Ayer en la tarde, el Consejo Directivo de APU estuvo reunido y, entre otros temas, consideró la regulación de contenidos anunciada por el gobierno en el marco de su “estrategia por la vida y la convivencia”. Según explicó a la diaria su presidente, Daniel Lema, APU considera que el gobierno debe brindar más información acerca del contenido de las medidas y la forma en que serán implementadas. Sobre este punto, Lema indicó que en un principio se había manejado la información de que las regulaciones se establecerían por medio de un decreto, aunque en los últimos días se manejó que quizá se proceda por la vía parlamentaria. El dirigente de APU evaluó positivamente el eventual cambio debido a que los organismos internacionales recomiendan que las regulaciones de los medios de comunicación sean establecidas por ley.
APU además entendió que el gobierno debe impulsar la nueva normativa a partir del diálogo con los distintos actores que están involucrados. Lema opinó que debería convocarse una instancia en la que los dueños de los medios y los integrantes de la sociedad civil puedan ponerse de acuerdo. En los próximos días la Coalición por una Comunicación Democrática también tomará una postura sobre el tema.
En voz alta
Voz y Vos, una agencia que trabaja temas de niñez, adolescencia y medios de comunicación en Uruguay, publicó un informe que pretende explicar por qué es importante regular la relación infancia-adolescencia y medios de comunicación. El informe destaca la importancia de los medios de comunicación como agentes de socialización en las sociedades contemporáneas, entre otros motivos por la atracción y facilidad que la imagen genera en ese proceso. El documento habla de la necesidad de pensar las acciones en un binomio entre promoción y protección, que impulse también elementos educativos del manejo y acceso a los medios.
Finalmente también plantea una falsa dicotomía entre libertad de expresión y protección de la niñez y adolescencia. “En lo relativo a la niñez y adolescencia la libertad de expresión (que también los abarca a ellos y ellas en tanto miembros de la comunidad), se limita (para el caso del ejercicio adulto de la misma) a la consideración y respeto de los derechos a la protección y atención especial de que gozan, por su edad y fase de personalidad en desarrollo”, dice el informe. Además plantea que la libertad de expresión también “debe atender la responsabilidad de no dañar ni vulnerar otros derechos”.