La compañía alemana Enertrag se asoció con la compañía uruguaya SEG Ingeniería y juntas crearon la empresa Belasay SA para presentar ante el Ministerio de Ambiente la viabilidad ambiental de localización de un proyecto a fines de 2021. Su objetivo es instalar una planta de producción de hidrógeno verde y “derivados, principalmente metanol”, según se propone en el documento enviado a las autoridades. Recordemos que el hidrógeno verde se ha definido como uno de los productos-promesa para sustituir los combustibles fósiles en un futuro y cumplir con sus metas climáticas, ya que se obtiene a partir de energías renovables y la electrólisis de agua. Sin embargo, el desarrollo de su industria todavía es incipiente e incluso la rodean diferentes debates vinculados a la soberanía del agua, los efectos en los territorios y qué tan económicamente viable es su producción. Ahora bien, las empresas privadas denominaron a la iniciativa como “Tambor”, en referencia a Tambores, la localidad donde pretende llevarse adelante, cuya administración es compartida por los departamentos de Paysandú y Tacuarembó.
Uno de los puntos más controvertidos que rodean al proyecto, desde la visión de los locatarios, es el volumen de agua -la materia prima del hidrógeno- que utilizará la planta. Según el estudio de viabilidad, estiman que extraerán entre “500 y 700” metros cúbicos por día. Para ayudar a dimensionar la cifra, un metro cúbico de agua equivale a 1.000 litros. Pero ¿de dónde tomarán el recurso? Prevén hacer perforaciones para obtener agua subterránea, aunque su reservorio podría “ser complementado” con cursos superficiales. “La zona presenta abundantes recursos hídricos, en particular agua subterránea proveniente del acuífero Guaraní, capaces de abastecer la planta de hidrógeno sin afectar otros usos del recurso”, señalan desde la empresa. Por otra parte, describen que “la energía utilizada provendrá totalmente de fuentes renovables”, ya que en sus instalaciones contarán con un parque eólico, y “no implicará consumo de energía de UTE”. Al mismo tiempo, destacan que los productos elaborados “serán destinados en gran medida a exportación, con una parte para uso en el país”.
En los últimos meses, vecinos y vecinas de la zona de Tambores, Valle Edén y Piedra Sola -localidades cercanas al predio donde busca afincarse la empresa- decidieron organizarse para buscar un camino jurídico que logre frenar el proyecto. Gloria Rodríguez, una de las integrantes del movimiento que se está gestando y que desde hace 68 años vive en Tambores, dijo a la diaria: “No podemos dejar que se nos escape el agua. Este verano, por ejemplo, muchos campos están necesitando que se arrime el recurso. Nosotros estamos sobre el acuífero Guaraní, somos unos privilegiados. Es agua limpia y pura, que tenemos debajo de nuestra tierra. Para mí, esto es muy doloroso. Yo lo que defiendo es que no nos falte el elemento principal para vivir”. Antes de profundizar sobre la medida que tomaron, es necesario ver el contexto.
¿Al servicio de quién?
En mayo de 2022 tuvo lugar una audiencia pública en la que se presentó el proyecto Tambor a la sociedad. Seis meses después, la Junta Departamental de Tacuarembó emitió un decreto que establece que “en base a la solicitud presentada por la Empresa Belasay SA [...], surge la necesidad de adecuar el uso vigente del suelo, mediante una revisión parcial de las Directrices Departamentales de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible, que permita la recategorización del uso del suelo”. De esta forma, el área de 100 hectáreas donde se instalarán la planta de hidrógeno verde y sus derivadas actividades pasó de ser suelo “rural productivo” a suelo “suburbano industrial”. Sin esta modificación, la empresa no podría instalarse allí. Fue aprobado por 20 ediles, cuando había un total de 29 presentes.
A su vez, en el decreto se indica que el emprendimiento deberá cumplir con “condiciones mínimas”, tales como: mantener “las condiciones de ruralidad y calidad ambiental del área en el entorno de la localidad de Tambores y el uso tradicional del territorio con fines de producción agropecuaria”; asegurar “un uso sostenible del recurso hídrico, que no interfiera con ninguna fuente de agua de uso y consumo de la población de la zona de influencia”; no extraer “agua de los cursos naturales superficiales ni de reservorios subterráneos cerrados para suministro”, entre otras. También definen que se deberá “elaborar y aprobar un Contrato-Plan” entre la Intendencia de Tacuarembó y la empresa para la instalación de la planta. En el caso de “no concretarse la solicitud del permiso de construcción de la planta en un plazo de tres años a partir de la aprobación”, el suelo nuevamente volverá a ser categorizado como “rural productivo”.
“En la Constitución se ponen “las máximas restricciones para que no salga más allá de sus fronteras territoriales, prohibiendo en los hechos toda posibilidad de extractivismo del agua”.
