó explícitamente prohibido luego del plebiscito de 2004.
La iniciativa Proyecto Neptuno, de las empresas Saceem, Berkes, Ciemsa y Fast, bajo el nombre Consorcio Aguas de Montevideo, implica una toma de agua bruta que saldría del Río de la Plata, entre Arazatí y Bocas del Cufré, en San José. Allí, según lo planteado, se construiría una planta potabilizadora y una tubería de aducción de 80 kilómetros, además de una reserva de emergencia ubicada a unos diez kilómetros de la costa, que abastecerá de agua dulce a la planta cuando existan eventos de salinidad, informaron desde OSE a la diaria cuando se conocieron los primeros avances del proyecto.
La idea es solucionar el problema de abastecimiento de agua potable en el área metropolitana, que actualmente depende de una sola fuente, el río Santa Lucía, y de una sola planta potabilizadora, Aguas Corrientes.
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La CNDAV, que se creó en 2002 y está integrada por diversas organizaciones que adhirieron en su momento a la campaña por la reforma constitucional en torno a la privatización del agua, aseguró en un comunicado difundido este miércoles que es consciente de “la gravedad de las insuficiencias en la resolución de los problemas de agua potable y de saneamiento y la urgente necesidad que tiene Uruguay en resolverlos”. De todas formas, insiste en que “el Proyecto Neptuno es una falsa solución a los graves problemas de potabilización” del área metropolitana.
Además, subrayan que el proyecto “se basa en una errónea interpretación de la Constitución que realiza la división Jurídica de OSE, en la cual se habilita la gestión privada del agua potable y el saneamiento. La Constitución de la República es clara y no admite interpretaciones: desde el 31 de octubre de 2004 con el triunfo de la Reforma Constitucional del Agua la gestión de los sistemas de agua potable y saneamiento debe ser exclusivamente pública y con participación social. La gestión privada del agua es inconstitucional”.
Remarcan en esta línea que “todo el proceso de aprobación del Proyecto Neptuno es inconstitucional” porque no ha habido suficiente información, amparados en el secreto empresarial, algo que también limitó las instancias de participación que están previstas en la Constitución. “No llamar a la participación es inconstitucional”, resume la comisión.
Asimismo, a pesar de la falta de información acerca del proyecto, su viabilidad ya ha sido cuestionada por la academia, en tanto “la zona no garantiza calidad ni condiciones permanentes de potabilización durante todo el año”. Además, tampoco tiene el apoyo de la Federación de Funcionarios de OSE ni de los vecinos de la zona de Arazatí y otras organizaciones, que indicaron que no falta agua sino una gestión sostenible del recurso.
Por otra parte, desde la CNDAV indican que el proyecto Neptuno será financiado por OSE a través de la tarifa que pagan los usuarios del agua potable, por lo que al final de cuentas, “toda la sociedad subsidiará el lucro de un grupo de empresas”.
La CNDAV rechaza “este nuevo embate privatizador sobre la gestión del agua en Uruguay” y reclama “una amplia discusión para la búsqueda de alternativas a los problemas de abastecimiento del agua potable y el saneamiento en el país”.
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