El diputado del Frente Amplio Darío Pérez dijo, hace unos días, que el gobierno desoye a la academia al aprobar la Ley de Riego. La denuncia encuentra a varias asociaciones preocupadas por el medioambiente alineadas con informes científicos. Sin embargo, no todos los reclamos amparados bajo el paraguas del “ambientalismo” deberían estar bajo él. Podría ponerse de ejemplo la reciente ley que prohíbe por cuatro años hacer fracking en Uruguay: si bien es un reclamo tratado como una cuestión prioritaria por algunos colectivos, desde la ciencia se ha demostrado que, mientras no haya petróleo, menos puede haber fracking.
Estas reflexiones, que podrían aportar a un debate sobre cómo el activismo, la ciencia y la política se relacionan, en Argentina están a la orden del día, sobre todo desde que el científico Ricardo Villalba, ex director del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (Ianigla), fuera procesado a partir de una causa abierta por la asociación ambientalista Jáchal No Se Toca, a raíz del derrame de cianuro de la empresa Barrick Gold en la provincia de San Juan. La causa se dividió en dos: la acusación a la empresa y a las autoridades provinciales por el derrame, y una denuncia contra Villalba, ya que, mientras él era director del Ianigla, se realizó el relevamiento de los glaciares argentinos que, según una ley que encuentra a Villaba como uno de sus impulsores, deben ser protegidos contra cualquier acción minera o emprendimiento dañino. Las causas corrieron distinta suerte: mientras que los empresarios mineros y las autoridades provinciales fueron sobreseídos (y la minera continúa operando), Villalba fue procesado con embargo de bienes y prohibición de salir del país.
Para Jáchal No Se Toca, el científico es responsable porque la metodología que empleó para realizar el Inventario Nacional de Glaciares sólo incluyó los hielos de más de una hectárea, lo que dejó fuera a los glaciares pequeños que están en la proximidad de la mina operada por Barrick Gold. Si Villalba los hubiera incluido, argumentan, la mina no se podría haber instalado y, por tanto, no habría habido un derrame de cianuro. El argumento ha sido rebatido por la comunidad científica, tanto argentina como internacional, y la noticia fue reflejada con amargura en las prestigiosas revistas Science y Nature. En un comunicado emitido la semana pasada por el gobierno de Mendoza, el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet) y la Universidad Nacional de Cuyo, se afirma que “los procedimientos utilizados y los informes técnicos realizados, han sido realizados con estricto rigor científico y técnico, representan un avance notable en el conocimiento de las reservas de agua congelada de nuestra cordillera, destacándose inclusive a nivel internacional”. Pero para la Jáchal No Se Toca, “el director del Ianigla dice fundarse en estándares internacionales, nosotros como Asamblea pensamos que eso fue un error. Debían prestar servicio a la ley nacional y no a proyectos internacionales de inventarios mundiales, ni basar su metodología en ello”. Por otro lado, el comunicado de apoyo al científico terminaba diciendo que si bien no pretenden inmiscuirse “en la tarea del alto Poder Judicial”, es de interés que Villalba “continúe con sus valiosos trabajos en pos de una mejor calidad de vida de toda la Argentina”.
Y agrega: “Entendemos, nosotros más que nadie, que existen procesos de mejora para receptar los cambios de paradigma actuales. Y es justamente allí donde necesitamos a personas como el Dr. Villalba, quien forma parte de la comunidad científica argentina desempeñándose en el sector público y quien es un ejemplo de comportamiento científicamente estricto, ético y responsable”.
Villalba cuenta con una sólida trayectoria; incluso ganó el premio Nobel de la Paz de 2007, ya que formaba parte del Panel Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) que compartió con el estadounidense Al Gore. Sin apelar a ese galardón, Villalba mantuvo su perfil bajo y, en declaraciones a una radio mendocina, dijo que le llama la atención que “en la causa principal, Barrick ha quedado exenta y sobreseída y todo termina con un instituto de investigación que ha apoyado la protección del ambiente”. También fue cauto al adjudicar intenciones: “Si el fallo se debe a presiones mineras o intereses políticos, o a intereses particulares de algunos grupos querellantes que están siguiendo esta causa, para mí es difícil de determinar. Lo que me resulta extraño y difícil de entender es que, habiéndosele explicado al juez claramente los criterios usados para el relevamiento de acuerdo a criterios internacionales, se haya establecido el procesamiento, a través de mi persona por haber sido director, contra una institución, contra la ciencia del país”. En la audición, Villalba terminó diciendo que “esto es un avance contra la ciencia ambiental del país” y que “se está poniendo en juicio la credibilidad del sistema científico argentino”. La causa ahora será apelada.