Nuestra tierra alberga historias y memorias. Dos años atrás publicamos aquí que un cerrito de indios ubicado en la zona de Bañado y Sierra de San Miguel, en el departamento de Rocha, fue destruido a partir de obras impulsadas por el Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) en el marco del plan que las autoridades gubernamentales denominaron de “regulación hídrica de los Bañados de Rocha”. En concreto, el daño fue ocasionado en la etapa que tiene por objetivo la “derivación y conducción” del arroyo Averías (las consecuencias socioambientales de esto merecen un capítulo aparte).
La obra fue inaugurada la última semana de febrero y fue celebrada por la Dirección Nacional de Hidrografía. Lamentablemente, la destrucción de cerritos de indios no es una novedad. Sin ir más lejos, por nombrar los hallazgos de una investigación reciente, más del 90% de estos sitios arqueológicos ubicados en la zona de India Muerta, también en Rocha, se encuentran bajo vulnerabilidad alta o crítica debido al cultivo de arroz y la ganadería intensiva. Lo que hizo especial el caso de la zona de Bañado y Sierra de San Miguel fue que las máquinas, al romper los sitios definidos como sagrados para muchas comunidades, profanaron restos humanos.
La situación salió a la luz porque Andrés Gascue y Noelia Bortolotto, arqueólogos e investigadores del Centro Universitario Regional Este de la Universidad de la República, alzaron la voz. Los investigadores presentaron dos denuncias: en 2021, año en que comenzaron las obras de canalización, ante la Comisión de Patrimonio Cultural de la Nación; y en 2022 ante el Ministerio de Ambiente. Hasta marzo de 2023, momento en que la diaria publicó el artículo, no habían obtenido ninguna respuesta.
Un mes después, en abril de 2023, el Departamento de Arqueología de la Comisión de Patrimonio Cultural de la Nación realizó un informe donde constató la situación y emitió una resolución que toma en cuenta las recomendaciones de los investigadores. En setiembre de 2024, Bortolotto realizó un pedido de acceso a la información pública en el Ministerio de Ambiente para conocer la situación del trámite. “Una denuncia que tenía dos carillas se transformó en un expediente de mil páginas, pero no nos han notificado de nada”, dice hoy Gascue. Únicamente pudieron acceder al expediente viajando a Montevideo, donde se encuentra la sede de la cartera. En paralelo, entablaron contacto con representantes de pueblos originarios, quienes están evaluando presentar una denuncia ante la Institución Nacional de Derechos Humanos.
La resolución de Patrimonio
El 24 de abril de 2023, el Departamento de Arqueología de la Comisión de Patrimonio Cultural de la Nación culmina un informe donde constata la situación denunciada por Gascue y Bortolotto. En el documento informa que el departamento “no tuvo conocimiento” de los estudios de impacto arqueológico “ni de sus resultados” hasta el momento de “seguimiento de obra” porque “dichos estudios no están ingresando a la Comisión de Patrimonio Cultural de la Nación desde 2015”. Asimismo, pone sobre la mesa que el área relevada posee una “afectación previa por impactos preexistentes” asociados a “un antiguo canal arrocero (el que actualmente se está ensanchando) y otras modificaciones ambientales con mayor extensión espacial vinculadas al cultivo de arroz (construcción de taipas y canales de drenaje menores)”.
El documento indica que, en base a los informes presentados, el monitoreo de obra “se vio perjudicado” porque la compañía Faktor no avisó a los arqueólogos el inicio de la construcción, como estaba estipulado en las condiciones. “Esto significó un porcentaje altísimo de la obra hecha sin el control arqueológico correspondiente, que en algunas situaciones consistió en más del 50% sin control arqueológico de obra”, remarca. Asimismo, el informe detalla que los planos proporcionados son “diferentes a las trazas de los canales en la realidad” y que hubo sitios que no fueron detectados por los estudios de impacto arqueológicos previos. De esta forma, el informe concluye que “en el tiempo de seguimiento arqueológico de obra los arqueólogos actuantes tuvieron que efectuar tareas propias de un plan de actuación que resultaron en la delimitación de áreas críticas con diferentes recomendaciones de medidas a aplicar” y que “la falta de aviso en tiempo y forma [del comienzo de obras a los arqueólogos] resultó en la destrucción de los sitios arqueológicos”.
A partir del informe, la Comisión de Patrimonio Cultural de la Nación emitió una resolución firmada por el secretario ejecutivo, Andrés Mazzini. Allí decide comunicar a la Dirección Nacional de Calidad y Evaluación Ambiental que “la empresa a cargo del proyecto de obras dio comienzo de las mismas sin dar aviso previo a los profesionales que debían realizar el seguimiento arqueológico” para que tome las “medidas que correspondan”. Luego detalla diferentes medidas para “efectuar el rescate de los sitios arqueológicos”.
