Durante la última zafra se sembraron aproximadamente 149.000 hectáreas de arroz. Entre marzo de 2023 y febrero de 2024 salieron de nuestro país más de 1.000.000 de toneladas del grano, lo que implicó unos 597 millones de dólares. El 95% del arroz producido en Uruguay es exportado y más del 70% de la producción se concentra en cuatro departamentos: Cerro Largo, Treinta y Tres, Rocha y Lavalleja. Esta información es extraída de la página web del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP), que también ubica a nuestro país como el octavo exportador de arroz a nivel mundial.
En este contexto es que un grupo interdisciplinario de investigadores e investigadoras de la Universidad de la República se propuso indagar sobre el tema, llevando adelante el proyecto “Vulnerabilidades a la salud relacionadas con el uso de agroquímicos en trabajadores/as del arroz de la Cuenca de la Laguna Merín”. El equipo tiene una larga trayectoria estudiando la problemática junto con las comunidades y está compuesto por las médicas Jimena Heinzen y Maite Zapata, Gustavo Cánepa y Bruno Guigou, del departamento de Geografía de la Facultad de Ciencias, y Jorge Suárez y Nicolás Rodríguez, del Instituto de Psicología Social de la Facultad de Psicología. Cabe resaltar que la iniciativa se concretó hace dos años, pero se viene gestando hace más de una década, cuando integrantes del Sindicato Único de Trabajadores del Arroz y Afines (SUTAA) comenzaron a contarles sobre sus problemas de salud causados por la exposición a los agroquímicos.
Los objetivos consisten en “caracterizar” esta exposición a agroquímicos de los trabajadores, “cuantificar las enfermedades y accidentes de trabajo registrados por el uso de estas sustancias” y “conocer la percepción de riesgo de distintos actores del complejo arrocero”. Los resultados fueron presentados a mediados de este año en la sala Maggiolo; figuras como Rodrigo Arim, rector de la Universidad de la República, y Amalia Laborde, exdirectora del Centro de Información y Asesoramiento Toxicológico, se encargaron de hacer comentarios durante la instancia y enfatizaron la importancia del trabajo. la diaria conversó con las personas que lideraron la investigación sobre sus conclusiones, muchas de ellas preocupantes.
El complejo arrocero de la laguna Merín
En primera instancia, el equipo definió tres zonas de estudio porque, si bien la cuenca de la laguna Merín es entendida como una “unidad” con características comunes, también tiene sus diferencias que, tal como dijo Cánepa, “ayudan a identificar distintas realidades en el vínculo entre los agroquímicos y los trabajadores”.
“En los tres lugares es muy importante la relación con el arroz, pero hay ciertos elementos distintivos. Por ejemplo, en Río Branco [Cerro Largo] tenemos la presencia de otras actividades económicas que rivalizan con esta producción, como el comercio de frontera y sus implicancias. Allí también hay un movimiento diario de los trabajadores, no viven en los predios. Río Branco se comporta como una agrociudad para el arroz, es decir, una ciudad de referencia porque existe una diversidad de servicios destinados a su producción”, señala Cánepa.
“En el caso de Rincón de Ramírez [Treinta y Tres], son grandes explotaciones con pueblos arroceros dentro. Allí está, por ejemplo, Arrozal 33. En el caso de Cebollatí [Rocha], hay un aspecto que es bien interesante: existe una cantidad significativa de pequeños productores arroceros, muchas veces arrendatarios de tierras, que alquilan maquinaria y compran riego. Es decir, son de los más pequeños, hablamos de ciento y poco de hectáreas. También es un lugar donde hay una interacción importante con productores familiares ganaderos, que le da cierta dinámica territorial”, describe el investigador del departamento de Geografía de la Facultad de Ciencias.
Zonas en que trabajaron los investigadores en la cuenca de la laguna Merín.
Enseguida, aclara que se trata de casos paradigmáticos y que “no quiere decir que exista un único tipo de productor en determinada zona, ni una única dinámica productiva”. Justamente por eso buscaron acercarse para “captar una variedad de situaciones” que tienen lugar en la cuenca arrocera de la laguna Merín.
