En un mundo caótico, imaginar futuros posibles puede convertirse en martirio o en semilla de esperanza. Los científicos y científicas –nacionales y de muchas partes del planeta– están alertando que las sociedades debemos generar instrumentos para ser resilientes y mitigar el cambio climático, que debemos salvaguardar nuestros bienes naturales y la vida que albergan nuestros ecosistemas y que las acciones deben tomarse cuanto antes si no queremos un panorama desolador para las próximas generaciones. Además, personas en diferentes comunidades se encargan de describir las consecuencias de la devastación ecológica y climática que se vive actualmente en sus territorios. El mundo no va a ser el mismo después de tanto daño, pero se pueden tomar medidas para no empeorar y estar preparados para diferentes escenarios.
Sequía sin precedentes en los últimos 100 años, la mitad de la población del país sin acceso a agua potable, olas de calor, precipitaciones que generan rápidas inundaciones en varios departamentos, cianobacterias en nuestras playas y cuerpos de agua, destrucción de humedales, comunidades denunciando la falta de acceso a la justicia ambiental. Todo esto sucedió en menos de un año, si bien gran parte de las problemáticas se arrastran desde hace mucho tiempo. Pese a que cada vez se hace más palpable la crisis en nuestra vida cotidiana, la gestión ambiental parece que no ocupará un lugar importante durante la campaña electoral y se hace más importante reforzar la participación popular en estas temáticas. En este contexto, la diaria conversó con cuatro referentes en la materia para saber qué políticas públicas ambientales consideran que deben llevarse adelante durante el período 2025-2030 y cómo observan el futuro del Uruguay.
Reconstruir la institucionalidad ambiental
Eduardo Gudynas es analista en temáticas ambientales e investigador del Centro Latinoamericano de Ecología Social. Plantea que durante el gobierno de Luis Lacalle Pou la institucionalidad ambiental fue “muy recortada y debilitada” e incluso sostiene que se produjo “una mutilación de las más graves que ha habido en la gestión ambiental desde la década de 1990”. Según Gudynas, esto “hace que algunos procesos de deterioro ambiental que estamos viendo en la actualidad continúen a futuro. Por ejemplo, el agravamiento paulatino de la contaminación en la cuenca del río Santa Lucía, la degradación de la calidad del agua en otras cuencas de Uruguay, serios problemas en lidiar con la protección de la biodiversidad y situaciones que pueden repetirse, como la del derrame de UPM, donde sólo tardíamente la autoridad ambiental reaccionó con una sanción”, apunta. Considera que esta situación no se debe únicamente al accionar de una persona, sino que “están involucrados todos los socios de la coalición de gobierno”.
Gudynas expresa que “en cada instancia que ha habido una urgencia ambiental, inmediatamente se anulan los mecanismos de acceso a la información y la participación”. “El caso más claro fue durante la sequía cuando dejó de funcionar, por ejemplo, la comisión de cuenca del río Santa Lucía. Por un lado, no hay acceso a la información. Por el otro, la comunidad académica les informa sobre problemáticas que no logran comprender. Luego, hay otro componente que es la hiperventilación publicitaria. Entonces uno a veces se encuentra discutiendo cosas que antes no era necesario. Por ejemplo, ¿qué sentido tiene hacer un emprendimiento de toma de agua potable del Río de la Plata e inyectar una cañería donde se va a perder el 40% [del agua elevada]? ”, indica, en referencia al proyecto Neptuno-Arazatí.
A lo largo de la conversación, el académico recuerda otras decisiones tomadas por el gobierno que fueron cuestionadas por sus posibles impactos, como la habilitación de la caza nocturna; entiende que, a nivel general, “está en marcha un proceso de transformación sustancial vinculado a que se entiende por justicia y cuál es el papel del Estado, donde hay una deriva hacia prácticas basadas en la benevolencia y la caridad, que dependen de acciones individuales, y una desconfianza de las políticas públicas y del papel del Estado”.
Sin embargo, Gudynas también señala que “una cuestión llamativa es que esto ha sido una debacle ecológica brutal, pero la acción de la oposición progresista en el Parlamento para alertar sobre cuestiones como el derrame de UPM, emprendimientos de expansión inmobiliaria en áreas frágiles de la costa y el emprendimiento de Arazatí por cuestiones ecológicas y no económicas” no ha sido priorizada. “De alguna manera, los legisladores de la coalición y de la oposición se entretienen intercambiando críticas o insultos en Twitter. Les insume tanto tiempo que, a veces, no parecen ver o advertir la gravedad de los problemas que tenemos”, cuestiona.
