Uruguay viene postergando desde comienzos de siglo el debate sobre si los delitos contra el ambiente deben ingresar al Código Penal. En las sucesivas legislaturas ha habido proyectos de ley que no han tenido éxito. Hasta el momento, quienes generan consecuencias negativas en el ambiente son reprendidos únicamente con multas, suspensiones temporales o advertencias tras verificar los daños. En el marco del Día Mundial del Ambiente, la Usina de Percepción Ciudadana compartió con la diaria una encuesta donde consigna que más de dos tercios de la población piensa que los delitos contra el ambiente graves deberían poder ser sancionados penalmente.
En concreto, 67% manifiesta que “deberían poder ser sancionados penalmente”, 16% respondió que “solo deberían ser sancionados penalmente en casos muy extremos”, 9% dijo que no tiene opinión y 7% afirma que “no deberían ser penados penalmente, sino con sanciones administrativas o multas”. Las personas de alto nivel socioeconómico, los adultos mayores y votantes de la Coalición Republicana son quienes menos consideran que las sanciones deberían ser penales y suelen inclinarse por esta opción únicamente ante situaciones extremas. Otro dato llamativo es que cerca de 1 de cada 10 personas no tiene una opinión al respecto.
Acuerdo de Escazú: casi 7 de cada 10 personas no lo conocen
El Acuerdo de Escazú, que entró en vigor hace cinco años y fue ratificado por nuestro país, obliga a los estados de América Latina y el Caribe a garantizar el acceso a la información, a la Justicia y a la participación pública en la toma de decisiones en asuntos ambientales. Un punto importante es que, además, consagra la protección de las personas defensoras del ambiente. Este hecho cobra especial relevancia en América Latina, la región más peligrosa, donde en 11 años asesinaron a 1.335 personas por defender su territorio. En Uruguay casi 7 de cada 10 personas no conocen el Acuerdo de Escazú. Hay un mayor desconocimiento entre personas de nivel socioeconómico medio, votantes de la Coalición Republicana y aquellos que tienen entre 30 y 44 años. Por otro lado, casi 3 de cada 10 personas están al tanto de la normativa, pero la mayoría apenas lo escuchó mencionar y solo un 7% lo conoce a fondo. Los que tienen mayor conocimiento suelen ser votantes del Frente Amplio, personas mayores de 45 años y de mayor nivel socioeconómico.
En esta línea, 6 de cada 10 personas consideran difícil acceder a información oficial sobre el estado del ambiente en el país. Apenas un 7% de los encuestados cree que es sencillo obtener esta información y más de 2 de cada 10 personas se muestran indiferentes ante el grado de dificultad para acceder a los datos.
A partir de la reforma constitucional del agua impulsada por la ciudadanía en 2004 y la Ley de Política Nacional de Aguas aprobada en 2009, se consagró que la gestión de los recursos hídricos debe ser participativa. De esta forma, se crearon consejos regionales y comisiones de cuenca. Un tercio de las personas encuestadas por la Usina de Percepción Ciudadana conocían las comisiones de cuenca, pero solo el 4% participa. Si bien hay un mayor conocimiento sobre su existencia entre las personas mayores de 45 años, son los jóvenes y los adultos mayores quienes participan más activamente. A su vez, más de dos tercios de las personas carecen de conocimiento sobre las comisiones de cuenca, siendo más común esta situación entre los votantes de la Coalición Republicana y menores de 45 años.
En paralelo, más de la mitad de la población nunca consideró participar en instancias como comisiones de cuenca, audiencias públicas o consultas ciudadanas vinculadas a temáticas ambientales. Poco más de 1 de cada 10 personas han participado en alguna instancia de este tipo, principalmente son residentes del interior del país, mayores de 30 años y votantes del Frente Amplio. Asimismo, más de un tercio de los encuestados expresó su deseo de participar y casi 1 de cada 10 de ellos no supo cómo hacerlo. La Usina de Percepción Ciudadana destaca que, si bien “hay un mayor interés entre las personas del interior y los votantes del Frente Amplio”, son “los montevideanos y los votantes de la Coalición Republicana quienes más han intentado participar”. Otro dato llamativo que se desprende de la encuesta radica en que más de 6 de cada 10 de los jóvenes y de los montevideanos no consideran participar en estas instancias.
Los agroquímicos como parte de “un problema grave que afecta la salud de las personas”
El 61% de la población uruguaya considera que los agroquímicos son parte de “un problema que afecta la salud de las personas”, el 24% define que “afecta la salud de las personas, pero son necesarios para el desarrollo del agronegocio”, el 9% no sabe o prefiere no contestar y el 6% no piensa que sea un “problema significativo”. Al preguntar en qué medida cree que el Estado controla el uso de agroquímicos en Uruguay, la población respondió: 49% que lo hace de manera “insuficiente”, 26% que “no lo controla”, 19% que no sabe o prefiere no contestar y 6% que “controla bien”.
Ficha técnica
El relevamiento fue realizado entre el 8 y el 12 de mayo. Se trabajó con una muestra de 500 personas, representativa de la población mayor de 18 años. La selección de la muestra se efectuó con base en estratos de sexo y edad, siguiendo las proyecciones oficiales del Instituto Nacional de Estadística. La recolección de datos se hizo mediante protocolos automatizados de preguntas y respuestas vía Whatsapp, complementados con un monitoreo telefónico para garantizar la calidad y consistencia de la información obtenida.
