En mayo, Adrián Peña, exministro de Ambiente y actual senador colorado, manifestó a la diaria que debido al contexto de crisis hídrica sería “fundamental” el “fortalecimiento” de la Dirección Nacional de Aguas (Dinagua) en la Rendición de Cuentas. “Es la autoridad del agua de Uruguay, encargada del manejo del agua superficial y subterránea, y no tiene las capacidades mínimas para el cumplimiento de la función”, expresó en su momento. Finalmente, este viernes se conoció el proyecto de la nueva Rendición de Cuentas, que aún debe ser discutido y aprobado en el Parlamento, y la dirección del Ministerio de Ambiente (MA) está contemplada en diferentes aspectos.
En la exposición de motivos, se recuerda que la Dinagua “administra el sistema de otorgamiento de Derechos de Uso de Aguas promoviendo su utilización eficiente y sustentable desde un enfoque técnico, legal y administrativo” y que, dentro de las solicitudes, “se incluye las destinadas a riego, entre otras”.
Según se describe, en 2022 “dio trámite a 1.307 solicitudes de derechos de uso (nuevos y renovaciones), aumentando en un 62% respecto al año pasado”. También “se evaluaron, inspeccionaron y tramitaron al menos 45 denuncias referentes a conflictos generados por el uso del agua” y “se concluyó el desarrollo informático inicial de Inteligencia Artificial aplicando la detección de tomas directas de agua, lo que permite la optimización en el control de las extracciones de agua”. Sin embargo, en el artículo 328 de la Rendición de Cuentas se busca derogar el artículo 18 de la Ley 19.553, que es “relativa al riego con destino agrario”. En esta normativa se establece que “los contratos de suministro de agua deberán inscribirse en el Registro de la Dirección Nacional de Aguas, de acuerdo con lo establecido en el artículo 9 del Código de Aguas”.
Asimismo, en el texto se detallan varias partidas vinculadas al agua que recibirá el MA de aprobarse el proyecto tal como fue presentado. La primera de ellas versa sobre el “uso sostenible del agua” (12 millones de pesos), la segunda tendría como objetivo “fortalecer la gestión de los recursos hídricos” (12.375.000 pesos) y la tercera consiste en una partida anual para “implementar una campaña de educación en el uso responsable del agua” (2.000 millones de pesos).
Este último presupuesto contrasta con el destinado para la ampliación del Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP) y su cometido de elaborar “planes de manejo y acciones de conservación, control e infraestructura para uso público” (un millón de pesos). Tal como se redacta en la exposición de motivos, el MA tendrá grandes desafíos en torno a los territorios protegidos. Sin ir más lejos y como ejemplo, aprobó una resolución ministerial que establece “los sitios prioritarios para la conservación del espacio marino del Uruguay y los lineamientos estratégicos para abordar el diseño y creación de áreas marinas protegidas”. También se reconoce que resta aprobar los planes de manejo de algunas áreas protegidas, como “Humedales Santa Lucía, Chamangá, Paso Centurión y Rincón de Franquía”. Además, en paralelo se prevé incorporar al SNAP las “Islas del Queguay, Laguna Negra y Arequita”.
A su vez, dentro de la Rendición de Cuentas se incluye una partida única de 3.400.000 pesos “con destino a financiar el desarrollo de sistema integrado de información de residuos y fortalecer el control de residuos industriales a través del uso de herramientas de tecnologías de la información”. En la misma sintonía, se suma otra partida única de 4.600.000 pesos para incorporar “herramientas de procesamiento de imágenes satelitales para funciones de control, monitoreo y evaluación ambiental”.
La caza también está presente en el proyecto. El artículo 337 plantea modificar el artículo 5 de la Ley 9.481 de 1935. Esta normativa determina que el Poder Ejecutivo es el encargado de establecer qué especies “serán motivo de caza”, la “duración de los períodos de caza” y “los límites que se acuerden a la venta y a la explotación de dichas especies y sus derivados”. De aprobarse, la nueva redacción otorgaría esta potestad al MA, que deberá basarse en “estudios poblaciones” que “muestren que es posible efectuar una extracción sostenible de ejemplares del medio silvestre, sin afectar la supervivencia de las especies y el equilibrio natural de los ecosistemas”. Vinculado a la temática, también se propone una partida anual de dos millones de pesos para “el fortalecimiento del monitoreo de la fauna, el control y la vigilancia de la caza y tráfico ilegal de especies”.