El informe es provisorio puesto que hasta finales de noviembre se recibirán aportes de organizaciones de la sociedad civil que trabajan en pro de los derechos de los discapacitados y éstos serán incorporados al documento que sea enviado al Comité de los Derechos de las Personas con Discapacidad en Ginebra.
Allí se rinden cuentas sobre las medidas que ha adoptado nuestro país para cumplir con las obligaciones establecidas en la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. La convención plantea como requisito recibir informes de los distintos países sobre las medidas adoptadas para garantizar los derechos de estas personas y luego de estudiarlos proponer sugerencias y recomendaciones para la mejora de los derechos.
La presentación formal del documento tuvo lugar en el hotel capitalino Kolping. Para algunos de los participantes, integrantes de organizaciones, el contenido no se trató de una novedad, puesto que el trabajo implicó consultas previas a organizaciones no gubernamentales vinculadas a la temática. Asimismo, involucró a diferentes organismos del Estado como el Programa Nacional de Discapacidad (Pronadis), la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio de Educación y Cultura, Salud Pública, el Poder Judicial, el Banco de Previsión Social, la Secretaría de Gestión Social para la Discapacidad de la Intendencia de Montevideo, entre otros.
Base de datos
El ministro de Desarrollo Social, Daniel Olesker, detalló en la apertura de la jornada de trabajo que “en el informe se lee que hay avances importantes y que tiene temas en los que hay que seguir profundizando”. “Es una mirada de lo que hicimos y lo que nos falta, y en la mirada de lo que falta qué cosas nos proponemos hacer”, añadió.
María José Bagnato, directora de Pronadis, sostuvo que el informe constituye “una herramienta sobre todo lo que hay para sistematizar”, a la vez que funciona como “guía de trabajo”. Recordó que 126 países ratificaron la convención que, de alguna manera, plantea “hacia dónde debemos ir, pero el cómo, el cuándo y con qué mecanismos lo debe establecer cada país”.
En diálogo con la diaria, Bagnato calificó el informe como “honesto”, porque al tiempo que señala logros marca dificultades. Una de ellas es la escasa información estadística sobre personas con discapacidad para diseñar estrategias políticas. Esta carencia también la remarcó Federico Perazza, director de Derechos Humanos y Derecho Humanitario del MRE, aunque valoró que en la actualidad se cuenta con datos de la Encuesta Continua de Hogares y de Censos 2011. Al respecto, la directora de Pronadis dijo que la información disponible permite el cruce de datos, pero que “también nos interesaría tener otro tipo de información más específica de cada sector”. Mencionó algunas instituciones que brindan atención médica que comenzaron a generar bases de datos pero todavía falta abarcar más.
Otro aspecto en el que todavía resta profundizar es la promoción de modelos inclusivos, con mayor accesibilidad, aunque sin descuidar la atención específica que necesita cada persona en función de su discapacidad. Reconoció que existen cambios en la concepción de la discapacidad, en cuanto a que pasa de ser una deficiencia a convertirse en un problema social, en el que el ejercicio de los derechos depende del entorno de la persona; sin embargo, todavía “falta transformar algunas estructuras”.
En materia de avances, Bagnato destacó la existencia de una mayor articulación, transversalización y descentralización de la problemática, involucrando diversos organismos e instituciones, y la creación -Pronadis mediante-, de unidades de atención específicas para esta población. A modo de ejemplo, mencionó el Laboratorio de Ortopedia Técnica y la unidad especializada en atención a personas sordas que funciona en la policlínica Luisa Tiraparé (ver la diaria del 27/08/12). En esta línea, el documento contempla la financiación de cursos de lengua de señas para funcionarios públicos, la creación de un fondo de apoyo de un total de 1.200.000 pesos para propuestas innovadoras para la inclusión y la investigación en nuevas tecnologías para personas con discapacidad, y la realización de actividades de sensibilización, formación y difusión para la accesibilidad de mujeres con discapacidad en los servicios de salud sexual y reproductiva, entre otras cosas.
Luego de que el Estado envíe el informe final, en 2013 una comisión internacional arribará a nuestro país y hará recomendaciones y sugerencias para el cumplimiento de los derechos. Cabe señalar que también pueden surgir contrainformes por parte de las organizaciones de la sociedad civil, que planteen contradicciones a los planteos oficiales y que también deberán ser tenidos en cuenta.