El camino de los vecinos
Hace poco más de una semana, 43 vecinos y vecinas de Tambores, Valle Edén y Piedra Sola, junto con el abogado Cley Espinosa, presentaron ante la Suprema Corte de Justicia una acción de inconstitucionalidad contra la empresa Belasay SA, a la que accedió la diaria. Entienden que la normativa departamental “viola lo establecido en el artículo 47 de la Constitución”. “El primer inciso de dicho artículo define el interés general de nuestro país en la protección del medioambiente, interés que además debe traducirse en una actividad por parte del Estado, de regulación, control e incluso sanciones, para reprimir todo menoscabo al medioambiente. El segundo inciso vincula el elemento agua con el derecho principalísimo a la vida”, se recuerda. También sintetiza otros puntos de la normativa, vinculados a “la solidaridad con las generaciones futuras”, “el principio de anteponer las razones de orden social a las de orden económico” y que “las aguas superficiales y subterráneas pertenecen al dominio público estatal y están subordinadas al interés general”.
Enfatizan que la “inconstitucionalidad” del decreto departamental no radica en la revisión de las Directrices Departamentales. Tampoco “en aspectos más sustanciales, y para nada menores, como que un parque eólico que cubra una superficie de 4.000 hectáreas puede alterar los hábitos y conducta de parte de la fauna, como aves de la zona, o que el transporte de toneladas de metanol desde el centro norte del país hasta el puerto más cercano puede generar derrames y, paradójicamente, muchas más emisiones de carbono (lo que se dice querer solucionar)”. Desde su postura es “inconstitucional” porque las Directrices Departamentales “se modifican específicamente para un emprendimiento extranjero de hidrógeno verde y sus derivados, emprendimiento que es violatorio de la Política Nacional de Aguas que debe tener nuestro país”. “Es decir, lo inconstitucional es el ‘para qué’ de la norma, especialmente en lo que refiere al destino del agua a utilizarse”, agrega.
“Es extractivismo puro, no le queda nada a Uruguay”. Abogado Cley Espinosa.
En la acción hacen hincapié en la “importancia” de que se trate de “un proyecto absolutamente privado” y promovido por “una empresa extranjera”, con fines “de llevar el producto fuera del país”. Lo resaltan no sólo por “una cuestión meramente nacionalista”, sino porque se trata de un recurso “soberano” y en la Constitución se ponen “las máximas restricciones para que no salga más allá de sus fronteras territoriales, prohibiendo en los hechos toda posibilidad de extractivismo del agua”. “Para el constituyente no es indiferente que el emprendimiento lo gestione OSE, Ancap u otra empresa estatal, con destino a solucionar nuestros problemas de emisión de carbono, a que lo haga una empresa privada extranjera”, se subraya.
Por otra parte, mencionan que representantes de Belasay SA dicen que el agua pretendida “no es mucha”, incluso sería “menos de lo que extraen, por ejemplo, las piscinas termales”. Sin embargo, para el abogado y los vecinos “no es lo mismo un emprendimiento que otro”. “Las piscinas termales extraen agua que permanece dentro de su ciclo. Los 29.000 litros de agua por hora que extraería esta empresa es agua que dejará de ser agua. Se pierde porque no podrá ser bebida ni por nosotros, ni por nuestros hijos y nietos, ni por los animales de la zona, ni tampoco con ella se regarán plantas. Es agua que no correrá por nuestros arroyos”, declaran. A la situación se agrega que, además, el agua que se tomaría es dulce. “¿Que solidaridad estamos teniendo con los habitantes de estas localidades dentro de 30 o 50 años, inutilizando 29.000 litros de agua dulce por hora?”, se inquiere en la acción presentada.
Finalmente, como último argumento, se expresa que parte de la población que vive en la zona “ni siquiera tiene asegurado el disfrute del derecho humano al agua y al saneamiento, consagrado en la Constitución”. En el documento agregan que “en esta zona del país hay una imperiosa necesidad de desarrollo, pero de un desarrollo sustentable, que privilegie el interés de nuestra gente, en el presente y futuro”. En diálogo con la diaria, Espinosa admitió que se trata de “una acción muy difícil”. “Desde el punto de vista jurídico, es viable. Lo que pasa es que es una acción que la lleva adelante un grupo de vecinos de una localidad aislada del país, contra una multinacional, una empresa grande, que seguramente contratará el mejor estudio jurídico del país. No es fácil, pero vamos a seguir trabajando, movilizándonos”, agregó. La acción se trata de un primer paso, pero la idea del colectivo es poder organizar conversatorios en el territorio y “movidas culturales” para poder “empezar a difundir el tema”. “Es extractivismo puro, no le queda nada a Uruguay”, resaltó el abogado.