El 16 de diciembre la Intendencia de Rocha dispuso su demolición por estar "en estado totalmente ruinoso" y representar un riesgo para la población. La resolución departamental abarcaba a otras cinco propiedades que, también situadas sobre la costa, presentaban un estado similar. En el texto se incluyeron conclusiones a las que se llegó después de haber estudiado las estructuras, las cuales definían como difícil la recontrucción del lugar porque había desaparecido el piso donde se asentaban las construcciones. La intendencia dio en aquel momento un plazo de diez días para que los propietarios retiraran los restos y alertaba acerca de que, de no hacerlo, lo haría la administración comunal, solicitando luego el reembolso de los costos.
El 22 de diciembre, un día antes de que comenzara la feria judicial, los propietarios de La Terraza interpusieron un recurso para que no se concretara la demolición; por eso, todo quedó en suspenso hasta el 1º de febrero, fecha en que reabrirán las oficinas judiciales. El miércoles 4 se corrió la noticia de que se iba a demoler ese día, por eso a la tarde veraneantes y lugareños se autoconvocaron para impedirlo, argumentando que aún había posibilidades de salvarlo con una buena reforma.
El alcalde de Aguas Dulces, Raúl Servetto, alcaró que "hay que romper el edificio" porque está en peligro de derrumbe, que muchas veces fue remodelado pero que nunca existió un plano y ya "no es factible" un nuevo reciclaje. Agregó que hubo confusión en torno al tema, pero que la intención del municipio nunca fue que hubiera una "desaparición absoluta", dejando entrever la posibilidad de que haya un nuevo local en ese sitio.
Respecto de las otras propiedades, Servetto sostuvo que "los vecinos tomaron medidas, pusieron elementos para evitar el derrumbe" y que seguramente con eso resistirán hasta una próxima avalancha del mar. Artigas Barrios, intendente de Rocha, explicó que el hecho de que las autoridades comunales no hayan procedido aún al retiro de escombros no quiere decir que no vayan a hacerlo una vez que se agote el proceso judicial.
Al diablo
La costa rochense presenta una enorme cantidad de construcciones costeras sin contar con la habilitación administrativa. Hace más de una década, cuando el balneario explotó turísticamente, se evidenció más todavía la necesidad de hacer un reordenamiento territorial. Cada tanto, la comuna procede a demoler propiedades ubicadas en terrenos fiscales, y la última conocida fue la ocurrida en setiembre del año pasado, en el casco sur de Punta del Diablo, cuando se tiraron abajo 70. El caso fue muy sonado porque muchos propietarios ocuparon sus casas para evitar que eso ocurriera, pero no lograron más que ver cómo la maquinaria iba deshaciéndolas.
Al respecto, Barrios puntualizó: “Por el momento no tenemos previstas nuevas acciones del tipo de las que se hicieron en Punta del Diablo, son cuestiones que se preparan con tiempo”. Pero aseguró que a mediados de año se continuará aplicando el plan de ordenamiento de Punta del Diablo, donde podrá haber más “demoliciones o reubicaciones” para retirar viviendas del área de playa. Especificó que el plan comenzó a aplicarse en 2000, cuando se demolieron 50 viviendas; recordó que luego hubo una nueva tanda entre 2005 y 2006, otra en 2007, y la que se proyecta para 2012 apuntará, igual que la de 2011, a “regularizar la situación en el casco sur”. Y destacó que en la zona donde se eliminaron las últimas estructuras “hoy existen dunas, como existían antes, y unos senderos de madera para facilitar el acceso a la playa”.