El domingo de noche, al cierre de la instancia pública de dos días en que un conjunto de expertos e implicados en la temática de minería respondió a las interrogantes formuladas por el panel ciudadano, reinaba el cansancio de dos jornadas intensas, pero también la satisfacción de todo el conocimiento acumulado y el modo en que se dio la discusión.
"La actividad superó nuestras expectativas en torno a la tolerancia. Aquí se dio un respeto continuo, todas las presentaciones fueron escuchadas y aplaudidas aunque algunas eran contradictorias o, por lo menos, trataban temas en los que no había una unanimidad de criterios", dijo a la diaria Marila Lázaro, responsable del Juicio Ciudadano.
Destacó también el esfuerzo de los integrantes del panel ciudadano (ver recuadro), compuesto por 15 personas "que desinteresadamente empezaron en julio a tratar cosas por el bien común y no por intereses particulares".
Se lamentó la baja participación de público en general y la escasa presencia de medios de comunicación durante la instancia abierta; las organizadoras dejaron constancia de los intentos por difundir la actividad que no encontraron el eco esperado. De todos modos, el público fue un tanto más numeroso que el año pasado.
Mecanismo
Éste es el segundo juicio ciudadano que se realiza en nuestro país; el primero fue el año pasado, cuando se abordó el tema de la energía nuclear en Uruguay. Al igual que el anterior, fue organizado por la Unidad de Ciencia y Desarrollo de la Facultad de Ciencias de la Universidad de la República (Udelar), y esta vez se sumó el Departamento de Filosofía Política de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Udelar. Los juicios ciudadanos surgieron en Dinamarca hace dos décadas y desde entonces los han incorporado varios países. Son definidos como un mecanismo de participación ciudadana que sirven para tratar aspectos científico-tecnológicos controvertidos que, "aunque afectan la vida de todas las personas, normalmente no trascienden la esfera técnico-política durante el proceso de toma de decisiones". El proceso involucra a tres grandes grupos: un panel ciudadano, compuesto por 15 personas "no expertas ni implicadas en la temática en cuestión"; un panel multidisciplinario de asesores que debe contemplar que la información que la organización presenta a los ciudadanos tenga en cuenta todos los aspectos; y un panel de expertos e implicados que son convocados a responder en la instancia final, que fue la de este fin de semana.
La doble jornada -cuya información puede consultarse en http://www.juiciociudadano.org/mineria/ - fue muy rica por la diversidad y profundidad de información. Las preguntas estaban estructuradas de tal forma que cualquier persona pudiera comprender el tema; se tocaron diversas aristas de la minería en general y de Aratirí en particular, por ser el disparador para desarrollar el juicio.
Los organizadores invitaron a todos los parlamentarios y a las comisiones que estudian el tema, pero ninguno concurrió. Las direcciones de los ministerios involucrados también fueron invitadas; no todas participaron y algunos prefirieron hacerlo por escrito. En varios casos se lamentó la importancia de que quienes respondieron por escrito no hubieran concurrido, para aclarar algunas dudas que surgieron a partir de las exposiciones.
Francisco Da Silva, del Sindicato de Trabajadores de Aratirí, no pudo asistir por motivos familiares, aunque desde el público se indicó que podría haber ido otro representante. Lázaro señaló que, pese a la solicitud, no participó nadie de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto ni de la Comisión Nacional de Patrimonio, y dio cuenta de que hubo quienes también se excusaron por estar involucrados en el análisis de Aratirí, aunque su voz en el juicio era "absolutamente necesaria". Las mineras San Gregorio Orosur SA y Aratirí habían anunciado su decisión de no concurrir.
(In)evaluable
El sábado de mañana se respondió una pregunta formulada a partir de un planteo del ecólogo social Eduardo Gudynas, quien sugirió “hacer bien las cuentas” respecto a la ganancia que dejarían al país “las megainversiones como las de los proyectos mineros”, puesto que deben incluirse “los problemas con el agua, biodiversidad, suelo, costos sociales, etcétera”. La pregunta concreta era: “¿Qué implicaría 'hacer bien las cuentas'?”.
