“Si algo hicimos este último año las 19 personas que integramos el Conicyt, fue dedicarle tiempo a esta propuesta de proyecto de ley de gobernanza del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. Nuestra primera reunión fue el 26 de diciembre del año pasado”, dice Mariana Boiani, directora de Investigación y Desarrollo de la Universidad Tecnológica (UTEC) y actual presidenta del Consejo Nacional de Innovación, Ciencia y Tecnología, el Conicyt del que habla.
Así es. Mientras todos estábamos aún con la reseca de las fiestas, allí estaban en el Conicyt discutiendo hacia dónde ir de la mejor manera. No querían dejar pasar el tiempo: el Senado, al aprobar la Ley de Presupuesto a fines de diciembre de 2025, había agregado un artículo, el 73, que decía así: “Encomiéndase al Consejo Estratégico Ministerial del programa Uruguay Innova, la Secretaría Nacional de Ciencia y Valorización del Conocimiento y el Consejo Nacional de Innovación, Ciencia y Tecnología, la elaboración en conjunto de un proyecto de ley integral sobre el diseño institucional del Sistema de Ciencia, Tecnología e Innovación”. El artículo agrega que, “una vez elaborado el proyecto correspondiente, lo elevarán al Poder Ejecutivo en un plazo de ciento veinte días corridos, para que lo remita al Poder Legislativo”, y aclara que “el plazo se contará desde la fecha de promulgación de la presente ley y podrá ampliarse por 60 días”. El Legislativo, si se quiere, no les dejaba tiempo que perder.
Nicolás Wschebor, para abril, había declarado como presidente del Conicyt que la intención era llegar a mediados de junio con una propuesta de proyecto de ley que ordenara el sistema científico. También adelantaba que era probable que no se llegara a un texto 100% consensuado entre el Conicyt y las otras dos reparticiones a las que se les había encargado su redacción, por lo que el Legislativo podría recibir no un único texto, sino uno con opciones a considerar. Eso fue lo que pasó.
Los plazos se estiraron al máximo y finalmente, el 19 de octubre, la Secretaría Nacional de Ciencia y Valorización del Conocimiento (Senci) hizo llegar al Ejecutivo la propuesta de proyecto de ley, anexando además la propuesta del Conicyt, ya que en varios puntos no pudieron acordar un texto único. “Si los parlamentarios terminaron pidiendo que se incluyera ese artículo 73 para que se trabajara en esto, deben haber entendido que era necesario dar un poco más de discusión sobre la gobernanza del sistema de ciencia y tecnología que la que se podía dar en el marco de una ley de presupuesto”, sostiene Mariana Boiani. “Creo que no es equiparable la relevancia que le da la gente a la ciencia con el tiempo que se le ha dado a pensar cómo va a ser su gobernanza, a cómo se va a organizar y a cómo se va a hacer su política”, agregó. Pues bien, ahora el Parlamento tiene la oportunidad que pidió para pensar esto con mayor detenimiento.
la diaria accedió al texto del Proyecto de Ley de Institucionalidad de Ciencia, Tecnología e Innovación elevado por la Senci a Presidencia, así como al último borrador del proyecto de ley acordado en el seno del Conicyt. Veamos entonces cuáles son los acuerdos y qué diferencias presentan para ver el punto de partida que el Legislativo tendrá si se propone avanzar finalmente en un diseño institucional de Ciencia, Tecnología e Innovación (CTI) que tenga una mirada un poco más larga que la del gobierno de turno. De paso, veamos algunos comentarios de la presidenta del Conicyt y agradezcamos al secretario de Ciencia, David González, que, como andaba representando a nuestro país en un encuentro de ciencia en Madrid, no pudo acceder a una entrevista pero sí ayudó a evacuar algunas dudas de forma remota.
El futuro en manos de una Secretaría Nacional de Ciencia
En las propuestas de cambio de institucionalidad del sistema presentadas hay algunas diferencias y discrepancias, pero también una gran serie de acuerdos. Para empezar, se llegó al acuerdo de que, por ahora, lo mejor es mantener una secretaría y no ir hacia la creación de un ministerio u otra forma de gobernanza.
