En la cuenca de la laguna Merín está pasando algo grave y gran parte de la población de nuestro país no lo está viendo. Así lo cuenta Carla Kruk, investigadora del Instituto de Ecología y Ciencias Ambientales de la Facultad de Ciencias de la Universidad de la República (Udelar) y del Departamento de Modelización, Estadística de Datos e Inteligencia Artificial del Centro Universitario Regional del Este (CURE), junto a un grupo de colegas.
La problemática de la que habla puede ser abordada desde diferentes dimensiones y tiene una larga historia, casi tan larga como la lista imaginaria de características que hacen especial este lugar. Se podría destacar que la laguna Merín es el mayor espejo de agua de Uruguay, abarcando 3.750 kilómetros cuadrados. También que dentro de su territorio está el sistema de humedales Bañados del Este y Franja Costera -de los más extensos y diversos de América del Sur-, que sirve de hogar para especies de flora y fauna nativa, migratoria y en peligro de extinción. Tal es la importancia de estos ecosistemas que fueron definidos como Patrimonio de la Humanidad por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco). Además, en su delimitación incluye un sitio Ramsar y dos áreas protegidas nacionales -el Parque Nacional San Miguel y el Paisaje Protegido Quebrada de los Cuervos y Sierras del Yerbal-. Incluso su riqueza va más allá y contempla el patrimonio, ya que en esta región del país se ha detectado una enorme cantidad de información vinculada con ocupaciones indígenas y su vínculo con la tierra. Pero algo grave está pasando aquí.
Agua, salud, territorio y memoria. Estas son sólo algunas de las aristas que se abordan en el artículo Problemáticas socioambientales en el territorio hidrosocial de la laguna Merín: aportes desde la interdisciplina. Fue escrito por Kruk junto con otros nueve investigadores e investigadoras del CURE. Ellos son Andrés Gascue, Camila Gianotti y Noelia Bortolotto, del Departamento de Sistemas Agrarios y Paisajes Culturales; Lorena Rodríguez Lezica, de la Unidad de Extensión, Facultad de Veterinaria y el Departamento de Sociología de la Facultad de Ciencias Sociales; Lucía Delbene, del Instituto de Ecología y Ciencias Ambientales; Solana González, de la Unidad Académica de Educación y el Departamento de Ciencias Sociales de la Facultad de Veterinaria; Gastón Martínez, del Departamento de Modelización Estadística de Datos e Inteligencia Artificial; y Andrés de la Rosa, del Departamento de Ecología y Gestión Ambiental.
El inicio de la violencia
“En los últimos 40 años el modelo industrial agroexportador ha aumentado su explotación en la cuenca, llegando a ser una megaextracción de los bienes comunes”, sitúan en el artículo las investigadoras e investigadores. Recuerdan varias cifras que caracterizan el territorio de la laguna Merín, por ejemplo, que casi la totalidad del agua en la cuenca -98,5%- es usada para riego. A partir del trabajo en territorio evidencian que existe una “clara tensión” entre “las formas de habitar de las comunidades y la forma de ‘explotar’ de la industria”. “De esta tensión nacen los conflictos socioambientales que ponen de manifiesto la disputa por el acceso, el uso y la gestión de bienes comunes, dando cuenta de una confrontación de intereses y valoraciones, en un contexto de asimetrías de poder”, explican. A su vez, destacan que los conflictos “dejan visibles las desigualdades”, pero también abren “la posibilidad de romper el silencio y exigir un cambio en las formas de vincularnos con la naturaleza”. Aquí radica la motivación del artículo escrito por investigadores que provienen de distintas disciplinas y se unieron para tratar sobre la problemática: quieren visibilizar las injusticias socioambientales que tienen lugar en la cuenca de la laguna Merín causadas por el avance del agronegocio.
Para lograr comprender estas injusticias es necesario ir mucho tiempo atrás. En el trabajo se plasma que la zona “reúne importantes testimonios de los pueblos originarios y su relación con el agua”. “El registro arqueológico mejor estudiado en la cuenca está representado por los cerritos de indios. Se compone de miles de estructuras cronológicamente situadas entre los 5.000 años antes del presente y el siglo XVIII. La mayor proporción de cerritos se halla en llanuras, en coincidencia con las áreas destinadas a la producción arrocera”, se relata. Sobre cómo se están viendo afectados los cerritos por la producción agropecuaria profundizaremos en una próxima nota, donde contaremos los puntos más impensados a los que se ha llegado.
En el artículo, se relata que a partir de la colonización europea -junto con la introducción del ganado vacuno y caballar a comienzos del siglo XVII- el hábitat, la demografía, la territorialidad y la cultura de los grupos indígenas se comenzó a modificar. “Con la creación de la propiedad privada y los primeros grandes latifundios se traen contingentes poblacionales esclavizados desde África que pasarán a formar parte, junto a indígenas, de la mano de obra de las estancias coloniales”, describen. Más tarde, a partir de la abolición de la esclavitud y el alambramiento de los campos, ellos y ellas continuaron trabajando en estancias “bajo nuevas formas de explotación, pasando a formar parte del proletariado rural asentado en los numerosos caseríos rurales dispersos en la región”. De esta forma, agregan en el artículo: “Los sitios arqueológicos de estos períodos constituyen, en la actualidad, patrimonios que dan cuenta de las violencias que supuso la implantación del poder colonial en la región”.