El economista Marcelo Caffera, de la Universidad de Montevideo, explicó que es necesario “internalizar las externalidades”, es decir, que los impactos negativos que arroja una actividad sobre terceros, deben ser considerados como costos del proyecto. En el caso de una empresa minera, indicó que los costos pueden ser la destrucción de suelos, la afectación de la calidad del agua, emisiones atmosféricas, ruido de las explosiones, cambios en el paisaje y hasta el tratamiento médico de los que se enfermen por el desarrollo del emprendimiento. Dijo que no hay consenso sobre qué valor se le pone a cada uno de esos conceptos -en parte por la subjetividad con que puede estimarse cada uno- pero que hacerlo es al menos una aproximación. Indicó que ese cálculo puede requerir la intervención del Estado, de la comunidad o de nadie.
Carlos Santos, antropólogo, sugirió que más que “hacer bien las cuentas” es necesario pensar en “quiénes serán los beneficiarios de los resultados de esas cuentas”. Afirmó que es necesario pensar en cantidad de puestos de trabajo y en la durabilidad de esos puestos, en cuántos otros se pierden, en qué sectores económicos y sociales se benefician y perjudican, en qué medida esas explotaciones “atienden a las necesidades humanas o son una respuesta mecánica al aumento de la demanda de estos materiales con la finalidad de obtener procesos globales de especulación financiera y, en algunos casos, de producción de consumo”. Pensar también en el uso de la reserva minera por parte de las futuras generaciones. Santos propuso “conjugar más en el verbo pensar que en el verbo calcular”, y “mantener la posibilidad de hacer las cosas de una manera diferente, a la medida de nuestras necesidades y en beneficio de los intereses populares”.
La economista Mariela Buonomo, del Centro Latinoamericano de Economía Social, afirmó que deben estimarse los cálculos costo-beneficio a nivel país y que esa tarea debe hacerla el gobierno, aunque en el caso de Aratirí hasta ahora sólo la ha realizado la empresa.
Sostuvo que el análisis debe ser “multicriterio”; que contemple aspectos sociales, ecológicos y naturales. Que debe valorarse la renta de actividades desplazadas, como la turística y agropecuaria, la contaminación, degradación de recursos naturales, pérdida de biodiversidad, los subsidios del Estado en suministro de energía y de infraestructura como las carreteras; también los costos por un “fortalecimiento institucional que el país no tiene” para monitorear y fiscalizar la actividad productiva minera. Propuso pensar en otros escenarios, por ejemplo, ante una sequía “¿qué actividad sería prioritaria para el uso del agua?”.
El tema de costo-beneficio estuvo presente, de fondo, en toda la discusión. Hubo un gran capítulo destinado a pensar qué tipo de desarrollo se busca, en el entendido de que “no es suficiente con el aumento del Producto Interno Bruto” sino que es necesario apuntar a que las personas “disfruten vidas largas, saludables y creativas”, se mencionó a raíz de una de las interrogantes, citando al economista pakistaní Mahbub Ul Haq.
Marcel Achkar, doctor en ciencias agronómicas, repreguntó: “¿Cuánto le va a costar a los ecosistemas? A la escala del ecosistema y en el sitio concreto del emprendimiento le va a costar la totalidad, porque eso implica la desaparición de esos ecosistemas. Desde el punto de vista del funcionamiento a otras escalas es necesario profundizar los análisis, y cuánto le va a costar lo tenemos que pensar desde el punto de vista de la integralidad de los sistemas ambientales. Un mecanismo posible es asignarle un valor monetario a esta integridad, pero esa asignación sería siempre coyuntural y dependiendo de nuestros niveles de conocimiento. Sería mucho más razonable pensar esto desde el punto de vista del funcionamiento en todas las dimensiones de los sistemas ambientales; en la dimensión física, biológica, social, económica, política, cultural, etcétera”.
Lorena Rodríguez, bióloga, mencionó los impactos de contaminación química, metales pesados, acidez, contaminación con fósforo, posible eutrofización, alteraciones biológicas y pérdida de hábitat de especies acuáticas y de las que dependen de ellas. Mencionó ambientes que se pierden, los sitios donde se desvían los cursos de agua, otros que son modificados y otros que sufrirán una reducción importante del caudal que, según dijo, llegaría a ser hasta 33%.
Achkar explicó el funcionamiento del ciclo hidrológico. Mencionó que en la zona minera desaparecerá el suelo, que tiene la capacidad de infiltrar y almacenar el agua de lluvia, lo que hará que en condiciones de sequía haya menor disponibilidad de agua.
Varios técnicos resaltaron que no existe un mapa geológico, conocimiento de los acuíferos y de las aguas subterráneas, ni del funcionamiento de los ecosistemas, y que es necesario tener claro todas esas cuestiones para poder medir y evaluar el impacto de proyectos mineros de gran porte, en los que el país no tiene experiencia.