El viernes 11, el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente (MVOTMA) anunciaba mediante un comunicado que ese mismo día se había retirado la última familia que habitaba el edificio de la calle José Pedro Varela. De esa manera se culminaba la “etapa de relocalización” de las familias que lo ocupaban, 31 en total. Además, se cerró un año de trabajo conjunto entre el MVOTMA, el Ministerio de Desarrollo Social, el Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay, la Administración de Servicios de Salud del Estado, la Intendencia de Montevideo (IM) y la Defensoría del Vecino.
A pesar de haber permanecido unos siete años ocupado y totalmente descuidado, el edificio sigue en pie. Fernando Rodríguez, defensor del Vecino de Montevideo, adelantó en diálogo con la diaria que la estructura es rescatable, por lo que no habrá que demolerla.
Vecinos complicados
Al caminar por la avenida José Pedro Varela la edificación en cuestión se distingue fácilmente. No es muy alta pero está en muy mal estado. Se destaca del resto de las construcciones porque la mayoría son casas o edificios de apartamentos bajos y éste tiene cinco pisos. El color beige de sus paredes está muy desgastado, así como la hilera de baldosas celestes ubicadas del lado de lo que hubiera sido la entrada principal del edificio.
Al mal estado en general se suman algunas ventanas tapiadas y una gran montaña de basura en la parte exterior. Es así que un antiguo sillón que supo ser marrón da la bienvenida a quien pasa por afuera. Detrás de él se extienden otros residuos: restos de sillones de mimbre, sillas de plástico, zapatos de niño, suelas de zapatos de adulto, bidones de agua, botellas, retazos de ropa y trapos, entre muchas otras cosas. Todo está contenido por un tejido de alambre.
Dentro del edificio también abunda la basura. Tierra, maderas, papeles, cartones, y otros tantos restos de objetos rotos. En el corredor que da acceso a las viviendas todavía algunos muebles aguardan por sus dueños. Hay un canasto y, junto a él, una muñeca sin un brazo, una chancleta y una media. Hay además un mediotanque chiquito, un sillón y una mesita. El guardia de seguridad que cuidaba ayer de mañana el edificio explicó que la última familia que se retiró volverá por esos objetos, porque no los pudo cargar en el camión de la IM dispuesto para las mudanzas.
En una rápida recorrida por la planta baja, que invitaba poco a ser transitada, era inevitable cuestionarse cómo alguien podía vivir en esas condiciones. Muchos son cuartos que ahora permanecen completamente oscuros pero que en su momento supieron estar iluminados porque los habitantes del lugar se habían “colgado” a la conexión de electricidad mediante un cable precario.
En algunos rincones donde ingresa luz natural se ven manchas de hollín. No faltaron los ocupantes que hicieron asados o cocinaron dentro de los dormitorios, ni tampoco los que decidieron quemar algunas de las piezas con todo adentro en un acceso de furia.
A pesar del estado ruinoso en el que se encuentra el edificio, el guardia de seguridad consultado enfatizó que muchas eran familias trabajadoras o “gente de bien”. Limpiaban vidrios, trabajaban en ferias, hacían changas e incluso se desempeñaban en la construcción. Manifestó conocerlas porque el edificio permanece custodiado desde julio de 2012.
Vivieron allí también ocupantes “de los otros”, pero los guardias no tuvieron ningún problema con ellos. Además, cuando se instaló la seguridad en el edificio “los más complicados ya se habían ido”.
