Desde hace 18 años, la Facultad de Química de la Universidad de la República tiene vigente un contrato con la Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua (Ursea) con el objetivo de realizar muestreos, traslados y análisis químicos y microbiológicos de muestras de agua potable en todo el territorio nacional. La información recogida a través de estas prácticas -que se encuentra bajo un acuerdo de confidencialidad- es recibida por el ente gubernamental. Cabe resaltar que se trata de un monitoreo complementario al que llevan a cabo los prestadores de servicio, como OSE.
En este contexto de crisis hídrica, y dada la medida que aprobó el Ministerio de Salud Pública de aumentar el valor máximo permitido de sodio y cloruro en el agua potable, el centro universitario informó que comunicará, “a través de la realización exclusiva de comparecencias institucionales ante la prensa en forma periódica, quincenal, a partir del miércoles 31 de mayo”, la información general “no basadas en datos por razones de confidencialidad”.
En la misma línea, aclaran que se podrá “emitir comunicados a la población con información que considere importante para su conocimiento”. Enseguida, recuerdan que el artículo 47 de la Constitución define el agua como “un recurso esencial para la vida” y el acceso al agua potable como un derecho humano fundamental.
En el comunicado en el que dio el aviso, la Facultad de Química también remarcó que el monitoreo “se ha realizado en forma ininterrumpida y permanente a lo largo de los años, lo que le ha permitido al Estado tener la información necesaria para controlar y fiscalizar la calidad del agua del país, velando así por la seguridad y salud de nuestra población”.
A su vez afirman que el “esfuerzo sostenido” ha sido “realizado con una solicitud austera de fondos”. Sostienen que la coyuntura actual reafirma que la información que proporcionan a la Ursea resulta fundamental “para la vigilancia de la situación del agua y la toma de decisiones por parte de los organismos competentes”.