Aristóteles sostiene que la democracia no es el gobierno de todos, sino que en verdad es el gobierno de los pobres. Es la única forma de gobierno en la que los pobres tienen “la sartén por el mango”. Y lo es por una única razón: es el gobierno de las mayorías, y en todos lados los pobres son mayoría y los ricos minoría. Pero ¿cómo hacen los pobres, que son mayoría, para acceder al gobierno? Es simple, diría Aristóteles: si se deja participar en la democracia a la mayoría, esta votará por sí misma. El gobierno de las oligarquías sólo puede existir con una ciudadanía restringida.
Pero no es tan simple. Aun con ciudadanía universal y elecciones libres, sin restricción a la formación de partidos, el dinero de los ricos continúa determinando la posibilidad de que los pobres (representados, en general, por los partidos de izquierda) lleguen a la arena pública, se hagan conocer y consigan formar gobierno. El hecho de que Lula da Silva y Evo Morales hayan llegado al gobierno muestra que se puede. Pero siglos de gobiernos de ricos (en general, vinculados con la derecha) muestran que lo contrario es lo más probable.
Las relaciones entre dinero y política se transformaron en un tema cuando hubo política de masas: mientras la política estuvo reservada a los notables (la oligarquía de Aristóteles) y no hubo sufragio universal, las relaciones entre dinero y política no eran cuestionadas. Simplemente, mandaban las clases altas. Las cosas se complicaron cuando los gobiernos empezaron a estar formados por partidos políticos elegidos con participación de todo el mundo. Y más aun desde que la relación entre política y ciudadanía, en sociedades de masas con alfabetización universal, está intermediada por los llamados “medios masivos de comunicación”.
Los partidos políticos, profesionalizados en administrar el poder desde hace décadas o siglos, dependen crecientemente de cuadros rentados para mantener una estructura organizativa capaz de sostener las tareas de gobierno (nacional, departamental, municipal, local) y “activarse” en cada elección. ¿Por qué? Primero: los cuadros rentados están las 24 horas del día para eso (los militantes lo hacen en los tiempos libres). Segundo: disponen de información privilegiada y contactos que les permiten circular con éxito en la compleja maraña gubernamental y política. Tercero: no son propensos a discutir las órdenes dictadas por sus jefes; las acatan. Los militantes tienden a ser más rebeldes, menos sujetos a órdenes; su participación es más volátil y dependiente de sus propias ideas o preferencias. Finalmente, quienes ocupan cargos rentados trabajan para mantener y reproducir la estructura que les da sustento, y se vuelven fuertes sostenedores del statu quo.
En Uruguay, todos los partidos tienen militantes rentados, porque todos disfrutan de una porción de poder, por pequeña que sea. La Unidad Popular tiene su banca parlamentaria, y el Partido Independiente una porción aun mayor, en virtud de que ocupa cargos otorgados por el gobierno. Desnudar las relaciones entre dinero y política exige desnudar esta compleja trama organizativa de los partidos políticos en Uruguay, a la cual ninguna ley de financiamiento de partidos ha tocado ni tiene previsto tocar.
La segunda fuente de financiamiento tiene que ver con los votos. El Estado uruguayo paga dos tipos de retribución que benefician a los menos privilegiados del sistema político, y favorece así “la democracia de los pobres”. En primer lugar, como financiamiento permanente, paga a los partidos con representación parlamentaria una partida anual de 4 unidades indexadas* (UI) por cada voto obtenido en la última elección nacional. El dinero correspondiente a la obtención de un diputado, por ejemplo, puede servir para alquilar un local, pagarle la luz y el agua, y poco más. ¿Cómo se financian, entonces, las campañas políticas? El Estado paga a los partidos el equivalente a 87 UI (296 pesos, es decir, menos de 10 dólares) por cada voto emitido a su favor en la última elección nacional, 10 UI (34 pesos, poco más de un dólar) en caso de una segunda vuelta, 13 UI (44 pesos, 1,42 dólares) para los comicios departamentales y 13 UI también para las elecciones internas. Uno puede pedir plata prestada en función de los votos que piensa obtener, pero el dinero que proporciona el Estado no da para hacer una gran campaña. A modo de ejemplo, en las elecciones internas de 2014, mi precandidatura fue financiada casi enteramente por estos aportes estatales. Se destinaron 194.239 pesos (8.445 dólares en mayo de 2014) a publicidad en radio y 11.822 dólares a publicidad en televisión (9,35 minutos en total, sumados los tres canales, en tres semanas).** Esto hace evidente que las campañas publicitarias en televisión son financiadas casi por completo con donaciones privadas de las que no conocemos prácticamente nada: ni los montos, ni las características de los donantes, ni la forma en que se distribuyen entre los partidos.
Los grandes medios contribuyen de otra manera a las campañas, visibilizando a los actores políticos en forma completamente arbitraria, sin que eso tenga relación con el poder político o electoral de cada uno, y determinando el signo (positivo o negativo) de esa visibilidad. Por supuesto, también influyen en el voto de otros modos más indirectos, básicamente a través de lo que eligen divulgar acerca de lo que pasa en política.
Las relaciones entre dinero y política no son transparentes ni públicas: el acceso de partidos y candidatos a los medios de comunicación es arbitrario y opaco y está sujeto a unas relaciones de poder absolutamente desconocidas para la inmensa mayoría de los ciudadanos. A su vez, el grado en que los partidos dependen del acceso a los recursos del Estado vuelve completamente inoperante -y finalmente inútil- cualquier discusión seria sobre la reforma del Estado (ya que ninguna reforma, por definición, podría privar a los partidos de las parcelas de poder de las que dependen para existir, en todas las jerarquías de todos los entes públicos). Empezar a transparentar las relaciones entre dinero y partidos es un paso imprescindible para empezar a tomar medidas que impliquen el control público de estos. Algo a lo que no solamente los partidos sino también los grandes medios de comunicación se niegan, sin que la Justicia ayude en este caso, como lo muestra la sentencia de inconstitucionalidad contra el reparto equitativo y proporcional de la publicidad electoral.
- Al día de la fecha, 1 UI equivale a 3,40 pesos, o sea, 0,11 dólares.
** Por más información, ver: http://constanzapresidenta.com.uy/noticias/costo-total-campana-constanza-las-elecciones-internas.