Rocha: denuncian destrucción de dos cerritos de indios y desenterramiento de restos humanos por obras de canalización realizadas sin supervisión arqueológica

Restos de una persona reposaban en su lugar sagrado. Hace más de 2.000 años que estaban allí, junto a otras evidencias materiales, en un cerrito de indios ubicado en la zona de Bañado y Sierra de San Miguel, en el departamento de Rocha. Se trata de uno de los individuos más antiguos, de aproximadamente 2.300 años, que se encontraron en Uruguay hasta el momento.

Delicadeza. Es lo primero que podemos imaginar al pensar en cómo fue su hallazgo. Pero no, el sosiego de los restos se vio interrumpido por máquinas que hacían canales durante enero y febrero de 2021. Noelia Bortolotto y Andrés Gascue, arqueólogos e investigadores del Centro Universitario Regional Este (CURE) de la Universidad de la República, presentaron dos denuncias por este hecho, una ante la Comisión de Patrimonio Cultural de la Nación en 2021 y otra, en diciembre de 2022, ante el ministro de Ambiente. Bortolotto y Gascue dicen que la destrucción de cerritos debido al avance del agronegocio y sus obras relacionadas es constante en la zona. El caso es tan sólo un ejemplo que, debido a las faltas graves cometidas tanto por la gestión pública como por privados, los hizo alzar la voz.

“Los cerritos son la máxima expresión de arquitectura en tierra que tenemos en nuestro país. Son paisajes culturales, un legado que nos dejaron los pueblos originarios que habitaban la región este de nuestro país. También son una fuente de información y acercamiento a cómo vivían, cómo se movían, cómo se alimentaban, cómo gestionaban sus residuos las comunidades indígenas precolombinas”, cuenta Bortolotto. Gascue agrega que las estructuras de los cerritos, además de ser una fuente de información sobre los modos de vida de los grupos indígenas, pueden contener enterramientos humanos, como el que fue encontrado en la zona de Bañado y Sierra de San Miguel. “Era costumbre de estos grupos enterrar a sus muertos donde habitaban. Entonces, entre otras funciones que se han inferido, son también cementerios y, por lo tanto, lugares sagrados para estas personas”, explica. Bortolotto complementa diciendo que su rol como arqueóloga es reconstruir los pedacitos de nuestra historia que se encuentran en el territorio y protegerlos. “Los cerritos son parte de nuestra memoria. Lo que más duele es la impunidad con que se la borra. Por eso hicimos la denuncia”, expresa.

Una denuncia y tres problemas

La denuncia de los arqueólogos está vinculada con obras desarrolladas en el marco del Plan Nacional de Regulación Hídrica de los Bañados de Rocha, precisamente en la etapa “1-b”, que tiene por objetivo la “derivación y conducción” del arroyo Averías, que es sucesor del Plan de Obra “Variante 2001” de 2004. En 2017, el entonces Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente otorgó la autorización ambiental previa a la construcción de esta obra, que es de la Dirección Nacional de Hidrografía del Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP). Entre sus requisitos, se incluía la elaboración de un plan de gestión ambiental que incluyera una perspectiva arqueológica. Aquí radica el primero de los problemas. Los investigadores señalan que se encargó a una consultora un estudio de impacto arqueológico específico de la zona, y en este documento de 2019 se concluye que “las intervenciones de prospección realizadas durante el trabajo de campo no registraron hallazgos arqueológicos. Es importante destacar la ausencia de construcciones en tierra (cerritos)”. Más adelante, quedaría en evidencia el error.

Gascue afirma que en ninguno de los estudios arqueológicos realizados se incluyó el análisis de los planos de obra superpuestos a fotos aéreas y satelitales, algo fundamental ya que, según dice, los cerritos de indios son reconocibles con estas herramientas, incluso cuando su altura es pequeña. De aquí se desprende el segundo problema. Debido a esta ausencia, sumado a otros puntos, el investigador y la investigadora entienden que existió una “evaluación deficiente” por parte de las autoridades del Ministerio de Ambiente, que tienen bajo su competencia la aceptación del documento, al “no solicitar complementar la información aplicando herramientas de análisis conocidas como sistemas de información geográfica”.

