En consulta con el PIT-CNT, el diputado frenteamplista Luis Puig (Partido por la Victoria del Pueblo) presentó en la bancada oficialista un proyecto de ley que establece responsabilidad penal al empleador en caso de que el fallecimiento del trabajador o una lesión grave sea provocada por el incumplimiento de las normas de seguridad y salud. La bancada oficialista mantuvo una reunión con el subsecretario de Trabajo y Seguridad Social, Nelson Loustaunau, y el texto se encuentra en la cartera en proceso de reelaboración para mejorar su redacción jurídica.
El inspector general de Trabajo del MTSS, Juan Roballo, declaró en conversación con la diaria que la construcción es un área en la que la fiscalización es muy importante, “no sólo por denuncias sino también de oficio”. También destacó el ámbito tripartito de cara a la actualización del decreto de seguridad y salud en la construcción, con base en los insumos recogidos tanto de la fiscalización del ministerio como de los actores involucrados.
Roballo adelantó que el gobierno trabaja en un proyecto para que las empresas incumplidoras en materia de seguridad y salud se vean perjudicadas en licitaciones estatales. Para ello se coordina con otros organismos públicos como la Intendencia de Montevideo, entre otros. Con respecto al proyecto de ley de responsabilidad penal de empresarios, sostuvo que Loustaunau está siguiendo de cerca el proceso de elaboración.
Otegui discrepó con dicho proyecto porque entiende que con la legislación actual los jueces pueden actuar e indicó que el SUNCA ya hace denuncias cuando ocurre un accidente. “La ley no va a arreglar nada, va a dar satisfacciones a determinados sectores pero en el fondo el tema es un problema cultural”, opinó. Otegui comparó los accidentes en la construcción con los comportamientos en el tránsito y añadió que si bien se pueden poner penas más severas, “si no cambia la cultura el tema no se soluciona”, concluyó.
El presidente del SUNCA aseguró que solamente un empresario concurrió ante la Justicia por un accidente laboral en Maldonado, pero no tuvo consecuencias penales. Para Rodríguez, la ley va a servir para que “se ponga más atención en el tema”. El impulsor de la iniciativa alegó que “no se pretende resolver un problema sólo de forma punitiva” sino ser un componente de un conjunto de medidas preventivas que incluye la formación y la fiscalización. “Esto es una crónica roja que no tiene la debida discusión ni está en los medios”, apuntó Puig. Consultado al respecto, el director del Instituto de la Construcción de la Farq afirmó: “En el resto del mundo es así, existe responsabilidad penal”.