El nuevo orden de prelación en la retención de salarios y jubilaciones que establece el proyecto de Ley de Inclusión Financiera “prioriza el crédito del banco con relación a la cooperativa”, según voceros de las cooperativas de consumo. Son más de 1.200 puestos directos de trabajo los que están en riesgo, advirtió a la diaria María de los Ángeles Dati, secretaria de la Federación Uruguaya de Cooperativas de Consumo (FUCC). Los trabajadores se movilizarán este jueves en las afueras del Palacio Legislativo, cuando el proyecto de ley empiece a ser tratado en el Parlamento.
La iniciativa pone en un mismo nivel de prioridad a cooperativas de ahorro y crédito y de consumo y a los bancos comerciales a la hora de retener los haberes de quienes toman créditos al consumo. “No se puede tratar igual lo que es distinto”, afirmó Gerardo Montes, asesor de las cooperativas de consumo. Sostuvo que esta definición generará que las entidades cooperativas no sólo tengan “serias dificultades de cobrabilidad de sus créditos”, sino que la banca privada será favorecida porque podrá captar al trabajador desde que percibe el ingreso salarial hasta la obtención de préstamos, y tendrá la “prioridad” para realizar la retención.
En la exposición de motivos del proyecto de ley, elaborado por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), se prevé “un cronograma gradual de aumento del ‘intangible’, es decir, del porcentaje mínimo del sueldo que no se puede afectar por retenciones directas sobre la nómina, pasando del 30% actual, hasta el 50% en 2016”. La intención de la secretaría de Estado es “proteger el salario y las jubilaciones, evitando que se los pueda comprometer en proporciones significativas”, afirma el documento.
La disposición perjudica a las cooperativas de consumo, según Dati, porque “tenemos menos espacio para descontar” y, por otra parte, “la banca privada se quedará con [la herramienta] de la que nosotros fuimos pioneros”, dijo. En tanto, Montes recalcó que más de 90% de la cobranza en las cooperativas de consumo proviene de la retención. “Si se sube el mínimo no imponible, ¿cómo hacemos con las operaciones ya celebradas?”, se preguntó. Para Montes, además, la disposición de aumentar este mínimo no imponible “limita la libertad de los socios”.
Montes aclaró que el sector está “de acuerdo” con la inclusión financiera porque colabora con una menor evasión fiscal. Sin embargo, entiende que el proyecto limita las posibilidades de desarrollo del cooperativismo en el sistema de crédito al consumo. “Si hay una crisis internacional, cuando colapsa el sector público financiero, los trabajadores no pueden acceder al crédito y el sector privado se contrae, son las cooperativas las que pueden inyectar crédito”, justificó. “Queremos un sector financiero público y privado fuerte, pero también un sector cooperativo fuerte; si no se le permite retener, se le corta el financiamiento propio”, advirtió.
Arma mortal
El proyecto de ley establece la reducción de dos puntos del Impuesto del Valor Agregado (IVA) para las compras con tarjetas de débito u otros instrumentos similares a partir del tercer mes de aprobada la ley, al tiempo que se faculta al Poder Ejecutivo a disponer una reducción adicional de dos puntos de IVA el primer año y un punto el segundo para las compras de hasta 4.000 unidades indexadas (UI) que se realicen mediante dichos instrumentos. También se lo faculta a disponer una reducción de dos puntos de IVA el primer año y un punto el segundo para las compras de hasta 4.000 UI que se realicen con tarjetas de crédito.
Según Dati, el descuento del IVA “no tiene fundamento a lo largo del tiempo; sin embargo, es letal” para las cooperativas de consumo. De acuerdo al articulado, dicho descuento se producirá en las compras con tarjetas de crédito o débito, y éstas son emitidas por el sistema bancario y no por las cooperativas. Por su parte, Montes recordó que hace 14 meses, a instancias de la discusión de la Ley de Ajuste al Sistema Tributario (Ley 18.910), el Parlamento atendió el reclamo de las cooperativas que quedaban fuera de los descuentos del IVA, creando un “instrumento análogo”. Sin embargo, dijo Montes, esa excepción realizada no es contemplada por el proyecto de inclusión financiera.
De Guatemala a guatepeor
Las cooperativas de consumo, creadas principalmente por funcionarios estatales, viven una coyuntura desfavorable. Según el Censo Nacional de Cooperativas y Sociedades de Fomento Rural, realizado entre 2008 y 2009 por el Instituto Nacional de Estadística, “la desaparición de cooperativas se observa principalmente en la modalidad consumo en el interior del país, donde quedan inactivas más de la mitad de las unidades”. Actualmente, son 15 las cooperativas de consumo y nuclean a 140.000 socios. La desaparición de estas empresas está vinculada con la “apertura del comercio en las grandes superficies y la facilidad para llegar al crédito”, mencionó Dati. “Las tarjetas más importantes dependen de los bancos y te facilitan créditos al consumo, y estás compitiendo con esas empresas que tienen un lobby que no podemos tener nosotros”, afirmó.
Para Dati, el gobierno debería “atender” que las cooperativas proporcionan un trabajo “digno” a sus empleados. “Estamos terminando la negociación en los Consejos de Salarios, dentro del grupo Comercio. Se está peleando por llegar a 12.000 pesos, mientras que en las cooperativas el sueldo más bajo es de 18.000”, detalló. Los salarios en la estructura financiera de las cooperativas de consumo tienen una incidencia de entre 50% y 70%.