El proyecto de OSE denominado “Ampliación y mejora de la capacidad de abastecimiento de agua potable al área metropolitana de Montevideo” recibió la autorización ambiental previa del Ministerio de Ambiente, según consta en una resolución de la cartera que difundió El País y a la que también accedió la diaria.
En la documentación que estuvo disponible durante la puesta de manifiesto dice que la iniciativa pretende la construcción de una “nueva planta de tratamiento de agua potable independiente de la usina actualmente existente en Aguas Corrientes”. Prevé contar con una capacidad de producción de 200.000 metros cúbicos que “se integrará al sistema metropolitano a través de conexiones hidráulicas y eléctricas asociadas”. “La dependencia de una única planta potabilizadora constituye una condición de vulnerabilidad operativa que el proyecto busca reducir”, dice el texto presentado por OSE. Agrega que “en conjunto con otras medidas de regulación y mejora de la cuenca, permitirá cubrir hasta aproximadamente un 25% de la demanda máxima proyectada” de agua potable.
Además de la nueva planta, el proyecto tiene entre sus componentes: una toma y estación de bombeo de agua bruta, una aductora de agua bruta, un “sistema de espesamiento, acondicionamiento y deshidratación de lodos generados durante el proceso de potabilización”, una subestación eléctrica y más. Se ubicará en la localidad de Aguas Corrientes entre “predios propiedad de OSE, predios privados sujetos a expropiación o servidumbre y fajas públicas existentes”. El plazo total previsto para la construcción y puesta en marcha de la iniciativa es de “aproximadamente 30 meses”.
En el documento presentado por OSE ante la cartera ambiental se detalla que los principales efectos negativos del proyecto están asociados a “expropiaciones y servidumbres que podrían generar una afectación a los propietarios de los padrones” privados, la “potencial afectación del área protegida Humedales de Santa Lucía (y la faja de amortiguación del río de 100 metros) por la presencia de la toma y la estación de bombeo de agua bruta” y la “potencial alteración local de la calidad de agua debido a la suspensión de sedimentos durante las actividades de obra en agua”. Por otro lado, también pone sobre la mesa la “pérdida de vegetación debido al despeje y tala para la implantación del proyecto”, el “potencial atrapamiento o arrastre de peces debido al funcionamiento de captación de agua” y los “cambios en el uso del suelo debido a la existencia de la planta”. Afirma que se “prevé la implementación de medidas de prevención, mitigación, restauración y seguimiento”.
La resolución
En la resolución del 7 de agosto de 2026, el Ministerio de Ambiente le otorgó a OSE la autorización ambiental previa a la iniciativa. Le advierte a la empresa pública que “toda variación que se proponga al proyecto original” deberá ser comunicada y que “el titular del emprendimiento será responsable de la adecuada gestión ambiental en todas sus etapas sin perjuicio de que estas sean ejecutadas por terceros”. Le solicita que antes del inicio de las obras deberá presentar el Plan de Gestión Ambiental de Construcción, que tendrá que “incorporar un plan de intervención y monitoreo ambiental de las obras en el río Santa Lucía y sus márgenes”, un “plan de restauración del bosque ribereño”, un “programa de seguimiento del patrimonio cultural y arqueológico”, un “protocolo de actuación ante hallazgos” y un “plan de comunicación con la población y mecanismo de recepción y gestión de consultas, denuncias y reclamos”.
Por otro lado, “como parte de la solicitud de autorización ambiental de operación, OSE deberá presentar un plan integrado de compensación por la pérdida del espacio, considerando los resultados del estudio de percepción social”. “De constatarse impactos ambientales no previstos originalmente durante cualquiera de las fases del proyecto, el titular deberá proponer medidas de mitigación”, acota.
La iniciativa fue categorizada como “B”, que incluye aquellas “actividades, construcciones u obras cuya ejecución pueda tener impactos ambientales significativos moderados, cuyos efectos negativos pueden ser eliminados o minimizados mediante la adopción de medidas bien conocidas y fácilmente aplicables”. En estos casos debe llevarse adelante, según el Reglamento de Impacto Ambiental y Autorizaciones Ambientales, un estudio de impacto ambiental “sectorial” y no es obligatorio hacer una audiencia pública, aunque sí hubo un período de puesta de manifiesto de la iniciativa donde la ciudadanía podía enviar comentarios a los tomadores de decisiones.