Rodríguez, investigador de la Facultad de Psicología, relata que entrevistaron a referentes del sector empresarial, de los trabajadores y a los responsables de las políticas públicas de los sitios para conocer su percepción de la problemática. “Dar con referentes de las políticas públicas fue una dificultad. Son cargos institucionales que tienen competencia sobre el tema. En términos de diagramar la vulnerabilidad es importante su rol, porque son quienes después recepcionan las denuncias, son la autoridad local en algunos casos o quienes reciben a los trabajadores ante una intoxicación”, añade. Cánepa, por su parte, plantea que el vínculo entre los agroquímicos y la producción de arroz es una “construcción social” y que “poco nos serviría hablar solamente con un actor”.
Subregistro de la problemática
Heinzen explica que para poder diagramar el vínculo entre los agroquímicos y el trabajo en la producción de arroz debieron hacer un relevamiento de diferentes bases de datos existentes. Consiguieron las denuncias y consultas recibidas en el Centro de Información y Asesoramiento Toxicológico (CIAT), el Banco de Seguros del Estado (BSE), el Ministerio de Ambiente (MA), el Ministerio de Salud Pública (MSP) y el MGAP.
“Pedimos que nos dieran la información de los últimos 20 años, que coincide con algunos cambios tecnológicos que generaron modificaciones en algunos procesos de trabajo y, por ende, en la exposición a los agroquímicos. No todos los organismos contaban con información del período, entonces teníamos distintos marcos temporales”, dice. “Cada una de las bases tiene un objetivo diferente. La del BSE hace foco en trabajadoras y trabajadores, lo bueno es que allí pudimos trabajar sólo con el subgrupo arroz. En el CIAT, si bien se pregunta en qué contexto se dio la exposición y pueden clasificarla como ocupacional, no se definía claramente el rubro. Las bases de datos de denuncias del MA, el MSP y el MGAP, si bien en algunas hay referencia a trabajadores, la mayoría son vinculadas a derivas, situaciones de envases y denuncias de índole comunitario”, explica Heinzen.
Los próximos datos hacen referencia a la situación en Cerro Largo, Treinta y Tres, Lavalleja y Rocha. En el período 2013-2021 el BSE recibió 938 denuncias provenientes del subgrupo arroz, que forma parte del grupo 22 de los Consejos de Salarios. Únicamente una está vinculada con el uso de agroquímicos. En el período 2017-2021 el CIAT recibió 195 consultas y 35 estuvieron vinculadas a trabajadores y agroquímicos. En el período 2020-2022 el MA recibió 13 denuncias que se refieren a estas sustancias, pero en ninguna se menciona a trabajadores y refieren a motivos ambientales. Finalmente, en el período 2011-2016, el MSP recibió cuatro denuncias ligadas con agroquímicos y dos se relacionan con el ámbito laboral.
“En nuestro país hay un subregistro de la problemática. En una entrevista colectiva de trabajadores y trabajadoras había más situaciones que las registradas por el BSE. Hay una discordancia entre los datos del CIAT y el BSE. Existen varias formas de analizar esto. Al CIAT hay que llamar por teléfono, puede hacerlo cualquier persona para hacer consultas. La mayoría de los casos son asintomáticos o leves, en los que la persona tuvo contacto con la sustancia y se comunican para saber qué hacer, qué les puede pasar. Quizás, al ser leves o asintomáticas las consecuencias de las exposiciones, no motivan una consulta en el BSE y no quedan registradas en ningún lado. El contacto con la sustancia a lo largo del tiempo, por más que sus síntomas sean leves o asintomáticos, en términos crónicos, pueden generar un potencial daño y no está quedando registrado”, subraya la médica.
Asimismo, destaca que en las bases de datos del CIAT y del BSE –teniendo en cuenta el total de denuncias del subgrupo arroz– existen “picos” de denuncias y consultas durante el verano, en época de zafra. “Estuvo presente la cuestión de incorporar otros elementos al análisis. ¿Qué pasa en la zafra? ¿Cómo se trabaja en la zafra? ¿Cuáles son los ritmos y las velocidades a las que hay que trabajar? A partir de algunas aproximaciones, detectamos que, más allá del aumento de trabajadores durante la zafra, el número de consultas también aumentaba. En el CIAT también hay más llamadas en verano, que coincide con el momento en que se aplican más agroquímicos”, explica Heinzen.
La doctora en Medicina pone sobre la mesa el siguiente planteo: “Un país agroexportador, que basa su estrategia de producción de riqueza en este tipo de rubros que utilizan intensivamente agroquímicos, no tiene sistemas para conocer qué es lo que está pasando con esta problemática. Entonces, ¿cómo podemos diseñar políticas de cuidado, de prevención, si no sabemos la dimensión del problema?”.