¿Quién fue el responsable de la obra y qué hizo de forma incorrecta? La obra que tiene por objetivo la derivación del arroyo Averías es de la Dirección Nacional de Hidrografía. Cabe resaltar que entre las recomendaciones que se establecieron en el plan de gestión ambiental se destacó la de hacer un “seguimiento y control arqueológico” de la obra. En este contexto, se solicitó asesoramiento del CURE para que desempeñe esta tarea. Dos de los arqueólogos encargados de realizarla son, justamente, Bortolotto y Gascue. En marzo de 2021 se concreta la solicitud y aparece el tercer problema: las obras habían comenzado “meses antes” y se encontraban “significativamente avanzadas” cuando se dio aviso a los arqueólogos.

“Existían importantes remociones de tierra y canalizaciones ya realizadas en la zona de San Miguel, por ejemplo: canal de desagüe de cinco kilómetros (de un total de 6,2); canal de derivación de 3,5 kilómetros (de un total de aproximadamente 7,5 kilómetros); represamiento y desviación del canal número 2, remoción de sedimentos para el acondicionamiento de la alcantarilla (71.800 metros cuadrados de suelo removido). Esta situación implicó la necesidad de atender al mismo tiempo el control de obras en curso y el registro de los sectores ya afectados”, se sostiene en la denuncia de los arqueólogos. A su vez, Gascue cuenta que es muy difícil, por cómo trabajan las máquinas que retiran varios metros cúbicos por palada, detectar durante el peritaje de la obra si están sacando piezas arqueológicas. Además, en muchos casos, las obras se llevan adelante en diferentes sitios al mismo tiempo, hecho que suma aún más complejidad al control.

Hace un año y siete meses presentaron una denuncia ante el Departamento de Arqueología de la Comisión de Patrimonio Cultural de la Nación del Ministerio de Educación y Cultura mediante su página web. Describieron la situación y detallaron la destrucción del patrimonio arqueológico previo al control de obra: “Con fecha 20 de mayo de 2021 y 16 de noviembre de 2021, mientras se evaluaba el impacto de las obras previamente efectuadas en las áreas críticas 1 y 2, se constató la severa afección de dos cerritos de indios por las obras de excavación del canal principal Averías. Dichas obras fueron efectuadas con anterioridad al comienzo del Control Arqueológico de Obras, pero sus consecuencias fueron registradas al momento de prospectar dicho sector de la obra ya efectivizada”, afirman. Su denuncia aún no ha tenido respuesta. Ante esta situación, en diciembre del año pasado presentaron una nueva denuncia ante el Ministerio de Ambiente. Tampoco han tenido novedades.

Hacerse cargo

“En 2021 le informamos a la empresa que habían afectado críticamente ambos cerritos y paralelamente se rescataron en varias instancias las evidencias materiales que se encontraban expuestas en la superficie, entre ellas varios restos óseos de cuerpos inhumados en estos cementerios indígenas. En dichos informes se recomendó como medidas de mitigación de los impactos producidos realizar excavaciones de rescate en los sectores no perturbados de los sitios arqueológicos y el análisis de los materiales recuperados y sedimentos que los componen. Al afectarse un sitio en su totalidad, como será el caso al finalizar las obras, la mitigación de impacto implica necesariamente la generación de la mayor cantidad posible de conocimiento sobre el bien. Por eso la fase analítica de evidencias debe ser subsidiada por la empresa responsable”, explica Gascue. Bortolotto complementa: “Lo primero que recomendamos fue que pararan las obras en estos puntos, y actualmente están paradas, pero no se han implementado los rescates”.

Toda la situación supuso una encrucijada para los arqueólogos. Así cuenta Bortolotto cómo lo vivió: “Para quienes investigamos o tratamos de generar conocimiento, enfrentarte a estas situaciones es complicado. En realidad, no era parte del trabajo ir a hacer un rescate, ni tampoco fue autorizado por la institución competente, pero ¿qué hacés? Estás viendo salir restos humanos del corte de un canal, que se va a llevar la corriente. ¿Los vas a dejar ahí y que se pierdan para siempre? No, los traés. Discutimos muchas veces no ir más a campo hasta que hagan algo. Es una ambigüedad tremenda estar en esta situación. La denuncia fue una forma de decir ‘basta’”.