Gudynas subraya que el próximo gobierno “tiene que asumir que estamos en una situación de emergencia ecológica por una institucionalidad encogida, debilitada e ineficiente. Es como cuando se recibe un paciente gravemente enfermo en la puerta de un hospital. No voy a sanarlo todo, pero por lo menos buscaré que no se me muera. En este caso, lo que no se nos puede morir es el patrimonio ecológico del Uruguay. Entonces, por lo menos, hay que evitar nuevas pérdidas de biodiversidad, que se sigan deteriorando los cursos de agua, la contaminación de los suelos y comenzar con las restauraciones ecológicas más urgentes, donde sin duda la prioridad es la cuenca del río Santa Lucía”, resalta.
Asimismo, afirma que una buena estrategia del gobierno entrante sería “asumir un paquete de acciones de emergencia para apuntalar la institucionalidad, recuperarla y volverla a poner en funcionamiento”. ¿Qué quiere decir con esto? “Tener personas que sepan realmente cuál es la competencia del Ministerio de Ambiente, dotarlo de recursos humanos y recursos financieros”, responde. Por ejemplo, se imagina que los candidatos “pueden proponer diez medidas urgentes que habría que tomar en los primeros tres meses de gobierno para revertir el colapso en que estamos”.
Para facilitar la tarea, Gudynas puso sobre la mesa algunas medidas concretas que considera necesarias. “Todas las áreas de regulación ambiental que siguen en el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, vinculadas a los impactos de los agroquímicos, la gestión ambiental del agua, el manejo del monte indígena, tiene que pasar al Ministerio de Ambiente”, propone. Otra medida que describe como “urgente” es una reforma de la Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua (Ursea), porque “se supone que es un organismo de control independiente y su mandato es informar a la población sobre la calidad del agua, pero no lo hizo a cabalidad” durante la crisis de abastecimiento. Por último, apunta que “necesitamos un Tribunal de Cuentas que también evalúe la gestión económica de la temática ambiental”. “Hay impactos ambientales que tienen consecuencias económicas. Por ejemplo, si la obra de Arazatí es realmente inútil desde el punto de vista de la provisión de agua potable, ¿qué sentido tiene pagar ese emprendimiento?”, finaliza.
Sequía en el embalse de Paso Severino (archivo, julio de 2023).
Foto: Ernesto Ryan
No apagar incendios y prevenir
Madeleine Renom es doctora en Ciencias de la Atmósfera y los Océanos, fue presidenta del Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) y también es una de las trece integrantes a nivel mundial del Panel Asesor Científico de la Organización Mundial de Meteorología. En diálogo con la diaria, enumera los acuerdos internacionales a los que suscribió Uruguay en materia de cambio climático. “Tenemos que cumplirlos, pero a veces no tienen una hoja de ruta clara ni el apoyo de todos los partidos políticos”, comenta. “En temas de clima, cambio climático, los acuerdos tienen que ser proyectos-país, no proyectos de distintos partidos políticos”, dice y agrega que un gran desafío consiste en que se tiene que generar “mayor diálogo de los tomadores de decisión con la ciencia”. “Es importante escuchar, sentarse en una mesa de diálogo a conversar. El cambio climático no es sólo la parte física, tiene su componente social, ecológico, etcétera. El diálogo está faltando y ojalá se empiece a generar en los próximos cinco años con una idea bien clara”, afirma.
Renom enfatiza que fenómenos como las sequías, olas de calor y ciclones extratropicales van a seguir sucediendo y debemos preguntarnos qué costos le generan al país sus impactos. “Uruguay es un país clima-dependiente, más allá del cambio climático, todos sus sectores productivos tienen esta dependencia: agro, energía, turismo. Tenemos que mejorar mucho en formación, en protocolos y en conocimiento básico-operativo”, comenta. En este sentido, piensa que debemos estar preparados y no ve conveniente “salir a apagar incendios, que es lo que siempre nos pasa”.
Al consultarle cómo considera que está el país en materia de adaptación y mitigación al cambio climático, responde: “Cuando hablamos de adaptación o mitigación al cambio climático, que me parece bárbaro, siempre se olvida que hay varios modelos, con distintos escenarios. Por ejemplo, el agro puede pedir financiamiento basándose en determinada proyección que dice que va a venir una sequía. Pero quizás el escenario era otro, donde las lluvias eran normales. Los modelos y proyecciones tienen que estar consensuados. Después de definir esto, veo a qué me adapto y qué mitigo, pero tiene que haber un informe nacional consensuado” para que no se destine dinero a donde no es necesario. A su vez, observa que en muchos casos se atribuye al cambio climático problemas que, en realidad, son de gestión.
Renom también observa que es pertinente “reforzar” el Inumet, contando con un “plan estratégico de desarrollo, consciente de lo que lleva un servicio meteorológico”. También cuestiona que exista un gran número de cargos de confianza política en el organismo, donde algunos integrantes ni siquiera tienen sensibilidad en la temática. “En Brasil está el Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais y dentro está el Centro de Previsión del Tiempo y Estudios Climáticos. Se sostiene con fondos nacionales y cuando se abre el llamado para ambas direcciones se presentan investigadores muy reconocidos, junto con un plan estratégico de desarrollo. Hay un comité evaluador de pares, se realiza una selección y después el ministro decide”, cuenta. Piensa que sería interesante contar con este mecanismo en Uruguay.