Dentro de ellas están: “realización de intervenciones arqueológicas (sondeos, muestreos, excavaciones) en el área que será directamente afectada por las obras”, “realización de intervenciones arqueológicas (excavaciones, sondeos) en el resto del área del sitio”, “análisis de laboratorio (dataciones, análisis de suelo, análisis tecnológicos y otros procedimientos del registro) de los materiales recuperados en estas intervenciones”, la recuperación “sistemáticamente de los materiales” encontrados en los márgenes del canal y una larga lista de condiciones más. A su vez, para una de las áreas vulnerables solicita mantener una medida precautoria que “implica no realizar ninguna actividad que genere modificaciones en el sitio arqueológico”.
Oídos sin escucha
“En los informes pedimos que se frenen las obras hasta que no se hiciera el rescate. Por lo menos, pedimos que se frenen en las dos zonas que tenían cerritos. Patrimonio hizo lugar, supongo que habrán informado a Ambiente. Las obras no hicieron lo que solicitamos, que era la implementación de los rescates y los estudios arqueológicos correspondientes en los remanentes de los cerritos que quedaban. Advertimos que si terminaban de construir, lo que quedaba de evidencia iba a estar inaccesible. Para mitigar un poco el daño, la idea era rescatar lo que quedaba para generar información”, apunta Gascue. El arqueólogo recuerda que las máquinas, al destrozar el cerrito, encontraron distintos artefactos y restos humanos. “Hace un mes fuimos con Noelia y vimos que las obras habían terminado en las áreas que habían sido cauteladas, las mismas que Patrimonio dijo que no se innovara hasta que no se hicieran los rescates arqueológicos. Consolidaron los terraplenes, no se hizo el rescate que había que hacer”, lamenta el arqueólogo. “Hace unos días me enteré de que iban a inaugurar las obras...”, agrega.
Cerrito de indios ubicado próximo a 18 de Julio, Rocha, el 1º de octubre de 2022.
Foto: Jimena Miguel
Gascue subraya que “lo que no se destruyó ahora quedó enterrado bajo la tierra de las obras, quedando inaccesible para la ciencia y para las comunidades”. En esta línea, Bortolotto manifiesta que los restos humanos que encontraron en el sitio están en el Centro Universitario Regional Este. Decidieron recolectarlos porque si los dejaban en el lugar, la corriente del canal los iba a arrastrar. “Lo dejamos ahí hasta llegar a un acuerdo con las comunidades de pueblos originarios y también esperando para ver qué pasaba con el freno de las actividades. Nosotros pensamos que esto iba a tener un final más apropiado y que las obras se iban a detener y se iba a hacer un rescate, porque el daño que se había hecho al cerrito era irreversible”, dice. La investigadora pone sobre la mesa que pensaron hacer una nueva denuncia, pero terminaron desistiendo. “¿Para qué vamos a volver a hacer una denuncia si Patrimonio, que es el órgano competente en esto, ya se manifestó?”, pregunta.
Gascue también recuerda que hicieron estudios de los restos humanos. “Es el esqueleto más antiguo de los cerritos, tiene 2.350 años de antigüedad. Si bien los cerritos tienen 5.000 años, los registros más tempranos publicados de que estas culturas enterraban a sus muertos en estos lugares datan de 1.600 años antes del presente. Esto muestra el potencial que tenían estos cerritos para la generación de conocimiento y sobre la necesidad de mitigar los daños de la obra. Aunque hay cosas que no se mitigan. Los lugares sagrados, la profanación de estas tumbas, eso no tiene arreglo”, señala. A su vez, Bortolotto apunta que “una coordinación entre Estado, universidad y comunidades a tiempo hubiera permitido que este cerrito no se destruyera”. “Acusamos a los privados de atentar contra el patrimonio. Esto fue una obra del Estado, que también vulnera las memorias de los pueblos originarios, y es algo que se podría haber impedido”, expresa con tristeza.
La arqueóloga señala que “el paisaje biocultural que se conforma en estos territorios, donde hay fuerte presencia de nuestros antepasados, no se está teniendo en cuenta” en las Evaluaciones de Impacto Ambiental. Una prueba de su afirmación es que el cerrito afectado no se detectó en forma previa. “La ley dice que hay que estudiar el medio físico, el medio biótico y el medio antrópico. Dentro de lo antrópico no alcanza sólo con la cuestión patrimonio cultural, arqueológico, sitios históricos. Hay que ver también el impacto de las obras en las poblaciones locales. No se evalúa los impactos sobre la salud humana, en este caso hablamos de una obra que está llevando agua de riego altamente contaminada por las arroceras”, complementa Gascue.
¿En “beneficio del país”?