Tal vez lo que resume el espíritu constructivo de esta búsqueda sea que la Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología se sigue llamando Senci, en ambos proyectos, pero pierde también en ambos lo de “valorización del conocimiento”. En un país que resetea la institucionalidad, este detalle de que la sigla permanezca muestra cierta intención de cambiar solo aquello que permita mejorar, pero tratando de preservar al mismo tiempo lo que se pueda de lo que ya hay y que funciona bien. “Sí, eso de mantener la sigla es un ejemplo de eso”, coincide Mariana. “La postura que tuvimos desde el principio en el Conicyt fue tratar de aprovechar esto como una oportunidad para darles más valor y fortaleza a las cosas. Nuestra gran preocupación fue la de lograr una estructura que se mantenga en el tiempo y que sirva de sostén. Venimos de tiempos en los que se ensayaron distintas estructuras, una secretaría que se creó sin apoyo, que luego fue removida por el gobierno siguiente, que apuntaló el rol de una dirección dentro del Ministerio de Educación y Cultura, luego se vuelve a crear una secretaría con este gobierno, tras manejarse ideas de crear un ministerio de ciencia, entre otras propuestas. Queríamos hacer una propuesta que realmente tuviera solidez”, comenta. “A lo que se planteó en la Ley de Presupuesto le veíamos algunas desventajas que entendíamos que era oportuno modificar. Por ejemplo, que la secretaría dependiera de Presidencia. Y por allí fuimos”, explica Mariana sobre la diferencia entre la propuesta que podríamos llamar “oficialista”, es decir, la presentada por la Senci y el Programa Uruguay Innova, y la que acordó el Conicyt pero no llegó a un texto único con sus otras dos contrapartes.
“Para nosotros que la Senci dependiera de Presidencia es una debilidad institucional, porque entendemos que eso facilitaba, por un lado, el que se fuera rápidamente ante posibles cambios de gobierno y, por otro, quedaba por fuera del control parlamentario. Modificar eso, entendíamos, les daba más robustez a la estructura y al ámbito de gobernanza de esta estructura”, comenta. “Nuestra propuesta es que la secretaría sea un desconcentrado del Ejecutivo, que dependa o actúe por medio de algún ministerio, y que el Consejo de Ministros sea el que designe al secretario y a los otros dos directores que integran este desconcentrado. Pero no hay una dependencia de Presidencia, sino del Ejecutivo, lo que hace que en cierta manera sea interpelable”, precisa. “Como la Senci va a estar en el Ejecutivo, pero va a depender de algún ministerio, ese ministerio va a ser el que responda por la Secretaría y su ministro podría ser interpelado”.
Tres más que uno
“También pensamos una Senci, que si bien tiene una jerarquía de un secretario, funcione con una estructura tripartita. La idea es que esas tres personas puedan abarcar mejor los distintos ámbitos de la ciencia y la innovación. De esos tres integrantes, uno será el secretario”, detalla Mariana sobre otro de los puntos en los que hay diferencias entre la propuesta elaborada por el Conicyt y la elevada por la Senci al Ejecutivo.
“Para esas personas ponemos algunos requisitos. Tienen que tener un perfil en la investigación o en la innovación y el emprendedurismo, buscando la complementariedad”, señala Mariana. En la propuesta de la Senci también hay algunos requisitos para quien vaya a ser secretario nacional de Ciencia e Innovación: “Deberá tener conocimientos y experiencia relevante en investigación científica, amplio conocimiento del sistema científico uruguayo y experiencia en gestión de organizaciones científicas o académicas”, detalla el texto del proyecto de ley.
¿Independencia del consejo?
“Otro cambio importante que proponemos es que la Senci dejaría de depender del Consejo Estratégico Ministerial del programa Uruguay Innova, que es de donde depende hoy en día, que es como un gabinete reducido del Consejo de Ministros”, sostiene Mariana. “Nosotros proponemos que esta estructura desconcentrada pueda generar su política y lineamientos, trabajando con algunos de los ministerios o por motu proprio, pero sin depender de un consejo”, agrega.
Incluso, por extraño que parezca, en el actual Consejo Estratégico Ministerial del programa Uruguay Innova el Secretario Nacional de Ciencia tiene voz pero no voto. Eso cambia en el proyecto de ley elevado en acuerdo entre la actual Senci y Uruguay Innova. Por un lado, el consejo pasa a llamarse “Consejo Estratégico Ministerial de Innovación”, cuyo objetivo es ser un “espacio interministerial de articulación, así como de canalización y repercusión de las propuestas promovidas por la Senci y el Programa Uruguay Innova”. En ese nuevo consejo, según el texto presentado, el secretario o secretaria nacional de Ciencia e Innovación pasa a tener voz y voto. También dice que en él “participará con voz, pero sin voto el director/a del programa Uruguay Innova”.
¿La innovación para dentro o fuera de la Senci?
