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Raúl Viñas

Foto: Mara Quintero

Movus presentó denuncia internacional contra el Poder Ejecutivo por no entregar información del memorándum firmado con empresa HIF Global

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El recurso que busca acceder a información de la planta de hidrógeno verde y combustibles sintéticos se entregó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos; la organización afirma que se vulnera el Acuerdo de Escazú y lamenta que se llegue a esta instancia “cuando tanto se habla de transparencia”.

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Leído por Andrés Alba.
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El Movimiento por un Uruguay Soberano (Movus) emitió un comunicado al que accedió la diaria en el que informa que presentaron una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por el “incumplimiento” que cometió el Poder Ejecutivo al no otorgar información vinculada al memorándum de entendimiento que firmó con la compañía HIF Global. A principios de este año, Raúl Viñas, integrante de la organización, hizo un pedido de acceso a la información pública para conocer el contenido del documento y su anexo. En mayo, fue notificado de que la información era “confidencial”. Ante esta situación, decidió llevar el caso al Poder Judicial, que falló a favor de Movus. Sin embargo, el gobierno entregó una copia impresa de un documento que, denuncian, no era el memorándum y donde gran parte de las páginas se encontraban tachadas.

“El Poder Judicial en su sentencia ampara nuestro derecho a conocer los documentos, pero el Poder Ejecutivo no ha cumplido con esa sentencia. Entendemos que el accionar del Poder Ejecutivo lesiona el derecho a la libertad de pensamiento y expresión, dado que ese derecho comprende, para poder ser ejercido con responsabilidad, la libertad de buscar, recibir y difundir información e ideas”, dice la misiva. Enseguida, declara que la “no presentación de los documentos solicitados impide su análisis y difusión a fin de que la sociedad civil pueda participar del debate público informada y responsablemente”. “Lesiona además el derecho a la participación en temas ambientales y viola el Acuerdo de Escazú”, afirma.

La organización lamenta que en Uruguay “tengamos que llegar a esta instancia cuando tanto se habla de transparencia”. “De los documentos que ahora se ocultan, se ha dicho que son ‘inocuos’ y que no se han asumido en ellos ‘compromisos por parte del Estado’. No se comprende la cerrada negativa a que estos documentos sean públicos, conservando la confidencialidad únicamente para lo que pudieran ser datos personales o secretos técnicos y comerciales de la empresa”, se señala en el comunicado.

La empresa privada busca construir una planta de hidrógeno verde y combustibles en Paysandú, en padrones que suman 440 hectáreas sobre la costa del río Uruguay y están ubicados frente a la isla del Queguay Grande. El sistema de islas del río Uruguay –incluida Queguay Grande– está previsto que ingresen al Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP) por su riqueza ecosistémica. Varios actores locales y nacionales han alertado sobre los inconvenientes de que el megaemprendimiento se instale allí.

Denuncia internacional

La denuncia presentada ante la CIDH, a la que tuvo acceso la diaria, fue presentada el 21 de agosto. En ella se detalla los pasos que dio la organización tanto a nivel administrativo como judicial. “Entendemos que deben darse por agotadas las instancias en el derecho positivo doméstico, habilitando el acceso a esta instancia internacional para la protección de los derechos humanos lesionados”, describen.

Uno de sus argumentos para llegar a esta conclusión radica en “el paso del tiempo”. “La información solicitada refiere a un memorando de entendimiento realizado entre las autoridades del Poder Ejecutivo y una persona jurídica privada con la intención de desarrollar una actividad antrópica con alto impacto ambiental [...] Cuanto más tiempo transcurre sin que Viñas pueda acceder a la información solicitada, menor tiempo tendrá para su análisis y difusión”, mencionan. Aclaran que, “simultáneamente a esta falta de acceso”, los representantes del gobierno y de HIF Global “siguen avanzando en sus negociaciones”. De esta forma, concibe la organización, la demora está “dejando fuera del diálogo público cuestiones de Estado y con impacto mucho más allá en el tiempo que cualquier gobierno de turno”.

Movus destaca que “no menos importante” es “el hecho de que las conminaciones económicas se fijarán a cargo de la persona pública Poder Ejecutivo, y los que están incumpliendo son las personas físicas que hacen de soporte físico del referido organismo público”. “Es decir, ellos nunca pagan”, expresa la denuncia.

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