Son varios los correos electrónicos que envía la Dirección Nacional de Hidrografía (DNH) del MTOP al Ministerio de Ambiente, según figura en el expediente. El 4 de mayo de 2022, Marcos Paolini, entonces director de Hidrografía, escribía: “Estimado Director Nacional de Calidad y Evaluación Ambiental, remito el presente a efectos tomen intervención los servicios técnicos de su dirección [...]. Se hace imperioso la búsqueda de la mejor y más práctica solución en beneficio del País, teniendo en cuenta la aparición del cerro en cuestión, no estaba marcado como existente en el plan arqueológico aprobado previamente”.
A lo largo del expediente, la dirección de la cartera encargada de las obras públicas también envía informes al Ministerio de Ambiente. En uno de ellos, fechado el 23 de junio de 2022, afirmaba que “el rescate arqueológico es claro que no compete al MTOP-DNH. Lo que sí corresponde es la comunicación de un eventual hallazgo [...]. De nuestro conocimiento se entiende que se trataría de un procedimiento que debería encararse en oportunidad que se entienda posible su realización desde el ámbito ambiental, teniendo en cuenta además que se trata de una actividad que insume un costo y una previsión previa del mismo”, dice el informe. Y agrega: “En relación a la construcción de la obra, se informa que la misma ya tiene un avance más que importante en su etapa de realización y esta situación se entiende debe ser resuelta a la máxima brevedad”.
El 25 de febrero —tres días antes del cambio de gobierno—, el MTOP inauguró la obra de “derivación y conducción” del arroyo Averías, correspondiente al Plan de Regulación Hídrica de los Bañados de Rocha. Estuvieron presentes el entonces ministro de Transporte y Obras Públicas, José Luis Falero, y el director de Hidrografía, Paolini. En los comunicados de difusión realizados por la cartera no se menciona los restos humanos encontrados durante la obra.
El dolor de no entender
Óscar Núñez forma parte del Clan Gubaitase Charrúa y cuenta a la diaria que sus integrantes están distribuidos en diferentes partes del territorio. Los arqueólogos del CURE los contactaron para informarles sobre la problemática que están atravesando los cerritos de indios y poder pensar el mejor camino a futuro. “Más allá de todo el proceso colonial, una vez que se consuma el Estado, se da una sucesión de eventos que van siempre en contra nuestra. En este caso, nos damos cuenta cómo un montón de organismos, leyes y todas estas cosas que se implementan y que están a la orden para, de alguna manera, ayudar no sirven”, dice.
Al consultarle sobre qué fue lo que más le dolió al enterarse de la problemática, responde: “La insensibilidad. Parece que da lo mismo escarbar un montón de tierra, de arena, que destrozar nuestra memoria. Más allá de que es un sitio arqueológico, como expresa la ciencia, para nosotros es mucho más. Para nosotros es un lugar sagrado. Nosotros no haríamos un canal que pase por dentro del Palacio Legislativo rompiendo ese monumento histórico. Tampoco haríamos una zanja dentro de la casa del señor que está haciendo este emprendimiento, ni tampoco destruiríamos los huesos de sus abuelos”.
El integrante del clan señala que los cerritos hacen parte de “un proceso funerario, un proceso cultural desde la cosmovisión de un pueblo”. “¿Quién es el hombre de hoy, la ciencia o el Estado, para destrozarlo?”, inquiere. Sobre el caso del cerrito afectado por las obras del MTOP, están evaluando presentar una denuncia ante la Institución Nacional de Derechos Humanos. Considera que como el daño estaba hecho, lo mejor “era tratar de hacer una recuperación de los materiales” y “sacar la información que se pueda obtener”. “Y, desde la perspectiva particular del clan, nosotros tenemos que volver a la tierra lo que es de la tierra”, agrega.
“Están matando dos veces a nuestros muertos”, dice Núñez. “Más allá de la información arqueológica, de la información para la ciencia y que hace a la cultura de hoy, es nuestra memoria, de nuestros antepasados, que se proyecta en el presente, para el futuro de nuestra familia, de nuestros hijos, del territorio. Entonces, lo tenemos que preservar”, cuenta. Espera que este caso sea el motor o puntapié para “solicitar una revisión” de la Ley 14.040, que creó y definió los cometidos de la Comisión de Patrimonio Nacional de la Nación. “Está totalmente obsoleta, es necesario que se tomen otros recaudos y ver la responsabilidad que le implica al Estado. Desde nuestra parte no estamos hablando de resarcir de manera económica. ¿Qué hacemos con la plata? Hay que evitar que se siga con estas actividades a futuro. Habría que tener nuevos informes técnicos, volver a armar todo un sistema de trabajo que sea próspero para nuestra memoria y también para los arqueólogos que están involucrados con proteger y para aquellos emprendimientos que puedan desarrollar su parte sin que afecten a la nuestra. Pero es un problema del Estado, si el Estado no interviene o interviene a medias, funciona a favor del capital”, finaliza.