La Red Unión de la Costa (RUC) y Conservación de Especies Nativas del Uruguay (Coendu) emitieron comunicados en las últimas horas rechazando la instalación de un aeropuerto entre el Paisaje Protegido Laguna de Rocha y el Área de Manejo de Hábitats y Especies Laguna Garzón, que son territorios que forman parte del Sistema Nacional de Áreas Protegidas.
En el caso de la RUC, recuerda en el texto que “el propio informe técnico del Ministerio de Ambiente califica el impacto sobre la biodiversidad como de significancia alta”. “La franja costera y el espacio entre ambas lagunas funcionan como corredor de aves acuáticas y playeras, varias migratorias o incluidas en la lista roja de la UICN [Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza]”, describe. A su vez, apunta que entre los riesgos identificados está el aumento del escurrimiento superficial, la contaminación de aguas por derrames de combustibles, la mortalidad de aves por colisión con aeronaves, la perturbación por ruido de despegues y aterrizajes, la contaminación lumínica y el manejo inadecuado de aguas residuales. “La actividad no corresponde al uso rural actual del suelo, por lo que su habilitación requeriría una recategorización que, en la modalidad abreviada prevista, no exige evaluación ambiental estratégica”, insiste.
La RUC valora que el Ministerio de Ambiente “haya exigido la categoría de mayor exigencia ambiental, con estudio completo y audiencias públicas, descartando la clasificación más laxa” solicitada por el Ministerio de Defensa. Sin embargo, destaca que “ningún estudio de mitigación compensa la elección de un emplazamiento que fragmenta un corredor ecológico entre dos áreas protegidas”. Asimismo, los integrantes de la red no se oponen a una infraestructura de este tipo para Rocha, sino a su instalación en entornos frágiles y de “alto valor de conservación”. Por esta razón, piden al Poder Ejecutivo “relocalizar” el aeropuerto “hacia un predio que no comprometa las áreas protegidas ni sus corredores ecológicos, garantizando su participación pública, amplia e informada”.
“Una preocupación que trasciende este caso particular”
Por otra parte, Coendu señala en su misiva que la instalación de un aeropuerto entre las dos áreas protegidas “contradice los principios básicos de conservación que deben regir la gestión de estos territorios”. Entiende que “esta propuesta expone una preocupación que trasciende este caso particular”, que consiste en “la falta de coherencia entre los compromisos de conservación asumidos por Uruguay y las decisiones que se promueven sobre territorios reconocidos por su alto valor ecológico”.
A continuación, esgrime que Uruguay cuenta con un Sistema Nacional de Áreas Protegidas “aún insuficiente para garantizar la conservación de su biodiversidad”. En este contexto, preocupa que, “en lugar de fortalecer la protección efectiva de estos espacios, se planteen intervenciones de gran escala”. “Las áreas protegidas no son espacios vacíos ni reservas de suelo disponibles para futuros emprendimientos. Son instrumentos fundamentales para proteger especies nativas, ecosistemas y procesos naturales que, una vez alterados, no pueden ser recuperados mediante medidas compensatorias”, resalta.
Coendu también pone sobre la mesa que la Laguna de Rocha y la Laguna Garzón “forman parte de uno de los sistemas costeros de mayor valor ecológico del país”. “Sus humedales, lagunas, dunas y montes nativos sostienen una biodiversidad excepcional, incluyendo especies prioritarias para la conservación y aves migratorias que dependen de estos ambientes para sobrevivir”, expresa. Señala que la instalación de una infraestructura aeroportuaria “implica riesgos significativos” y plantea una “contradicción evidente” con la conservación. Declara que la protección de estos sitios no puede quedar “limitada” a una “declaración formal”, sino que implica “garantizar su integridad, asegurar una gestión adecuada y evitar decisiones que comprometan los valores naturales por los cuales fueron creados”.
En este marco, exige a las autoridades “una revisión profunda de este tipo de decisiones” y “una política ambiental coherente con los compromisos asumidos”. “Cuando un país cuenta con pocas áreas protegidas, la responsabilidad no es buscar cómo intervenirlas, sino fortalecerlas, dotarlas de recursos y asegurar su verdadera protección. La existencia de un área protegida debe significar un compromiso real, no una condición que pueda flexibilizarse frente a intereses particulares”, remarca Coendu.