La geografía cambia completamente cuando dejamos la ciudad y nos adentramos hacia el norte de Montevideo, en el Municipio D. El verde del campo se adueña del paisaje. Se ven menos autos y las calles se angostan. Al dejar la avenida José Belloni y doblar en camino Petirossi, sobresalen sólo las gigantes antenas de la Estación Terrena Rastreadora de Satélites de Manga que opera Antel. De golpe, da la sensación de estar en alguna localidad del interior del país. Sin embargo, en auto se está a poco más de media hora del centro capitalino.
Las cuatro personas con las que nos cruzamos caminan a ambos lados de la calle asfáltica y muy estrecha, tanto, que debemos aminorar la marcha para dar paso a un carro tirado por un caballo que circula adelante. Pocas casas, muy distantes unas de otras, y un hostel es todo lo que se ve hasta llegar al asentamiento Manga 2002, un kilómetro en pendiente hacia el noroeste, donde viven alrededor de 250 familias.
Es lo que hay
En el predio rural funcionaba Dalky SA, una fábrica de chapa de cartón asfáltico. En 1997 el Banco Francés cedió un préstamo a la empresa que hipotecó la finca, de poco más de tres hectáreas. Al retirarse de plaza el Francés y Dalky no abonar el préstamo, el inmueble quedó en manos del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA), entidad española que en Uruguay nace a principios de 2002 de la fusión de aquél y el Banco Exterior de América SA Argentina.
En 2001 el terreno fue ocupado por cinco familias que no tenían donde vivir. Un año después, en plena crisis, la ocupación aumentó. Los primeros vecinos que habitaron cuentan que en aquella época “no había calles” y era “todo barro”. “Salíamos con bolsas de nylon para no ensuciarnos y a veces ibas a trabajar, te caías y tenías que darte vuelta para cambiarte de ropa”, contó María Pereyra. Hoy son unas 250 familias, la mayoría con no menos de dos hijos.
En diálogo con la diaria, Cecilia Cairo, integrante de la Comisión de Asentamiento de la Junta Departamental (JD), explicó que de los 430 asentamientos que hay en Montevideo, 15 % se ubica en terreno rural, y de ésos, casi todos pertenecen a propiedades privadas.
“Éramos conscientes de que el terreno no era nuestro, pero no teníamos casa”, reconoció María. “Cuando nos metimos dijimos: ‘Que sea lo que Dios quiera’”.
Nancy Olivera relató cómo llegó al asentamiento: “En la casa donde estábamos [con su familia], cerca de acá, pagábamos alquiler y se nos inundaba. Mi marido me dijo un día que en este predio había terrenos a la venta. Un vecino que había ocupado nos vendió uno con cuatro vigas a 15.000 pesos”. Con la certeza de que no era del vecino y sin tener idea de a quién pertenecía, era la única opción. “Es lo que pasa en todos los asentamientos”, señaló.Esteban Baica, otro vecino, agregó que “el sin tierra tiene que luchar por lo que hay”. Nancy se empleó como doméstica con cama para juntar peso a peso y construir su casa. “No me compraba ni ropa interior, era todo para la casa”, aún con la incertidumbre, siempre presente, de la ilegalidad del terreno. Cada familia fue construyendo a su manera y de acuerdo a lo que su bolsillo le permitía.
Si bien los ocupantes se instalaron, en su gran mayoría, con sólo “cuatro palos” y luego edificaron viviendas de chapa y madera, muy precarias -como todos los asentamientos-, hoy las casas lucen diferentes; son todas de material. Las hay de dos pisos, con varias manos de pintura y algunas con porches. “Preferimos hacer el sacrificio de juntar plata un mes más y hacerla de material”, narró Nancy. Porque además, dijo María, “vimos que teníamos que tratar de mejorarlas porque nosotros los adultos vivimos igual abajo de un puente, pero acá hay muchos niños”.
Lento pero seguro
En 2001 los habitantes de Manga 2002 intentaron averiguar a quién pertenecían los terrenos para tramitar la legalización. Pero “agarraron el camino equivocado, porque la intendencia no les iba a solucionar nada”, afirmó Daniel Durán, en referencia a la comisión de vecinos que funcionaba en ese entonces. Además, “contrataron a una abogada conocida que nos quería cobrar 400 pesos por mes (por familia) sólo para ver si era viable legalizar y hasta llegaron a decir que no había solución”.
