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Oficialismo reclama revisar sectores de la economía que han tenido “ganancias extraordinarias”; se comenzaría con el Estado

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Si bien desde el equipo económico reconocen el crecimiento en las ganancias del sector, también alertan sobre sus “políticas suicidas” en materia económica.

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Tras la finalización del Consejo de Ministros de ayer el titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Danilo Astori, anunció que el salario mínimo aumentará en 2016 de 10.000 pesos a 11.150. El ministro aseguró que ante un contexto económico “complejo” es importante ser “prudentes”. “Los trabajadores tienen que pensar muy bien en qué se van a gastar el aumento, ya que les va a alcanzar para comprar dos o tres cosas”.

Desde el PIT-CNT aseguran que los trabajadores que perciben el salario mínimo efectivamente ya están empezando a calcular en qué gastarán esos 1.150 pesos de aumento, y la opción más frecuente es “antidepresivos que permitan superar la difícil situación de ganar una miseria”.

Varios dirigente del Frente Amplio consideran que las permanentes exhortaciones a la prudencia por parte del equipo económico auguran “dificultades” a la hora de elaborar el presupuesto quinquenal, por lo que ya preparan sus argumentos para evitar una política del gasto restrictiva. “Hay que evaluar la situación de los sectores que en todos estos años han registrado ganancias extraordinarias”, aseguró un legislador oficialista, y puso como ejemplo “la industria maderera, la soja y el Estado”.

Si bien desde el equipo económico coinciden con este análisis en los dos primeros casos, hay matices con respecto al tercero. “Es cierto que el Estado recauda mucho. Pero no hay que olvidar que se trata de un sector en el que se gasta mucho, por ejemplo, en aumentos salariales que provocan reacciones en cadena mediante las cuales la mitad de los funcionarios públicos del país se llenan de oro”, aseguró Astori.

Pero fuentes del MEF aseguran que la visión que existe allí del sector estatal es “bastante más crítica” que la que se expresa a nivel público. “No hay que olvidarnos de las políticas suicidas del Estado. Es imposible que un sector que promueve actividades que contaminan el agua y después tiene que gastar millones de dólares en potabilizarla se sostenga mucho tiempo. Tarde o temprano va a entrar en bancarrota”, aseguró un funcionario de la cartera.

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