Línea de tiempo de los paisajes arqueológicos de la región de India Muerta, Rocha. Autora: Camila Gianotti
Una cuestión de herencias
En el trabajo se afirma que “las herencias del territorio colonial y de sus prácticas se mantienen en la actualidad bajo nuevas formas de despojo y explotación del modelo extractivista”. ¿Qué entienden por extractivismo? Lo definen como “un patrón de acumulación basado en la sobreexplotación de recursos naturales -en gran parte no renovables- y en la expansión de fronteras hacia territorios antes considerados ‘improductivos’”. Afirman que el modelo tiene “una tendencia al monocultivo, escasa diversificación económica, gran escala y una lógica destructiva de ocupaciones de los territorios”. Enseguida comentan que la expansión del “agroextractivismo” tiene su origen a fines del siglo XIX.
“El territorio hidrosocial de la laguna Merín comenzó a ser fuertemente transformado para la producción agrícola a inicios del 1900, reemplazando los humedales naturales principalmente por arroz. En la década del 30 comienza la producción industrial del arroz, que hacia fines de 1960 se convierte en el principal rubro de exportación [...] La superficie cultivada se multiplica por cuatro y la producción y rendimiento por ocho, alcanzando valores máximos en 1990”, expresan. También enfatizan que “este crecimiento resulta de la aplicación de un paquete tecnológico con control del agua, mecanización de la producción y procesamiento, uso de fertilizantes, pesticidas y variedades de plantas seleccionadas”. Pero los problemas no terminan aquí, porque a fines del siglo XX, “favorecido por el aumento del precio internacional y los tratados multilaterales entre el Mercosur y China, se incorpora la soja al territorio, que se incrementa hasta alcanzar áreas similares al arroz en 2013”. “En la actualidad, 43,6% de la superficie tiene uso antrópico intensivo, mientras que 56,4% tiene un uso natural o con ganadería extensiva. Tanto el arroz como la soja producidos en el país se exportan casi en su totalidad”, recuerdan.
Vivir entre los tóxicos
En la investigación se plantea que en la zona este del país se cultiva 75% del arroz de Uruguay, que “requiere el uso de herbicidas (pre y postsiembra), fungicidas (tres aplicaciones) e insecticidas”. Detallan que “en la presiembra se utiliza glifosato solo o en mezcla y en la postsiembra al menos 14 herbicidas solos o al menos 19 mezclas (dos a cuatro productos), siendo clomazone, imidazolinas, cyhalofop, quinclorac, penxuma y bispiribac los más usados. Los fungicidas se aplican en tres momentos del crecimiento con un porcentaje de área tratada en la zona de 99%, 61,4% y 1,5%, respectivamente. Se utilizan al menos 14 principios activos en al menos 16 mezclas, siendo los más utilizados azoxistrobina, ciproconazol y kresoxim-metil. Finalmente, los insecticidas son usados en un menor porcentaje del área (1,5%), incluyendo siete principios activos, principalmente dinotefuran y chlorantraniliprole. Para la soja, actualmente en rotación con arroz en el este, se usan también varias sustancias químicas fertilizantes y pesticidas”, cuentan.
A su vez, se suma que el territorio de la laguna Merín es “la región de nuestro país donde se extrae mayor volumen de aguas superficiales a través de las modificaciones de la hidrografía natural con canales y embalses”. Sin embargo, a pesar de ambos puntos preocupantes, “no existen análisis sistemáticos del agua de la laguna o de las aguas subterráneas, estas últimas principal fuente de agua potable de la zona”. Lo que sí hace el Ministerio de Ambiente, según dice el artículo, son “monitoreos bianuales de los principales tributarios de la laguna en territorio uruguayo”. Como podía esperarse, los resultados no son alentadores.
En el trabajo analizaron los resultados disponibles en el Observatorio Nacional Ambiental para muestras de agua de 15 estaciones de monitoreo ubicadas en la cuenca, cubriendo el período disponible de 2015 a 2021. Detectaron un “bajo porcentaje de cumplimiento” del decreto 253/79 -normativa para prevenir la contaminación ambiental mediante el control de aguas- en relación con coliformes, oxígeno disuelto, turbidez, fósforo total, entre otros parámetros. Por si fuera poco, también encontraron “concentraciones cuantificables de 92 sustancias de origen agropecuario: 20 fungicidas, 20 herbicidas, 40 insecticidas -algunos de amplio espectro- y tres productos veterinarias, así como algunos derivados. Fueron también importantes los compuestos orgánicos halogenados adsorbibles, el glifosato y su producto de descomposición, AMPA”, se indica.
