“Vamos a tener el segundo verano seco. Esto anticipa que tendremos problemas seguramente en el próximo año en materia de agua potable”. Eso dijo en noviembre del año pasado el ministro de Ambiente, Adrián Peña, a pocos meses de haber asumido la nueva cartera, que fue creada por la ley de urgente consideración. Si bien no lo dijo de manera explícita, afirmó que podría llegar a haber “problemas de abastecimiento”. Finalmente, por las lluvias en verano, eso no ocurrió. Pero puede pasar.

La tan mentada represa de Casupá puede ser una solución para abordar ese problema que se acarrea desde hace años. No obstante, el ministro expresó que se vería afectada cuando el caudal del río sea menor, en una cuenca que ya viene muy afectada. “Todavía estamos lejos de mejorar sustancialmente todo lo que tiene que ver con la cuenca del Santa Lucía”, había señalado en ese entonces el ministro. La cosa sigue igual.   

El área metropolitana, que abarca Montevideo y parte de Canelones y de San José, tiene un “problema bien importante”, y es que “depende” de una sola fuente, que es el río Santa Lucía, y de una sola planta potabilizadora, que es Aguas Corrientes, explicó Peña, y agregó que definieron “parar” en el avance de “determinadas decisiones” y dejar en stand by la solución de Casupá, ya financiada con 80 millones de dólares por el Banco de Desarrollo de América Latina, “a la espera del análisis de alguna otra alternativa”, indicó.

Para entonces, las grandes empresas Saceem, Berkes, Ciemsa y Fast, bajo el nombre Consorcio Aguas de Montevideo, ya habían presentado al Poder Ejecutivo y a OSE el proyecto Neptuno, una toma de agua bruta que saldría del Río de la Plata, entre Arazatí y Bocas del Cufré, en San José. Allí, según lo planteado, se construiría una planta potabilizadora y una tubería de aducción de 80 kilómetros, a lo que ahora se agregará una reserva de emergencia ubicada a unos diez kilómetros de la costa que abastecerá de agua dulce a la planta cuando existan eventos de salinidad, informaron desde OSE a la diaria.

A un año del inicio de la gestión del gobierno, el proyecto fue anunciado por el presidente Luis Lacalle Pou en un discurso que brindó ante la Asamblea General. Ahora, el estudio de factibilidad, que tendría que terminar entre noviembre y diciembre, ingresó en una fase decisiva de resolución de los aspectos económicos y legales. Con ese informe también debe cerrarse la etapa de definición de los aspectos técnicos que aseguren la viabilidad del proyecto y determinen todos sus componentes.

“Esto es fundamental, porque quedó demostrado que las debilidades que marcamos cuando habilitamos analizar la factibilidad eran reales y requerían respuestas. La salinidad en el Río de la Plata existe en determinados momentos del año, lo que determina que para garantizar la disponibilidad de agua bruta los 365 días del año ‘libre de salinidad’, que es lo que aceptó el Directorio [de OSE], debió incorporarse un cuarto componente al proyecto”, apuntó, en diálogo con la diaria, el director del ente en representación del Frente Amplio, Edgardo Ortuño.

Otro aspecto clave que debe resolverse cuanto antes es la dimensión y los costos de las obras que demandará el proyecto para la conexión y el funcionamiento global del Sistema Montevideo, acotó. En principio, según comentó Lacalle Pou en su inesperado anuncio en el Parlamento, el proyecto costaría cerca de 250 millones de dólares, aunque con el paso del tiempo puede valer más. Lo que sí es prácticamente seguro es que las obras comenzarán el año que viene, según lo que dijeron las autoridades de OSE en la Junta Departamental de San José. La obra puede llegar a tener una duración de 18 meses.

Desalinización

Ruibal consideró que el Río de la Plata tiene algunas contras: “Hay que desalinizarlo, pero dependiendo de la zona del río que vos tomes hay menos cloruro. Obviamente, cuanto más al este, más salada el agua, para eso tenés que hacer una planta desalinizadora. Son más caras, y para mantener también. Si te vas a una parte del río hacia el oeste, tenés mucho menos cloruro. Hay un punto en el que el cloruro es muy poquito, dependiendo de la época del año”, explicó, en coincidencia con ambientalistas y académicos que se han manifestado sobre el tema.

El doctor en Biología e investigador del Instituto de Ecología y Ciencias Ambientales de la Facultad de Ciencias de la Universidad de la República Luis Aubriot había explicado a la diaria que se trata de una zona con una alta ocurrencia de floraciones de cianobacterias tóxicas. “Asumiendo que la toma de agua va a ser relativamente costera, es seguro que va a tener una importante afluencia de cianobacterias, a las que en todo caso habría que realizarles un tratamiento especial, con descontaminación y chequeos de si existe o no toxicidad final en el agua tratada”, detalló.

