Hace exactamente un año, un mosquito fumigaba un cultivo cerca de una escuela agraria ubicada a cinco kilómetros de la ciudad sanducera de Guichón. Varios estudiantes quedaron expuestos a las sustancias que se aplicaban. La situación fue denunciada por una docente del centro educativo ante el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP). Una semana después del hecho, la cartera hizo una inspección en la que detectó la presencia del herbicida glifosato en el patio de la escuela.
El privado fue sancionado con una multa de 6.518 unidades indexadas, cifra que equivale a 42.718 pesos, según la cotización actual. La razón que esgrimieron las autoridades fue que la aplicación provocó deriva y, de esta forma, el pesticida llegó al patio del centro educativo. El artículo 7 del Decreto 264/004 establece que toda aplicación de plaguicidas “deberá realizarse sin que se produzca deriva, siendo de responsabilidad del aplicador los posibles daños que la misma pudiera ocasionar”. Tras tomar estado público, uno de los propietarios de las plantaciones, exdiputado suplente y excandidato a intendente de Paysandú por el Partido Colorado, David Helguera, fue a una radio local donde habló por más de media hora. En sus declaraciones apuntó en varios momentos contra la docente, calificó la situación de “chusmerío”, la minimizó y dijo que se buscó “joderle la vida a un vecino que la única cosa que hace es trabajar”. El 5 de junio de 2025 fue el día de la fumigación y también fue el Día Mundial del Ambiente. La historia de la escuela agraria en Guichón es una de las que tienen lugar en nuestro país y nos permite acercarnos a una problemática compleja.
la diaria conversó con personas que han sido docentes en ámbitos rurales que prefirieron cuidar su identidad. Describen que en los centros educativos rurales suelen vivirse situaciones “muy contradictorias” como la que tuvo lugar en Guichón. “Quienes estamos en las aulas tenemos la responsabilidad de formar conciencia, defender la vida y enseñar que producir nunca debe estar por encima del cuidado de la naturaleza y de las personas”, expresa una de ellas. A su vez, resaltan que “educar, sobre todo en el ámbito agrario, también es enseñar a cuidar la tierra”. Explican que aún son pocos los vecinos y vecinas que se animan a alzar la voz. También lamentan que “las autoridades no se ponen en la piel de otros humanos, que en este caso son gurises” y señalan que tras presentar denuncias no suelen acercarse para hablar con ellos sobre “cómo se sintieron, qué les pasó”. Piden a los tomadores de decisiones que “cuiden más la salud” de los y las estudiantes. Otro planteo recurrente es la dificultad de poder denunciar las fumigaciones por presiones.
Entre otros aspectos, destacan la dependencia económica de los padres de los alumnos respecto de los rubros productivos que llevan adelante las aplicaciones de pesticidas, y también que los privados no suelen respetar las distancias que establecen las normativas para las aplicaciones cercanas a centros educativos. “Me parece importante poner arriba de la mesa la presión que se ejerce sobre cada maestro rural que ha tenido la intención de denunciar. Me parece que es clave el cero apoyo que se les da a los docentes”, lamenta una de las fuentes consultadas. Solana González, doctora en Educación Ambiental, apunta que las maestras suelen desarrollar “estrategias de protección ante las amenazas”; por ejemplo, ha escuchado que en algunos lugares “tienen que tener un vivero en lugar de una huerta porque saben que se les puede morir todo” por las aplicaciones. Insiste en que vivimos en un país que “debe cuidar a cada una de sus infancias” y llama a que los organismos del Estado, especialmente el Ministerio de Salud Pública, estén más presentes en el territorio. “¿Qué pasaría si mañana se fumiga en una escuela de un barrio privilegiado o en un centro urbano? ¿Dejaríamos que se fumigara a diez pasos de una escuela?”, inquiere.