En diálogo con la diaria, Kruk comenta: “Es impresionante la cantidad de sustancias que aparecen. Hay muchas más que se están comenzando a usar, pero aún no sabemos cómo detectarlas en el agua y existe una especie de carrera por determinarlas. Aun así, con las herramientas actuales, se va mejorando y aumentando el número de sustancias encontradas a lo largo del tiempo. Algunas están hace mucho tiempo, como el DDT, que se prohibió. También hay otras sustancias actuales, que están permitidas, como el glifosato, que está presente en todos nuestros cuerpos de agua”. Agrega que las 92 sustancias que encontraron son las que alcanzaron valores cuantificables, pero “seguramente haya muchas más”.
Al consultarle sobre si se conocen los efectos específicos en la salud y ecosistemas que puede traer aparejada la mezcla de los diferentes agrotóxicos y sustancias, respondió que “algunas de las sustancias tienen efectos en sí mismas, muy importantes, como el insecticida endosulfán. Hay algunas que son tremendamente problemáticas, están prohibidas en otros países y, por supuesto, no conocemos sus interacciones. Pueden quedar en la columna de agua, pueden quedar en el sedimento o pueden quedar en los peces y animales que viven en el lugar, bioacumulándose a lo largo de los años. Entonces, tenés problemas de saber los efectos de las sustancias, saber qué sustancias identificás y los efectos de combinar las exposiciones. Además, diferentes personas van a tener diferentes respuestas. Lo que pasa es que las nuevas generaciones están siendo expuestas toda la vida. Esto no es fácil de reconocer”. Sin embargo, sí es una certeza que “el aporte sostenido de nutrientes desde la cuenca favorece las floraciones de cianobacterias y el deterioro de la calidad de agua de la laguna”.
Afectaciones a la vida, gestión del agua y cómo tejer redes
A lo largo del trabajo se reafirma que la contaminación ambiental no afecta a todos los grupos sociales y comunidades por igual. Es que, evidentemente, hay sectores que se encuentran en la primera línea de vulnerabilidad. “La preocupación por la lenta pero sostenida expulsión del campo a la ciudad, la pérdida de monte nativo, la contaminación de la tierra y del agua, el incremento de ciertas enfermedades en la zona asociadas al uso de agrotóxicos como el cáncer, problemas de tiroides, alergias en la piel, dolores de huesos, enfermedades respiratorias y malformaciones, han sido planteadas por las agricultoras familiares de manera recurrente en la zona norte de Rocha”, dice el artículo. A su vez, sostienen que existen estudios en la zona que “dan cuenta de los impactos en la salud de los trabajadores asalariados en la producción de arroz y de la población expuesta en zonas arroceras”. La evidencia está disponible.
Una de las barreras que se describe en el trabajo es la falta de ámbitos de participación real donde canalizar este tipo de problemáticas. Por ejemplo, en 2011 se creó el Consejo Regional de Recursos Hídricos para la Cuenca de la Laguna Merín. Su rol es ser el órgano consultivo, deliberativo, asesor y de apoyo de la Dirección Nacional de Aguas en la formulación y la ejecución de planes en materia de recursos hídricos. Sin embargo, Kruk pone sobre la mesa que en realidad el consejo “no tiene poder de decisión, puede opinar, pero no se puede decidir”, además está el factor de que las reuniones suelen ser esporádicas.
“Cuando se hacen reuniones, el objetivo es lo productivo y no los problemas de la gente. Además, no es fácil estar en las reuniones si no estás alineado con los principales objetivos. Hay que tener coraje, en su mayoría son hombres. Integro el Consejo de la Laguna Merín, como representante de la Udelar. La mayoría de los integrantes son ingenieros agrónomos o están en algún tipo de institución que vela por la producción de la zona. Hablar de que la producción de arroz puede estar enfermando a la gente o que sus trabajos no son adecuados, no tiene espacio”, sostiene Kruk, que señala que el Ministerio de Salud Pública, el de Trabajo y Seguridad Social y representantes de los ámbitos de enseñanza no participan en los encuentros.
En el artículo se afirma que los efectos negativos del modelo de producción se incrementan al asociarse además a “la falta de contralor técnico adecuado, múltiples fallas administrativas, falta de articulación interinstitucional que promueva perspectivas integrales, falta de consideración de aspectos sociales y éticos en los estudios de impacto”. Entienden que este último punto “sigue perpetuando las violencias del Estado sobre las comunidades que habitan el territorio”. Por esta razón, consideran que “buena parte de las políticas públicas aparecen legitimando intereses privados y estatales, y continúan promoviendo el despojo, fragmentación y desaparición de comunidades rurales pequeñas”.
Al preguntarle a Kruk cuál es su primer pensamiento al nombrar el agronegocio, se toma un minuto. “Me da una tristeza terrible. Representa que mis hijos no van a disfrutar de las cosas que disfruté yo. No deberíamos sacrificar nuestras vidas, nuestros niños, niñas y futuro para el agronegocio, que no tiene en cuenta a las personas, a los disfrutes, a las necesidades de la gente. Hay que ir por otro camino. Esto significa buscar las alternativas que existen pero están siendo menospreciadas porque pareciera que no hay otra opción. Queremos que se sepa que todas estas cosas están pasando en el territorio”, finaliza.