Alejandro Ruibal, director de Saceem, una de las empresas que presentaron el proyecto ante el gobierno y tuvieron el visto bueno, señaló a la diaria que esta planta beneficia a “buena parte” de quienes habitan Montevideo y sus alrededores. El Neptuno daría “redundancia”, porque “hay un problema” en Aguas Corrientes en cuanto al abastecimiento. “Por lo menos tengo 30% [de agua potable] que viene de otro lado. Hay algunas personas críticas con esto, pero hay muchos técnicos trabajando en esto. Todos los procesos tienen sus pros y sus contras. Esta para mí es una solución mucho mejor que hacer una represa nada más. Almacenás agua, pero la metés en la misma planta”, explicó.

¿Es un plan B?

Desde la academia, la Federación de Funcionarios de OSE (FFOSE) y el movimiento Los Tucu Tucu, de la zona en la que se instalará la planta potabilizadora, cuestionaron el proyecto. Unos por la posible violación de la Constitución y otros por los problemas ambientales que hay y habrá en caso de que el proyecto se lleve adelante. Gustavo Ricci, presidente de FFOSE, señaló a la diaria que la participación privada en este proyecto debe estar limitada a la construcción de la infraestructura y no abarcar su operación final. “No pueden tener injerencia en ningún otro aspecto de la gestión. Es más, la propia Constitución establece formas de participación ciudadana en la gestión del agua potable y el saneamiento y hasta ahora no hemos conocido ningún acto en ese sentido. Por lo tanto, desde FFOSE estaremos vigilantes del cumplimiento del artículo 47, que fue decidido por la población en 2004”, aseguró Ricci.

Ruibal, por su parte, dijo que no tienen previsto operar la planta más allá de la construcción con los propios trabajadores de las constructoras. No obstante, un informe interno de Jurídica de OSE concluyó que la planta puede ser operada por privados sin violar la Constitución, informó Búsqueda, algo que el sindicato y organizaciones medioambientales ven con “preocupación”. Para Ortuño, si el camino que elige el gobierno es el de una concesión de parte del servicio, un contrato tipo BOT (Construir, Operar y Transferir, por sus siglas en inglés) según el cual se debería pagar al privado por la infraestructura disponible y el agua potable que se tome de la nueva planta, “se violaría groseramente la Constitución”.

En abril, Peña dijo a Mejor hablar, de M24, que es “perfectamente posible” que la gestión de la planta esté en manos de privados, porque “no se anteponen derechos económicos a los derechos sociales”. “Esto no atenta contra el espíritu de la reforma del agua que se votó en 2004”, aseguró.

En tanto, la integrante de Los Tucu Tucu Sofía Mansilla dijo que la posición del movimiento es de “mucho reparo” con los elementos del proyecto que se conocen actualmente. “Nos causa mucha incertidumbre sobre los aspectos sociales y ambientales en la zona de Arazatí. No sabemos qué va a pasar con la fuente de trabajo de los pescadores artesanales ni tampoco cómo va a ser el uso recreativo de la playa, cómo la instalación de esa planta va a influir en los accesos”, fustigó.

De todas formas, reconoce que el problema está y saben que “no podemos depender de una sola fuente de agua potable”. “Pero la forma no es ir a la Junta Departamental a meter miedo, como hizo el Directorio de OSE. No aceptamos que venga un proyecto ya con nombre de ubicación, empresa que lo quiere licitar, costos, etcétera. La gestión del agua debe estar a cargo de los usuarios y no de empresas privadas”, añadió, en conversación con la diaria.

Para Mansilla, esto se trataría de un “proceso de privatización encubierto”, ya que “no se ha consultado a muchos actores que tienen que sí o sí estar involucrados”. ¿Hay estudios sobre esas aguas? El Directorio de OSE dijo que por intermedio de la Cancillería se pidieron informes a Buenos Aires, pero esta tampoco es la forma. Para estar tranquilos necesitamos informes y estudios nacionales en el tiempo; tampoco nos conforma un estudio aislado, por las variantes en sus contenidos”, estableció.

El presidente de OSE, Raúl Montero, dijo al diario maragato Primera hora que espera que la licitación y el inicio de las obras puedan concretarse el año próximo, lo que permitiría culminar la estructura en el período restante. “Ojalá que a nosotros nos rinda lo que queda de este año para terminar de definir el anteproyecto”, señaló al medio local.

De licitaciones

“Esto, ahora, termina en una licitación”, ratificó Ruibal. Las empresas constructoras que están dentro del consorcio presentaron el proyecto al gobierno en el marco de la Ley 17.555, sobre reactivación de la economía, de la administración de Jorge Batlle. Luego de que termine el estudio de factibilidad, el ente puede rechazar o aceptar el proyecto.

Una vez despejado lo técnico, debe adoptarse una resolución sobre lo financiero y lo jurídico, que “será una definición política del gobierno”, porque los insumos técnicos ya están presentados y plantean cinco opciones posibles, “algunas ajustadas a la normativa y otras claramente inconstitucionales, que son además las más costosas para el Estado, a las que me voy a oponer”, adelantó Ortuño.

En caso de que el gobierno acepte el informe final que se presentará en estos meses, debe llamar sí o sí a licitación. Las empresas, por haber sido ideólogas del proyecto, tendrán entre 5% y 20% de ventaja en el puntaje y, además, la oportunidad de hacer una oferta mucho mejor que sus competidoras, en caso de que existan.

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