El foco en la salud
Carla Kruk es investigadora del Instituto de Ecología y Ciencias Ambientales de la Facultad de Ciencias y del Centro Universitario Regional Este de la Universidad de la República. Ha formado parte de numerosas investigaciones vinculadas al uso de agroquímicos, la salud ecosistémica –principalmente de cursos acuáticos– y de las poblaciones que viven en diferentes partes del territorio. “Como futuros posibles, creo que hay un gradiente de posibilidades que dependen de las decisiones que se tomen. El ambiente no está separado de las personas y sus actividades. Si las decisiones que se toman son participativas, con foco en lo local, creo que se puede detener la degradación ambiental e incluso mejorar. Hay gente interesada en buscar alternativas vinculadas a la agroecología, la producción orgánica y el consumo saludable. Sin embargo, requiere de un esfuerzo importante porque las presiones internacionales del agronegocio son muy fuertes”, cuenta. Desde su perspectiva, “no hay que esperar los cambios de afuera” sino que deben gestarse “desde las poblaciones locales, con la vecina, con el vecino”.
Kruk explica que ya tenemos afectaciones en el agua. Sin ir más lejos, en la cuenca de la laguna Merín encontraron más de 90 tipos de agrotóxicos. “El agua atraviesa todas las dimensiones del ambiente y la vida, como el trabajo, la salud, la economía. Hace 20 años sabemos del problema de la afectación de la calidad del agua, que tiene que ver con diversos usos que entran en conflicto”, describe. Uno de los fenómenos que refleja la afectación de los bienes acuáticos son las floraciones de cianobacterias que repercuten en “el agua para bañarse, el agua para tomar, el agua para pescar, el turismo y generan pérdidas directas en el bienestar de la gente”.
Kruk considera que el camino futuro, si queremos que sea justo, debe ser descentralizado. “La participación debe ser efectiva, no solo un tic en el casillero. Nuestra Constitución es pionera en cuanto al tema del agua. Cumplir con lo que está escrito debe ser una política, dejar de violar la Constitución sería fantástico”, apunta. También resalta que hay que “ser más eficientes” y “tener planes enfocados en la salud de la población”. En este sentido, otra política pública que la investigadora promueve es un mayor involucramiento del Ministerio de Salud Pública en temáticas ambientales, así como el aumento de la cantidad de personas dedicadas a analizar la salud ambiental y ocupacional.
Profundizar en la democracia ambiental
María Fernanda Souza es licenciada en Sociología por la Universidad de la República y tiene una maestría en Medio Ambiente, Política y Sociedad por la Universidad de Edimburgo. Subraya que uno de los desafíos que tendrá lugar durante el próximo período –y lo que queda de este también– es “adaptar el estándar uruguayo a lo que es el estándar internacional en materia de ambiente, que está dado a nivel regional por el Acuerdo de Escazú”. Souza recuerda que el tratado tiene tres pilares principales: el acceso a la información, la participación efectiva de la ciudadanía y a la justicia en temáticas ambientales. Por otra parte, también es el primer acuerdo en consagrar la protección de los defensores y defensoras de los derechos humanos en asuntos ambientales.
La socióloga considera que Uruguay “adolece de una crisis democrática de participación” en cuestiones vinculadas al ambiente y que es “un campo, en el que hay un vacío que debe ser llenado”. En esta línea, subraya que es responsabilidad de los gobiernos fomentar la ciudadanía ambiental. “Esto se tiene que hacer en todo el marco institucional: desde los procesos de socialización primaria y secundaria en la familia, en el liceo, hasta en los mecanismos de los organismos públicos y su vinculación con el medio a través de organizaciones sociales que trabajan en materia ambiental”, dice. Entiende que es necesario transversalizar este conocimiento, como sucedió con la perspectiva de género. Asimismo, subraya que las instancias de participación deben estar dadas desde instancias tempranas.
Otra problemática que Souza plantea que se debe abordar con urgencia es el acceso a la justicia en temas ambientales, “sobre todo en lo que tiene que ver con la afectación del derecho humano básico y fundamental a la salud y a vivir en un medio ambiente sano”. “Las personas están siendo evidentemente vulneradas en estos derechos y no saben cómo acceder a la justicia”, enfatiza. A su vez, puso sobre la mesa otras discusiones que deberían abordarse: “repensar el uso de agroquímicos y pensar una estrategia en clave país para conocer las afectaciones a distintos grupos”, la “eliminación de plásticos de un sólo uso”, “los recursos naturales como sujeto de derecho”, y los impactos de las exploraciones –también posibles explotaciones– de hidrocarburos en el lecho marino. Sostiene que para poder dar la discusión, necesitamos “educación, transparencia, información y procesos claros de participación”.