Las fuerzas conservadoras, dice el antropólogo peruano Jaris Mujica, han tenido que reinventarse para generar nuevos mecanismos que le permitan insertarse en el juego político y social de las postrimerías de la modernidad. Parecería que han tenido que revisar sus tácticas y renovarse en sus estrategias para seguir siendo conservadores y enfrentar con nuevos bríos los cambios impulsados por las “hordas” feministas y de la disidencia sexual y de género, que libremente pretenden ejercer sus derechos.

Conectadas con movimientos conservadores de extrema derecha de Estados Unidos y Europa, las expresiones nacionales de estos grupos en los países de Latinoamérica y el Caribe se organizan, y amplifican sus manifestaciones públicas, repitiendo un esquema de acciones, discursos y consignas elaborados desde centros de producción estratégica argumentativa y comunicacional, como lo es España para su Iberoamérica. Sus nuevos blancos de ataque son los movimientos feministas y de la diversidad sexual, y restauran las mismas tácticas utilizadas durante la Guerra Fría para combatir a quienes ponen en riesgo el orden establecido, se resisten a la imposición de sus creencias, cuestionan sus intereses y privilegios, y se organizan para transformar la realidad.

Los históricos grupos antiaborto son también los más recientes anti educación sexual y anti diversidad sexual, los que no pueden tolerar otra forma de familia más que la tradicional y les aterrorizan las personas trans. Son los que no reconocen la violencia e injusticia de género pero sí sustentan un discurso de inseguridad y militarización de la sociedad para combatir la delincuencia. Son los que no quieren que niños y niñas accedan a información que les permita saber sobre sexualidad mientras en sus instituciones religiosas se acumulan multiplicidad de denuncias de abuso sexual. Son profundamente anti derechos sexuales y reproductivos, y su sola mención los descontrola. En el ámbito de la Organización de las Naciones Unidas se han unido para impedir que los derechos sexuales sean reconocidos en los acuerdos y documentos. Sólo en América Latina no pudieron impedirlo, y en el Consenso de Montevideo, adoptado en la Primera Conferencia Regional de Población y Desarrollo (CEPAL, 2013), no sólo se los reconoce como derechos sino que se proponen medidas para garantizarlos e indicadores para medir los avances y resultados cada tres años.

Además de los cometidos políticos y los intereses económicos de los sectores alineados detrás del modelo neoliberal más devorador, también en el paquete viene incluida la recristianización del continente. La fórmula se completa con políticos no muy lúcidos pero ambiciosos, empresarios inescrupulosos y fuertes y, como no podría ser de otra manera, por los representantes más reaccionarios de las Fuerzas Armadas. Este modelo también se repite, como hemos podido constatar en estudios realizados en diez países de América Latina; el de Uruguay estuvo a cargo de Mujer y Salud en Uruguay (MYSU), y los resultados que presentaremos en abril dan cuenta de la red de conexiones y propósitos comunes que los mueven.

El concepto acuñado desde la iglesia católica como “ideología de género” se instala rápidamente en la región por medio de distintos actores políticos (el primero en usarlo en un discurso público fue el ex presidente Rafael Correa en Ecuador). Voceros del Vaticano, como el arzobispo Daniel Sturla, y el pastor Jorge Márquez, de la iglesia Misión Vida, y sus diputados por el Partido Nacional fueron los pioneros en Uruguay. En Argentina, algunos que no son pastores pero dan sus conferencias país por país como si lo fueran revisten el discurso de ropaje académico, tergiversando conceptos y plagando sus presentaciones de groserías y discursos ofensivos hacia lesbianas, feministas, homosexuales y personas trans, en particular. Periodistas y articulistas de medios de comunicación también han dedicado sus notas a explayarse en contra de la tal supuesta ideología y los cometidos perversos, diabólicos, al servicio del imperio, de la CIA o de la KGB, de los grupos que la impulsan.

En Perú y Ecuador las marchas de los grupos antigénero son más multitudinarias que lo que logran juntar estos grupos en Uruguay, pero los pasacalles, los colores que utilizan, las consignas, los discursos, y hasta los intentos de desprestigiar a las organizaciones feministas y de la diversidad, son exactamente iguales.

Uruguay puntea entre los países que más cambios han procesado hacia esta “nueva agenda de derechos”. Es el país donde ellos más han naufragado en impedir los cambios en todos estos asuntos que tanto les irritan. Sin embargo, no cesan en sus intentos de derogar lo promulgado. No aceptan el resultado del acuerdo democrático logrado, combaten la implementación de los servicios, y ya es explícita y pública su intención de restaurar el sistema de prohibiciones y condenas, si llegan a gobernar y obtienen la mayoría parlamentaria.

Se aglutinan de manera amorfa, por intermedio de infinidad de grupos sin registro ni estructura, junto con históricas instituciones de gran porte, como la iglesia católica y las iglesias evangelicalistas1, cada vez más poderosas económicamente y con fuerte ambición de controlar las instituciones y los presupuestos del Estado. En principio, su vínculo suele ser con partidos conservadores, de derecha o ultraderecha, aunque también pueden insertarse en cualquier sector del espectro político que les acepte su agenda antigénero y anti derechos sexuales y reproductivos.

En las negociaciones políticas, las fuerzas conservadoras fueron muy contempladas por el Poder Legislativo y lograron, por ejemplo, que se recortaran sustantivamente los alcances del proyecto original de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo. Además, se las han ingeniado muy bien para, mediante sus vínculos con diversos espacios de poder, obstaculizar el funcionamiento de los servicios, en particular en las áreas de la educación y la salud. Así lo indican los altos porcentajes de profesionales que rechazan brindar servicios legales de aborto por sus creencias personales, o de los que fueron a manifestarse en contra de atender los requerimientos en salud para personas trans, reclamando “objeción de conciencia”. El cuerpo como territorio político y la intervención de la tríada ciencia-iglesia-Estado actuando para su dominación.

En el sistema judicial también cuentan con sus operadores, que no dudan en anteponer sus creencias para desconocer la ley, como lo dejó en claro la jueza Pura Concepción Book al interferir en el proceso legal de una mujer joven durante su aborto, llegando a nombrar un abogado de oficio para que ejerciera la defensa del feto.

Obviamente, lo que pretenden conservar los conservadores en esta época de cambios es el control del sistema de dominación. Control material y simbólico de los cuerpos. “El cuerpo es el receptáculo del biopoder, el espacio en el que se debaten las políticas, en el que el Estado ve sus límites y los sujetos reclaman sus libertades. Sin embargo, es también el cuerpo sobre el que los sujetos deciden y el cuerpo que es regulado por las políticas. Es el centro de una tensión que, lejos de terminar, empieza con el nuevo siglo, son el centro de una batalla que acaba de comenzar”.2

Aunque esta lucha tiene larga historia.

Lilián Abracinskas es activista feminista, directora de MYSU.


  1. Evangelicalismo es una definición de Boaventura de Souza para diferenciar la Tercera Ola del pentecostalismo o del neopentecostalismo, que se define especialmente por tener medios de comunicación y bancadas en el Congreso.  

  2. Mujica, J. (2007). Economía política del cuerpo. La reestructuración de los grupos conservadores y el biopoder. Centro de Promoción y Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos, Lima.