De a poco, por el tiempo que pasó desde que encontraron los restos, comenzaron a hacer análisis, pero con recursos de la Universidad de la República. Los arqueólogos reafirman que es parte de un proceso que se tendría que pagar, pero que no pueden permitir que queden escondidos en cajas. De esta forma, determinaron que los restos humanos serían uno de los cuerpos más antiguos que se han encontrado en nuestro país. Gascue resalta la importancia de proteger los cerritos. “La evidencia se concentra en los cerritos y en el entorno inmediato. Ahora vemos todo seco por las obras de canalización, pero cuando estaban los indígenas toda esta planicie de San Miguel permanecía inundada todo el año. Yo considero que todo es importante, más allá de los restos humanos. Esto es una muestra ínfima de todo lo que ha pasado en la región. La cantidad de cerritos que se han sacrificado no la podemos cuantificar. Como no hay líneas de base anteriores, no podemos saberlo”, enfatiza. Bortolotto finaliza insistiendo con que la situación evidencia “el extractivismo en su máxima expresión”, hasta el punto de que “terminó incluyendo la memoria de nuestra ancestralidad”. En este artículo no se incluyeron fotos de los restos humanos por respeto a la persona y la decisión de los arqueólogos, ya que en la disciplina se está discutiendo este tipo de prácticas.

El contexto de la obra y la desecación histórica de humedales

Gascue y Bortolotto formaron parte del equipo interdisciplinario de investigadores e investigadoras que escribió el artículo Problemáticas socioambientales en el territorio hidrosocial de la laguna Merín. En el anexo del trabajo se incluyó el reporte de restos humanos que fueron expuestos durante las obras.

Por otro lado, en ese trabajo se pone en contexto la situación. “La ejecución de obras hidráulicas en los bañados del este uruguayo, para maximizar la producción agropecuaria, es un tema presente en la agenda nacional desde el último cuarto del siglo XIX hasta la actualidad. Esto se ve reflejado desde la obra de construcción del canal Andreoni y canales subyacentes, dirigida por los ingenieros Andreoni y Lamolle entre 1898 y 1910, hasta la implementación de numerosos kilómetros de canales, diques, represas, esclusas y obras defensivas”. Por lo tanto, la problemática se arrastra desde hace mucho tiempo y, además de los cerritos de indios, muchos ecosistemas también se han visto afectados.

Los académicos afirman en el trabajo que es difícil hacer una valoración definitiva de la pérdida total de humedales en la región causada por obras de riego, canalización y desecación. Sin embargo, recuerdan que existen investigaciones de 1998 que, para ese momento, definían que la superficie afectada se encontraba entre un 30-35% de la original. A su vez, plantean que los registros bibliográficos muestran una agudización del problema, causado tanto por obras públicas como por privadas. A partir de información cartográfica construyeron un mapa donde se “muestra una amplia distribución espacial y muy alta densidad de los canales hídricos”.

Manifiestan que el impacto sobre los humedales está en el centro de la problemática por “la difícil reversibilidad del mismo”. Por si fuera poco, agregan que “las obras de canalización y la dinámica del agua necesarias para un cultivo exitoso del arroz hacen que millones de litros de agua dulce sean vertidos al mar a través del canal Andreoni y a la laguna Merín a través de sus afluentes, constituyendo no sólo un impacto directo sobre los bañados que son desecados, sino también sobre la playa La Coronilla y los cuerpos de agua interiores”. Resaltan que uno de los impactos observados de la construcción de este último canal fue “la afectación de invertebrados que viven en playas arenosas como resultado de la disminución de la salinidad, la alteración de funcionamiento y organización del ecosistema y el impacto no letal de los herbicidas”.

En el trabajo explican que a comienzos de los 90, principalmente motivado para buscar soluciones en La Coronilla, el Estado intentó “emprender acciones de regularización hídrica de la zona”. Finalmente, en 2004, se consagró un decreto que aprobó el Plan de Obra “Variante 2001”. Tiene entre sus objetivos la “producción agrícola-ganadera, conservación del agua dulce, desarrollo del turismo, ordenación del manejo del agua, protección de zonas de interés histórico, conservación de bañados, cuidado del monte natural y protección contra inundaciones de San Luis y Barrancas”. Los investigadores e investigadoras destacan que un aspecto positivo de la normativa es “la prohibición por parte de privados de ‘ejecutar todo tipo de obras hidráulicas [...] sin la aprobación previa del Ministerio de Transporte y Obras Públicas’”. Sin embargo, afirman que “es cuestionable que el plan contribuya a los objetivos que se propone, particularmente a la conservación del agua dulce, bañados y monte natural y zonas históricas”. Entonces, ¿los problemas de largo trecho vinculados a la afectación de humedales y cerritos se lograron resolver?