El 28 de febrero el gobierno firmó un memorándum de entendimiento con la compañía HIF Global para la construcción de una planta de hidrógeno verde y e-combustibles en Paysandú. Según la información disponible en la página web de Presidencia de la República, sería la “mayor inversión privada en la historia del país, cercana a los 6.000 millones de dólares, y permitiría crear unos 3.000 empleos”. Durante la instancia en que se firmó el compromiso, el secretario de Presidencia, Rodrigo Ferrés, dijo que se trata del “paso previo al contrato de inversión” si se dan “todas las condiciones”.

Al enterarse de la noticia, el Movimiento por un Uruguay Sustentable (Movus) lanzó un comunicado enfatizando que “más allá de las declaraciones a la prensa, no se conoce el contenido del documento firmado”. Allí denunciaban “la falta de transparencia y [el] ocultamiento” en negociaciones entre Presidencia de la República y empresas extranjeras, algo que fuera “duramente criticado en el período anterior por los que hoy desde el gobierno actúan de la misma manera”. “Entendemos que esto es el avasallamiento del derecho de los ciudadanos a conocer lo que nuestros gobernantes firman en nombre de todos comprometiendo la soberanía de nuestros recursos naturales, como el agua, por décadas”, insistió la organización.

Raúl Viñas, integrante de Movus, contó a la diaria que ante esta situación decidió hacer un pedido de acceso a la información pública, amparándose en la Ley 18.381. “Cuando se cumplieron los primeros 20 días hábiles que marca la normativa, se me envió una notificación de que el tiempo había sido exiguo para que la Secretaría de Presidencia prepare y entregue la información que, supongo, son diez fotocopias. Entonces, se iban a tomar 20 días más”, continuó. Cuando culminó el plazo, el 7 de mayo, las autoridades le enviaron una resolución que compartió con este medio y que también se encuentra disponible en la página web de Presidencia de la República.

La negativa a brindar la información solicitada por el activista ambiental, según versa la resolución, se debe a que el memorándum y “toda la información y documentación intercambiada por las partes en su marco” se encuentran “amparados por una cláusula de confidencialidad que impide su revelación”.

Presidencia de la República plantea que cinco días antes el Poder Ejecutivo emitió otra resolución en la que clasificó como “confidencial” la documentación referida. Se ampara en lo dispuesto en los artículos 8 y 10 de la Ley 18.381, que establecen las “excepciones a la información pública” y determinan que serán “de interpretación estricta y comprenderán aquellas definidas como secretas por la ley y las que se definan seguidamente como de carácter reservado y confidencial”.

“Es una resolución específica para no darme la información. Ya ha pasado”, afirmó el integrante de Movus, quien también señaló que las autoridades “dijeron que no hay nada importante en el memorándum, que no hay compromisos”. “Si no hay nada importante, ¿por qué no entregan la información?”, inquirió.

Viñas adelantó que llevarán la problemática al ámbito judicial. Mencionó que “la ley marca que se puede hacer una división de la información” y que su interés no son los “secretos que ellos tienen con su tecnología”. “A mí me importa todo lo que tiene que ver con los compromisos que asume el país en este nuevo contrato secreto, porque ya se dijo que esto es la primera parte para un contrato. Me interesan dos cosas: toda la parte relacionada con el ambiente directamente, que la podemos pedir porque la ley marca que las partes ambientales se tienen que entregar, y toda la parte relacionada con la ciudadanía y los compromisos asumidos por el Poder Ejecutivo, que es quien firma esto sin ninguna intervención ni del Parlamento ni del Poder Judicial”, relató.

Para finalizar, agregó: “En 2017, un senador dijo con respecto al contrato con UPM que el gobierno tenía que informar a la población de lo que hacía. Ese senador es hoy el presidente Lacalle”.

¿Información demorada al Parlamento?

Un día después de la firma del memorándum, el diputado colorado Ope Pasquet manifestó a través de su cuenta de X que la oportunidad de producir hidrógeno verde es “bienvenida”, pero alertó que los gobernantes deberían tener “cuidado” para que no se transforme en “otro contrato negociado en secreto, como lo fueron otros”.

Pasquet citó como ejemplo el caso de la segunda planta de UPM. “Antes de obligar al país por un lapso que seguramente excederá el actual período de gobierno, se deberá informar al Parlamento, por lo menos de lo sustancial del acuerdo”, reafirmó. Por esta razón, presentó un pedido de informes al Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM) solicitando una copia del memorándum de entendimiento que firmaron las autoridades con la empresa HIF.

Más de 50 días después, según comentó el representante a la diaria, aún no obtuvo ninguna respuesta.

El 6 de marzo, el subsecretario de Industria, Energía y Minería, Walter Verri, que también es integrante del Partido Colorado, se refirió a la postura de Pasquet durante una conferencia de prensa. “No hay todavía ningún negocio, hay memorándum de entendimiento. Yo lo entiendo; desde el punto de vista político es simpático decir esas cosas, muchas veces se hacen eco de proclamas de movimientos ambientalistas. La realidad es que estamos avanzando en un gran proyecto de inversión, se firmó un memorándum de entendimiento que no es vinculante, o sea que al Estado no se lo obliga absolutamente a nada. Por lo tanto, no hay nada oculto en esta situación. Lo que sí hay es una empresa que está dando los primeros pasos, haciendo los primeros análisis, investigación, que ha tomado la decisión de invertir en un proyecto que puede llegar a costar 6.000 millones de dólares, y que quiere que el Estado le dé garantías para llegar a finales del año próximo o a principios de 2026, para firmar un contrato que le tocará al próximo gobierno”, planteó.

El jerarca indicó en aquel momento que durante esta última instancia “el gobierno seguramente se pueda comprometer a algo o a mucho” y que en eso “es donde la transparencia y la cristalinidad son importantes y no la opacidad que sí tuvimos en otros tiempos”. la diaria logró comunicarse con Verri, quien optó por no dar declaraciones por encontrarse de licencia por la campaña electoral.

Cambio de herramienta

Hace unas semanas se informó que la Intendencia de Paysandú inició el trámite para recategorizar los predios donde pretende instalarse HIF Global. Son linderos al río Uruguay y se encuentran frente a la isla del Queguay Grande, sitio que el Ministerio de Ambiente busca incorporar al Sistema Nacional de Áreas Protegidas. Están categorizados como suelo rural, por lo que no se permiten este tipo de emprendimientos. Por esta razón, la comuna comenzó el trámite para que sean recategorizados como suburbanos.

“La Intendencia de Paysandú inició el proceso de recategorización de suelo a través de la revisión del Plan Local de Paysandú. Le sugerimos que cambiara el tipo de instrumento e hiciera esa recategorización por medio de un Programa de Actuación Integrada. Ellos aceptaron y presentaron la comunicación de inicio de que empezaron el proceso de recategorización del suelo a través de este instrumento de ordenamiento territorial, que tiene todas las garantías como el proceso de participación –va a llevar una audiencia pública–, una evaluación ambiental y estratégica e informe de correspondencia entre el Ministerio de Ambiente y el Ministerio de Vivienda”, contó a la diaria José Aranco, director nacional de Ordenamiento Territorial.

El jerarca añadió que “el proyecto de la planta se presentó en Impacto Ambiental y, como no estaba categorizada la zona como suburbana, se trancó”. “Por eso están iniciando este proceso de revisión de un instrumento de ordenamiento territorial para recategorizar la zona”, concluyó.