Las denuncias y las “exenciones”
En 2011, por medio de la Resolución 118/011, el MGAP prohibió las aplicaciones aéreas de pesticidas en todo tipo de cultivo a una distancia inferior a 500 metros del límite del predio de centros educativos y las aplicaciones terrestres mecanizadas en todo tipo de cultivo a una distancia inferior a 300 metros. Entre 2020 y 2026, según datos que brindó el MGAP a la diaria mediante un pedido de acceso a la información pública, la cartera recibió 22 denuncias por fumigaciones que no respetaban la normativa. 15 tuvieron como desenlace una sanción administrativa –aunque no se detalló cuál–, una está en proceso de análisis y en las siete restantes no encontraron irregularidades. Tuvieron lugar en Canelones, Durazno, Maldonado, Treinta y Tres, Artigas, Soriano, Salto, San José, Paysandú, Tacuarembó, Rivera, Lavalleja, Colonia, Rocha y Cerro Largo.
Un detalle que suele pasar desapercibido consiste en que la Resolución 118/011 permite a la Dirección General de Servicios Agrícolas, “previa evaluación técnica”, modificar “la distancia indicada en casos específicos de aplicaciones terrestres mecanizadas”. Los primeros en exponer esta problemática fueron los investigadores Gabriel Giordano y Daniel Pena en un artículo publicado en Zur Pueblo de Voces.
Las empresas que buscan obtener autorización para aplicaciones terrestres de pesticidas a menos de 300 metros de centros educativos deben presentar un formulario en el que les piden datos del solicitante, el ingeniero agrónomo que supervisará la fumigación y la empresa aplicadora. También necesitan datos de la aplicación –como el producto que utilizará y su categoría toxicológica– y datos del centro educativo –número, ubicación, nombre del director o directora y teléfono–. En el formulario del MGAP dice que “no se autorizará productos fitosanitarios de categoría toxicológica Ia o Ib o II”, las más peligrosas según la Organización Mundial de la Salud, y que “la aplicación se efectuará a partir del día viernes, luego de finalizar el horario estudiantil, hasta el domingo o en días de no asistencia estudiantil”. También aclara que se debe comunicar a la dirección del centro educativo que van a hacer la aplicación “con anterioridad de al menos un día hábil”. Por otro lado, obliga a los privados a poner carteles “visibles” donde se diga que hicieron una fumigación con autorización, junto con el día que caduca el permiso, el nombre comercial del pesticida y el “tiempo de espera y de reentrada”.
En el período 2020-2026, según los datos gubernamentales que obtuvo la diaria, centros educativos de 11 departamentos fueron afectados por reducciones de distancias de aplicaciones de pesticidas. En total, el MGAP emitió 100 “exenciones” a privados para que puedan aplicar pesticidas vía terrestre a menos de 300 metros de centros educativos rurales, amparándose en la Resolución 188/011. El 96% de las autorizaciones que otorgó la cartera agrícola –que coincide con 96 permisos– fueron para aplicaciones terrestres a una distancia inferior a 50 metros. La distancia mínima permitida por el MGAP para llevar adelante las aplicaciones fue 10 metros del límite del predio del centro educativo. Entre los permisos, varios centros educativos se repiten en el correr de los años. Si bien se solicitaron los nombres de las empresas privadas que pidieron estos permisos, esta información no fue incluida en la respuesta. la diaria intentó hablar con tomadores de decisión de la cartera agrícola, pero hasta el momento no tuvo confirmación de entrevista. Sin embargo, fuentes del MGAP informaron que las “exenciones” tienen una duración que pueden ir desde seis meses a un año –por ejemplo, en el caso de los cultivos extensivos es de un año– y también transmitieron que “no está previsto modificar” la resolución.
En 2020, 11 escuelas recibieron fumigaciones terrestres mecanizadas a menos de 300 metros con autorización del MGAP. Están ubicadas en Colonia (escuelas 118, 73 y 111), Soriano (escuelas 26, 8 y 94), Canelones (escuela 61 y liceo de Juanicó), Durazno (Escuela Agraria Durazno), Río Negro (escuela 39) y Montevideo (escuela 142). En 2021, las escuelas descendieron a seis. Son de Treinta y Tres (escuela 58), Colonia (escuela 118), Soriano (escuela 94) y Canelones (las escuelas 9 y 61 y el liceo de Juanicó). En 2022, el número de centros educativos aumentó nuevamente a 11. Los departamentos donde están ubicados son Colonia (escuelas 111, 30, 64, 97 y 118), San José (escuelas 17 y 6), Soriano (escuela 94) y Canelones (liceo de Juanicó y las escuelas 9 y 2026). En 2023, fueron diez las escuelas y son de Colonia (74, 111, 61 y 30), Canelones (9, 2026 y el liceo de Juanicó), San José (escuela 6), Cerro Largo (escuela 27) y Soriano (escuela 94).
