“En las elecciones de este domingo se votó a los nuevos concejales de los municipios y también se eligieron los proyectos del barrio”, informó Teledoce el mismo día de las últimas elecciones de concejos vecinales. Pero la confusión no estuvo presente sólo en la prensa: algunas destacadas autoridades señalaron ante cámaras la importancia de una muy buena elección del tercer nivel de gobierno. Confundir la palabra “vecinal” con la palabra “municipal” no sería un gran problema si no entrañara desconocimiento de la normativa y también de la asignación de roles de cada organismo.
El Concejo Municipal es un órgano ejecutivo, un cuerpo colegiado de gobierno del tercer nivel, del cual surge, por ser el candidato más votado, un alcalde que lo integra; los concejos vecinales son organizaciones sociales. Los primeros fueron creados por la Ley de Descentralización Política y Participación Ciudadana de 2009, existen en todo el país y son electos en el mismo acto de votación que el segundo nivel de gobierno.
Los segundos son elegidos en la misma instancia que los proyectos del Presupuesto Participativo, existen sólo en Montevideo y son organizados por la Intendencia de Montevideo y los municipios, pero su área de funcionamiento corresponde a la vieja división de Montevideo en 18 zonas.
El imaginario colectivo de los 90
La confusión es fundada. En el imaginario colectivo frenteamplista, la estrategia que emana del Documento Nº 6 del Frente Amplio (FA) propuso avanzar hacia una democracia participativa por medio de la creación de asambleas deliberantes zonales, que devinieron luego en concejos vecinales.
Se visualizaba como pobre que hubiera sólo un mecanismo de consulta quinquenal a la ciudadanía y se impulsaban mecanismos de participación, iniciativa, control y transparencia por parte de la sociedad civil.
La idea de democratizar la vida social, política y económica de nuestro país se sustentaba en el objetivo de cambiar las relaciones de poder. Un país en el que las grandes decisiones las tomaban, en la capital, las familias patricias de siempre, con anclaje en el capital financiero, industrial, rural o comercial, requería “una nueva geometría” entre centro y periferia, dirección y base, gobernantes y gobernados. Un nuevo equilibrio que privilegiara las necesidades y potencialidades de la gente y que compensara las presiones de las grandes corporaciones. Las funciones de los concejos vecinales incluían el asesoramiento, la iniciativa, el control, la evaluación y la colaboración en la gestión, la organización y la promoción de actividades culturales sociales y deportivas.
Sin embargo, los decretos departamentales y las leyes nacionales, consensuados entre los partidos, culminaron luego de un proceso de décadas con una Ley de Descentralización, que creó el tercer nivel de gobierno o gobierno de cercanía a nivel nacional -los municipios- y reprodujo el carácter de democracia representativa del resto de la pirámide de gobierno. Acompañada, a lo sumo, por la posibilidad discrecional de la autoridad de convocar a cabildos abiertos de información y consulta anual.
Por otra parte, la función de proponer e incidir en el presupuesto departamental fue normatizada por medio del Presupuesto Participativo. Los concejos vecinales quedaron, así, como una rémora de tiempos pasados, colocados en una suerte de no-lugar entre lo institucional y lo social.
No se los reconoce como organizaciones sociales completamente autónomas, pero tampoco son órganos consultivos o legislativos municipales a nivel territorial.
Debates entre frenteamplistas
La propuesta del gobierno departamental de instalar el voto electrónico para el Presupuesto Participativo 2016 dio pie a un fermental debate entre los vecinos y los organismos que se ocupan de la descentralización en Montevideo.
¿Cómo debe ser organizada la participación ciudadana para el control y el seguimiento de la gestión pública? ¿Cómo los vecinos pasan de ser demandantes pasivos a ser ciudadanos partícipes?
Los interrogantes dejaron en evidencia el desconcierto y la ausencia de estrategias claras, pero quedaron planteadas las cuestiones que deberán pautar el debate del próximo período en materia de construcción democrática. Un tiempo en el que los concejos vecinales tienen un rol a jugar desde lo social.
Acostumbrados a los viejos clubes de barrio, los partidos tradicionales no tienen ese problema y se han decidido a ocupar los espacios que crearon las políticas de descentralización impulsadas por el FA.
Aproximadamente la mitad de los candidatos a concejal vecinal en las elecciones recientes responden a los partidos tradicionales. Al mismo tiempo, se observó un comportamiento de aparato del Partido Nacional, que encartó las papeletas con sus candidatos marcados junto a los proyectos de Presupuesto Participativo, mayoritariamente vinculados a clubes privados, y se aseguró así lugares de ascendencia dentro de los concejos vecinales. Por otra parte, mientras que para los frenteamplistas los concejos vecinales son lugares devaluados, los militantes de los partidos tradicionales ven en la descentralización un buen lugar para hacer carrera política.
Lo que sucede con la descentralización es un buen ejemplo de lo que Boaventura de Souza Santos llama “el dilema del poder constituyente”.
Ha habido un constitucionalismo de avanzada en América Latina, pero sin vigilancia popular; una Constitución es papel mojado, afirma.
Si bien no estamos acá hablando de normas constitucionales, ha habido en nuestro país un impulso democratizador que se expresa en la descentralización, pero si no lo llenamos de convicción, contenidos y propuestas innovadoras, lo consume la inercia de lo ya instituido.
El rol sustantivo de los concejos vecinales (aún desprovistos de algunas de sus funciones iniciales) no ha sido ocupado por ningún otro organismo. Mantienen el rol de escucha, de generador de actividades próximas a las necesidades de la gente, de visualización de demandas. Fueron el punto de apoyo de las organizaciones de usuarios de la salud. Han sido y pueden ser organizadores de amplios debates en materias sensibles.
Un salto cualitativo imprescindible debería ser la articulación de políticas transversales en territorio. Existen ya en los diferentes barrios redes mixtas de organizaciones sociales e instituciones de gobierno que constituyen un entramado destinado a coordinar las políticas públicas referidas a la pobreza, la violencia, la promoción de la salud, el cuidado del ambiente y la mejora de la convivencia.
Allí deberán estar los concejales vecinales de todo pelo y color, aumentando la calidad de nuestra democracia.
Adriana Cabrera Esteve