“En las últimas décadas, Uruguay ha experimentado un crecimiento muy importante del área de la producción agroindustrial, incluyendo agricultura y forestación, acompañado de un aumento en la intensidad del uso de plaguicidas y fertilizantes. Esto ha agudizado la exposición a agrotóxicos de la población, en especial a los y las trabajadoras vinculadas a la actividad agropecuaria y forestal y a las comunidades en las zonas de mayor intensidad productiva”. De esta forma comienza un comunicado que emitieron más de 16 organizaciones este viernes, entre las que se encuentran la Comisión de Ambiente del PIT-CNT, la Comisión Nacional en Defensa del Agua y la Vida, la Federación de Funcionarios de OSE, la Sociedad Uruguaya de Medicina Familiar y Comunitaria, el Núcleo de Investigadores de la Universidad de la República, la Red de Semillas Nativas y Criollas, la Red de Grupos de Mujeres Rurales, la Red de Agroecología y más.
Los firmantes sostienen que “si bien existen claros antecedentes internacionales sobre los efectos nocivos de los plaguicidas sobre la salud humana y ambiental, la información acerca de los niveles de exposición a estos agrotóxicos y de sus consecuencias en la salud de la población es muy fragmentaria y escasa en nuestro país”. Manifiestan que “no existe por parte del Estado una política pública proactiva en garantizar el derecho a la salud de la población expuesta a agrotóxicos”. “Esta exposición puede ser directa en el caso de quienes trabajan utilizándolos y/o habitan los territorios rurales; o indirecta a través de los residuos que quedan en los alimentos, su bioacumulación en peces y ganados utilizados en la alimentación y su deriva ambiental en el aire y hacia las fuentes de agua”, remarcan.
Asimismo, explican que “la exposición a agrotóxicos puede dar lugar a distintos efectos en la salud, tanto agudos como crónicos. Estos efectos variarán con la edad, el género, la frecuencia de exposición y la existencia de otras vulnerabilidades o comorbilidades, como la mala alimentación o inmunodepresiones, siendo niños y niñas, embarazadas y trabajadores/as con mayor tiempo e intensidad de exposición las personas más afectadas”.
Los pedidos
El PIT-CNT, organizaciones ambientales, productores y académicos subrayan que en materia de denuncias “no está claro a quién deben hacerse, como tampoco es claro sobre qué organismo del Estado recae la responsabilidad de controlar, corregir y aplicar sanciones cuando corresponda”. Por otro lado, remarcan que las denuncias “son muy difíciles de realizar en el caso de los y las trabajadoras, dado que son pasibles de sufrir represalias por parte de las patronales”. “Con motivo del Día Mundial del Medio Ambiente, exhortamos a las organizaciones sindicales y sociales, y a la población en general, a ser proactivas en dar visibilidad a esta problemática y reclamar al Estado acciones concretas que amparen y den respuesta a las situaciones de vulnerabilidad en que se encuentra la población expuesta a los agrotóxicos, en particular los y las trabajadoras y la población rural”, dicen en el comunicado.
En particular, llaman la atención sobre “la necesidad de acciones por parte de los ministerios vinculados a la temática”. Sin ir más lejos, al Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca le solicitan que “dé acceso a información sistematizada y clara sobre los principios activos de los plaguicidas que se utilizan, en particular cuáles son los volúmenes, lugares, momentos y actividades productivas en los que se utilizan”. A su vez, indican que el término “fitosanitario” debe dejar de ser utilizado por la Dirección General de Servicios Agrícolas “dado el efecto negativo que tiene sobre la percepción del riesgo del uso de estos productos”. También piden que los plaguicidas altamente peligrosos sean prohibidos en Uruguay.
Por otro lado, al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social le solicitan que “realice los controles y acciones vinculadas a la seguridad laboral de los trabajadores”. Y al Ministerio de Salud Pública que “incorpore en la historia clínica de los usuarios del Sistema Nacional Integrado de Salud información referida a la exposición a agrotóxicos, sea por actividad laboral o lugar de residencia”. A su vez, buscan obtener “información sistematizada sobre los casos de intoxicaciones agudas y datos sobre las frecuencias de afectaciones crónicas a la salud eventualmente vinculadas al uso de agrotóxicos en las distintas zonas del país” e “información sistematizada acerca de la presencia de residuos de agrotóxicos en los alimentos”.
Finalmente, exigen al Ministerio de Ambiente que “brinde información clara, sistematizada y accesible sobre la presencia de residuos de plaguicidas en el ambiente, en particular las fuentes de agua”. A OSE y la Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua (Ursea) les insisten sobre la necesidad de incorporar a “sus estrategias de monitoreo un sistema de muestreo adaptativo que priorice y aumente la frecuencia de análisis de los plaguicidas más utilizados en cada cuenca”. “Hacemos un llamado a toda la institucionalidad pública a dar visibilidad a esta problemática y a desarrollar acciones que saquen del desamparo a los directamente afectados y tiendan a minimizar los efectos de los agrotóxicos en la salud de la población y el ambiente de nuestro país”, finaliza la misiva.