El desasosiego se acrecentó al recibir tres notas de desalojo. Sin bajar los brazos, la actual comisión de vecinos, que funciona hace un año, fue al Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente que los derivó a la JD.
El catastro nacional confirmó que el terreno pertenecía al BBVA. “Pedimos una entrevista con el banco y les planteamos las posibilidades que tenían quienes vivían en el asentamiento”, explicó Cairo, quien a su vez, reconoció “un acuerdo tácito entre todos los partidos políticos” a la hora de tratar y solucionar un tema “tan sensible” como lo es la vivienda, en este caso, de los vecinos de Manga.
Pero la noticia cayó como un balde de agua fría para los ocupantes: “Cuando nos enteramos de que el predio era propiedad de un banco, todos dijimos: ‘hasta aquí construyo’”, añadió Daniel. Las expectativas de conservar lo construido hasta el momento empezaron a desvanecerse, a pesar de que los habitantes “siempre estuvieron dispuestos a comprar el predio”, según confirmó Cairo a la diaria.
Sin experiencia organizativa alguna, los vecinos debieron formar una asociación civil con personería jurídica, la cual denominaron Manga 2002 (año en que se instaló la mayoría de las familias), para negociar con el BBVA, que, según Cairo, “no es lo mismo” que hacerlo con un banco estatal porque “una banca financiera está para ganar dinero y recuperar sus activos”. Sin embargo, “nos sorprendimos porque no sólo aceptaron escucharnos, sino que entendieron la situación de los vecinos y designaron a un abogado para elaborar el proyecto”.
El 15 de junio, día en que la diaria visitó Manga 2002, Cairo les entregó la copia del acuerdo que establece que la asociación civil “pagará 4.200.000 pesos en 60 cuotas mensuales”, lo que según la edila, corresponde aproximadamente a 350 pesos al mes por cada familia, durante cinco años. “El abogado le dio el visto bueno, falta que el escribano de la JD lo vea”, les dijo Cairo a los vecinos. “Esto es un alivio”, sentenció Daniel, porque entre otras cosas, “te da la confianza de seguir construyendo”.
Entre San Juan y Mendoza
El asentamiento Manga 2002, hoy “un barrio más consolidado”, está cercado por las calles camino Petirossi, pasaje Washington Silva, Carlos A López y continuación Achar. Visto en el mapa, un cuadrado perfecto. Poco más de un kilómetro hacia el oeste se encuentra la avenida Don Pedro de Mendoza y, hacia el este, también a un kilómetro, la avenida José Belloni. Ésa es la distancia que todas las familias caminan a diario para acceder a una policlínica, una farmacia o a la escuela. Y los liceos “están más lejos”, aclaró Nancy. Sólo un ómnibus, la línea 149, pasa por Carlos A López, cada una hora, a veces cada más. “Tenés que saber la hora exacta para que no lo pierdas”.
No tienen saneamiento, y luz, a medias. Mediante un cablerío que sobresale en las columnas, “una conexión mal hecha y te quema todo”, dicen algunos. “Si prendés varias estufas de noche te baja la tensión horrible”, dijo otra vecina.
No obstante, iniciados los trámites y con el acuerdo firmado, los vecinos de Manga 2002 quedan habilitados para pedir a UTE la luz y los contadores, ya que, según explicó la edila, al tener el compromiso de compra-venta y estar pagando “tienen derecho” al servicio.
Para acceder a un supermercado también deben caminar un kilómetro cuesta arriba, pero eso no es un gran problema, porque en el almacén de Lourdes Centurión, ubicado en camino Peterissi, lo tienen todo.
Con el delantal puesto y abandonando los quehaceres, Lourdes salió a recibir a la diaria.
Nació en la zona y “vi cuando se desarmó la fábrica”. Hace pocos años abrió una empresa unipersonal para instalar el almacén, que atiende casi los 365 días del año de 7.00 a 22.00. No es el único del barrio. Hay cerca de 20 y “todos, más o menos, tenemos lo mismo”, pero es el único que permite a los vecinos abonar con tarjeta de crédito o con la tarjeta alimentaria del Ministerio de Desarrollo Social. Con esos beneficios, Lourdes quiso “marcar la diferencia” para “ayudarlos”, al igual que lo hizo el BBVA. Ahora resta confirmar que el escribano acepte el acuerdo y concretar las firmas de todas las partes, para empezar, de una vez, a pagar la vivienda de cada uno. Ese sueño por el que lucharon durante más de diez años que, cuando se haga realidad, los dejará dormir tranquilos.