La cantidad de permisos se duplicó en 2024: las escuelas que tuvieron aplicaciones a menos de 300 metros con autorización del MGAP pasó a 22. Están ubicadas en San José (75 y 37), Soriano (94, 38, 71 y 31), Río Negro (29, 12 y 38), Colonia (111, 74, 73, 116, 25, 127 y 69), Canelones (9 y 2026 y el liceo de Juanicó), Paysandú (68 y 56) y Maldonado (CAIF Terroncito de Azúcar). En 2025, los centros educativos fueron 19 y son de Colonia (escuelas 59, 64, 111, 25, 74, 69 y 127), Soriano (50, 94 y 83), San José (64), Paysandú (68), Río Negro (12, 38 y 29), Maldonado (CAIF Terroncito de Azúcar) y Canelones (escuelas 2026 y 9 y el liceo Juanicó). Desde enero hasta abril de 2026, momento en que la diaria hizo el pedido de acceso a la información pública, el MGAP permitió a privados fumigar a menos de 300 metros de siete escuelas que están localizadas en Colonia (127, 69, 120), Rivera (98, 64 y 125) y San José (120).
¿Hay que modificar esta normativa?
“En términos personales, creo que hay que rever esta normativa. 10 metros es una distancia que no asegura el no contacto con sustancias potencialmente tóxicas que pueden generar problemas de salud agudos y problemas de tipo crónico. Creo que habría que revisarlo, no estoy al tanto del texto de la normativa”, señala Leonel Briozzo, subsecretario del Ministerio de Salud Pública (MSP), a la diaria. Define la problemática como “muy sensible” porque “es fundamental cuidar la salud de todas las personas, sobre todo en el medio rural que, paradójicamente, es el lugar donde se produce la mayor cantidad de riqueza en el país”. “Muchas veces, producto de la exposición a estas sustancias tóxicas, se puede perjudicar la salud, sobre todo de los más chicos en los centros educativos”, expresa. Puntualiza que “ha habido múltiples denuncias por parte de maestras muy comprometidas, no solamente con la parte educativa sino con la salud y la vida de los niños y niñas, que nos han puesto en alerta”. Afirma que están abordando la problemática en el marco del Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático en Salud.
“Hay mucha evidencia sobre el potencial daño que pueden generar estas sustancias en la salud de las personas”
Jimena Heinzen es médica especialista en Medicina Familiar y Comunitaria, magíster en Epidemiología e integrante del grupo de investigación Salud Colectiva y Territorios Rurales de la Universidad de la República (Udelar). En diálogo con la diaria resalta que “si existe una reglamentación, no es deseable que se hagan excepciones”, en referencia a la Resolución 118/011 y la posibilidad de modificar las distancias de las aplicaciones terrestres. La experta apunta que la reglamentación debería “ser mejorada” y que “tiene algunas aristas sobre las que se podría profundizar”. Por ejemplo, detalla que “no contamos con un registro sobre lo que se aplica en Uruguay, ni en tiempo real ni a posteriori”. Saber qué pesticidas se utilizan en cada cultivo o plantación permitiría establecer “qué potenciales efectos tendría en la flora, fauna y salud de las personas”. En nuestro país se han realizado aproximaciones a través de modelos teóricos o estudios epidemiológicos locales. Sin embargo, explica que aún existen debilidades en materia de “derechos de acceso de la población a esta información”.
“Hay mucha evidencia sobre el potencial daño de estas sustancias en la salud de las personas. No es que necesitamos corroborar en Uruguay para empezar a tomar acciones, pero una de las cosas que sí podemos hacer es conocer un poco mejor qué es lo que está pasando acá. Para conocer mejor qué es lo que está pasando acá tendríamos que tener sistemas de información o sistemas de registro de vigilancia en salud que incorporen otras dimensiones y sean integrados”, manifiesta y remarca que es posible comenzar a construirlo. En 2024, Heinzen junto con su equipo académico presentaron una investigación en la sala Maggiolo de la Udelar. Detectaron que las bases de datos de los organismos públicos a las que tuvieron acceso no permitieron caracterizar la exposición de las personas trabajadoras ni cuantificar el impacto en su salud porque presentan “inconsistencias, debilidades y no están integradas”. A su vez, la médica también lideró una investigación que observó una correlación positiva entre la exposición a cultivos que usan agroquímicos y bajo peso al nacer y prematuridad en localidades del litoral oeste de Uruguay. En concreto, trabajó de la mano de 5.735 madres gestantes en 51 localidades de Río Negro, Paysandú y Soriano.