No obstante, la opinión de los vecinos de las casas del fondo, que comparten una de las paredes linderas, difiere de la del guardia. Una vecina consultada por la diaria no dudó en afirmar que posiblemente hubiera “gente bien” pero algunos “eran unos completos inadaptados”. Garrafas de tres kilos y bolsas de basura son algunas de las cosas que llegaron a caer sobre su techo. Además, la pared lindera absorbió las aguas servidas. Calificó la convivencia como “espantosa”. Duró siete años; al principio el edificio funcionaba como “desguazadero”, pero con el tiempo comenzó a ser habitado por familias ocupantes. Valoró que el viernes hayan salido los últimos habitantes, pero criticó la falta de acciones tomadas desde el principio, ya que recordó que el edificio estaba prácticamente terminado y que algunos apartamentos habían sido comprados. Un poco a la fuerza y sin que las obras hubieran finalizado, sus propietarios ingresaron a vivir al principio, pero cuando comenzó a tugurizarse tuvieron que irse. En ese momento nadie les dio una solución al tema de la vivienda y “ellos mismos tuvieron que pagarse otro lugar donde poder ir a vivir”, indicó.
Una opinión similar tiene otra vecina que se vio menos afectada por las aguas servidas pero hizo referencia a la invasión de moscas y mosquitos que generó la acumulación de basura a pocos metros de los dormitorios. Detalló el largo camino emprendido por ella y otros vecinos que se movieron para reclamar que se tomaran medidas. Cuestionó la inversión que hace la IM al pedir que se den vuelta cacharros que acumulen agua para evitar el mosquito del dengue, cuando ellos tenían en las ventanas de sus casas “una mina de infección”.
Además, manifestó preocupación por lo que pueda llegar a ocurrir en el exterior del edificio: hay personas que siguen durmiendo a la intemperie, y los vecinos temen que lentamente el número aumente. Ayer sólo un hombre permanecía sentado en las afueras del edificio, rodeado de un poco de basura.
Mejoras
El defensor del Vecino, cuyo cargo se extendió hasta fines de 2012 y ahora una comisión evalúa el trabajo del período y una posible renovación, explicó que la defensoría tomó contacto con la situación en 2009 y que en el último año se redoblaron los esfuerzos para desocuparlo. Contó que originalmente el edificio estaba casi pronto y que faltaban la instalación eléctrica, el saneamiento y los ascensores, entre otras terminaciones, pero por la crisis de 2002 no se pudo terminar. Con el paso de los años le fueron robando distintas piezas y aumentaron las complicaciones, con lo que se generaron dos problemáticas.
Por un lado, “la situación de alta precariedad en la que vivían los ocupantes”, sin saneamiento, conectividad formal a la electricidad y al agua potable, y “la depreciación de la zona y el entorno”. Ante la situación de emergencia, ya hace tiempo que cada pocos días se juntan las aguas residuales acumuladas, para que afecten lo menos posible la estructura central y las linderas. En los últimos tiempos se revisaron las posibilidades de realojo de las familias, a las que se les dio una garantía de vivienda para poder alquilar y un subsidio por tiempo determinado.
Actualmente el edificio es administrado por República Afisa (privados en acuerdo con el Banco República) y está en los planes venderlo íntegramente. Circuló la versión de que hay organismos públicos interesados en comprarlo para la instalación de oficinas.
En cuanto a la problemática que generan las fincas abandonadas, Rodríguez recordó que de 2010 en adelante el tema de la vivienda ocupa el primer lugar en las denuncias que recibe la Defensoría del Vecino. Dijo que hay 500 edificios en esas condiciones y como posible solución mencionó el proyecto de ley de inmuebles abandonados propuesto por el diputado Alfredo Asti (Asamblea Uruguay) en 2012.
Consultado sobre los avances registrados, Asti señaló que la propuesta permanece en la Comisión de Constitución, Códigos, Legislación General y Administración de la Cámara de Representantes, y que la bancada frenteamplista lo considera prioritario. De aprobarse, la Justicia tendrá potestades para declarar una finca como abandonada -en caso de no haber propietarios ni acreedores que se hagan cargo-, y el Estado podrá rematarlo y apropiárselo, según la situación, y volcarlo al mercado de viviendas.
Las vecinas reconocen el desalojo como un logro luego de muchos años en los que, en más de una oportunidad, pensaron en mudarse; no quisieron hacerlo porque consideraron que ellos estaban “cumpliendo con la ley” y eran los otros los que estaban en infracción.