La época de mayor exposición: la siembra y el riego
Una de las motivaciones de la investigación era caracterizar la exposición de los trabajadores a los agroquímicos. Heinzen señala que optaron por indagar sobre “cuáles son las sustancias que se utilizan en el cultivo de arroz” con especialistas en la temática. Guiados por un método propuesto por la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA, en inglés), pudieron estimar a qué sustancias están expuestos los trabajadores y trabajadoras en los distintos momentos del cultivo del arroz y en las distintas tareas que realizan. Además, suman cuáles podrían ser las posibles vías por las que estarían expuestos. Constataron que dentro del paquete tecnológico típico existen 18 agroquímicos. Los momentos en que se utiliza un mayor número de productos es durante la siembra y el riego.
Por ejemplo, con base en este método, durante el riego, quienes hacen las tareas de control, desagote manual y desmalezamiento están expuestos al herbicida 2,4 D y a los fungicidas azoxiestrobina, ciproconazol y kresoxim-metil. Las principales vías de ingreso al cuerpo son la piel y los ojos.
La médica resalta que hubo mucha discusión sobre esta herramienta. “Queremos traer al debate la idea de principio precautorio, como le llaman en la epidemiología crítica latinoamericana. Es verdad que las sustancias no son los organoclorados de los 70, pero tienen sus riesgos”, señala. Con respecto a las estadísticas, afirma que “el hecho de que no esté aún descrito un riesgo, no quiere decir que ese riesgo no sea potencial”. Por otro lado, describe “las múltiples vulnerabilidades que encontramos en el trabajo de campo, como las debilidades de los organismos públicos, la falta de capacitación o sospecha clínica de los servicios de salud, la persecución sindical, el miedo, que es su única fuente de trabajo”. Sostiene que el contexto donde se producen las exposiciones es necesario para entender la situación.
Manos a la obra
Los investigadores e investigadoras concluyen que “sobre una misma región existen distintas construcciones territoriales”, que “las respuestas de las políticas públicas [a la problemática] no están articuladas y son parciales” y que “las percepciones dan cuenta de minimizaciones o situaciones riesgosas”. Sin ir más lejos, observaron una “minimización y relativización de riesgos” del uso de agroquímicos en el sector empresarial, mientras que los trabajadores advierten “diferentes riesgos sanitarios o ambientales” y se “vinculan con enfermedades individuales y colectivas”. Sobre los referentes en políticas públicas, indican que la postura “depende de la zona”: un sector señaló la “necesidad de estudios”, otro negaba los riesgos y otro “minimizó los peligros”.
Pero no todo es negativo en los resultados. “Lo llamativo de las conclusiones es que en los tres grupos de actores surgen propuestas que, si bien tienen distintos énfasis, van en el mismo sentido. La línea de la formación y la capacitación está muy fuerte, por ejemplo”, dice Rodríguez. “Hay diferentes propuestas, pero nos dan pie para decir que podemos pasar a otra fase del trabajo del tema. La gran conclusión del trabajo es que es una problemática muy compleja, donde existen diferencias, pero que podríamos avanzar en algunos aspectos que nos permitan en un tiempo ver si estamos ante un escenario distinto o no”, apunta.
Con base en la información recabada realizan una serie de propuestas. Algunas están dirigidas al sector de la salud y van desde “aumentar la sospecha clínica ante posibles situaciones de intoxicaciones”, capacitar a los funcionarios sobre los derechos de la población arrocera, así como “mejorar los registros públicos en torno a intoxicaciones agudas y crónicas” y “desarrollar actividades de promoción de salud en el trabajo arrocero”. Sobre las bipartitas en salud y seguridad laboral, indican que sería bueno “sistematizar lo realizado por la gremial de cultivadores”, capacitar “en todo el sector sobre riesgos y medidas de prevención” y generar “nuevos protocolos y seguimiento de irregularidades”. A su vez, ven con buenos ojos que se genere un “monitoreo interinstitucional e intersectorial” donde se diseñen “estudios y políticas sobre problemas identificados o percibidos, como las enfermedades prevalentes y la subnotificación”.
Finalmente, es el momento para que los organismos responsables pasen a la acción y se interesen por saber qué sucede en las comunidades donde se producen los commodities que el país exporta.