“Las infancias, los seres en desarrollo, son mucho más susceptibles a la exposición a agroquímicos que las personas adultas porque están en una etapa de crecimiento, su metabolismo es mayor y tienen un peso menor. De esta forma, una exposición igual entre una persona adulta y una niña o niño, les afecta de forma diferente. Son mucho más susceptibles”, explica Heinzen. Además, remarca que existen algunas conductas como, por ejemplo, jugar con las manos o en el piso que los hace estar más expuestos a estas sustancias que están cerca.
En este contexto, la apuesta del equipo que integra es “producir conocimiento que permita cuidar a las personas” y enfatiza que “las infancias son particularmente vulnerables”. “Cada vez nacen menos niños en este país. ¿Cómo hacemos para protegerles? Sin duda, dar excepciones para que puedan hacer aplicaciones a 10 metros de la escuela no parece que sea una buena alternativa”, resalta y continúa: “En salud pensamos desde la perspectiva de ‘si fuera yo, cómo me gustaría que fuera la situación’. Es un tema ético, me parece”. Un aspecto que le preocupa versa sobre “qué posibilidades tienen las poblaciones de conocer esto, de tomar decisiones, medidas de prevención”. La especialista no conocía estas exenciones a la normativa y desconoce si, por ejemplo, la escuela puede tomar alguna decisión sobre la aplicación.
Finalmente, consignó: “Nosotros concordamos con una cuestión que plantean Santiago Alzugaray y Rodrigo Arocena. La producción de bienes primarios en nuestro país es algo muy valorado en términos económicos y se invierte mucho en investigación e innovación. La ciencia está produciendo para la producción. Sin embargo, cuando pensamos en la salud de las personas que viven en estos territorios o las personas que trabajan allí, la producción de conocimiento o la posibilidad de investigar sobre eso es mucho más débil y ha sido un campo históricamente relegado. Poner arriba de la mesa estos temas, conversarlos, que haya equipos de investigación dándole visibilidad es una cosa bien importante. Ellos dicen que hay una decisión de qué flores se riegan y por qué se riegan más unas flores que otras. Es decir, cómo hacemos para democratizar el conocimiento. Hay vecinos y vecinas muy movilizados y logran grandes cosas, pero también el resto de la institucionalidad tiene responsabilidad en cómo apuntalar y acompañar”.
Aplicaciones cercanas a centros poblados y las afectaciones por derivas
El MGAP estableció en una resolución de 2004 la prohibición de aplicaciones aéreas en todo tipo de cultivo a una distancia inferior a 500 metros de cualquier zona urbana o suburbana y centro poblado. También están prohibidas “las aplicaciones terrestres mecanizadas de productos fitosanitarios en cultivos extensivos (cereales, oleaginosos y forrajeras) a una distancia inferior de 300 metros de cualquier zona urbana, suburbana y centro poblado”. En el período 2020-2026, la cartera recibió 32 denuncias por aplicaciones que no respetaron estas distancias. 20 recibieron sanciones, dos están en proceso y en las diez restantes no se comprobó incumplimiento. Las denuncias estuvieron localizadas en Canelones, Colonia, Florida, Rivera, San José, Treinta y Tres, Paysandú, Soriano, Rocha, Cerro Largo y Salto.
Por otro lado, la deriva –como planteó el MGAP en el caso de Guichón– no está permitida y los daños son responsabilidad de quien hace la aplicación. Entre 2020 y 2026 la cartera agrícola recibió un total de 137 denuncias por este motivo; 67 recibieron una sanción, 13 están en proceso y en las 57 restantes no se constató falta a la normativa. Hubo denuncias en todos los departamentos del país.