Otro de los cambios propuestos por el Conicyt es que la innovación pasa a ser cometido de la Senci, y no se mantiene esa estructura actual que pone por un lado a la ciencia y la investigación en la Senci y por otro a la innovación dentro del programa Uruguay Innova (una “bicefalía” que fue criticada por varios actores del ámbito de la política de la ciencia y la innovación). En la propuesta del “oficialismo” se crea una Dirección de Innovación dentro de la Senci, pero se mantiene el programa Uruguay Innova. En la del Conicyt se va un poco más allá: la innovación es resorte 100% de la Senci. Y si se quiere seguir con el programa Uruguay Innova, deberá depender de la Secretaría. “Desde el Conicyt no planteamos nada respecto del cierre o la continuidad del programa Uruguay Innova. Sí entendemos que la secretaría per se tiene las capacidades para ejecutar programas que tengan que ver con la ciencia y la innovación. Por lo tanto, si tenemos un programa como hoy en día es Uruguay Innova, vinculado con la promoción de la innovación, entonces es la secretaría la que debería ejecutarlo y no corresponde que se ejecute por fuera de ella”, comenta Mariana.
“Entendemos que esa división genera una cierta duplicidad de funciones, que es lo que queremos evitar. Hoy operativamente está ocurriendo de esa manera y, si bien se plantea que hay una muy buena coordinación, nosotros pensamos al mediano y el largo plazo. Una estructura y un ordenamiento institucional no pueden depender solo de una buena coordinación que haya en determinado momento entre determinados funcionarios. Tenemos que asegurarnos que si esas dos cosas tienen que trabajar juntas, entonces deberían estar contenidas en el mismo lugar”, fundamenta Mariana.
Laboratorios de investigación e innovación en el Estado
Una grata coincidencia entre ambos proyectos es que instan a la creación y el fortalecimiento de laboratorios o departamentos de innovación o investigación en las empresas del Estado, en ministerios y en distintos organismos. Eso tiene dos funciones: por un lado, personas capaces de dialogar con el sistema de CTI y, por otro, de relevar las demandas de CTI del Estado. “Desde el Conicyt entendemos que la política tiene que bajar a la práctica. Hay organismos que dan lineamientos, pero para que esos lineamientos se puedan ejercer realmente tiene que haber capacidad dentro de las instituciones para llevar adelante las acciones y, a su vez, para poder demandar incluso más necesidades de capacidad de investigación, o fondos de investigación, o actividades de investigación y de innovación”, comenta Mariana.
“Para eso las instituciones tienen que contener esas capacidades internamente. Hoy en día muchas empresas públicas tienen áreas o agencias destinadas a investigación o a innovación, por lo que en muchos casos nos estamos proponiendo crear nuevas reparticiones. En algunos casos, quizás habría que definir algún área o algunas personas que estén más vinculadas con la temática de investigación o de innovación dentro del organismo. Pero sobre todo lo que proponemos es crear un grupo de coordinación que trabaje con los referentes de esas estructuras para ir haciendo la bajada de la política a la práctica”, explicita Mariana.
“La idea es generar esa articulación, que hoy en día no existe de forma institucional. Así que, por un lado, pedimos que todas las instituciones públicas generen o definan unidades, áreas, oficinas, laboratorios vinculados con actividades de innovación y investigación, y a su vez conformamos un grupo que va a estar coordinado por la propia secretaría para poder trabajar iniciativas, identificar necesidades y generar agendas de trabajo entre los distintos organismos del Estado”, remata Mariana. Crucemos los dedos por que los legisladores y legisladoras puedan ver las ventajas de algo así.
¿Y ahora qué?
La Senci le hizo llegar la propuesta de proyecto de ley, con la del Conicyt anexada, el 19, al Poder Ejecutivo. ¿Cómo sigue el asunto ahora? ¿Qué puede pasar en el Parlamento? ¿Puede entrar el proyecto de ley y, como pasa con muchos otros, nunca ser tratado? “Estamos cerca de fin de año. Y esto tiene que entrar al Parlamento, se tiene que empezar a tratar, se tiene que discutir, se tiene que votar. Ya estamos con tiempos muy acotados”, dice, con cierta preocupación, Mariana. “Lo ideal sería llegar con esto discutido y aprobado antes de la próxima rendición de cuentas. De lo contrario, este ordenamiento no sería posible en este período. Esa es nuestra preocupación ahora. Sabemos que es muy difícil, porque debe haber muchos temas para discutir en el Parlamento y cuesta mucho realmente que estos temas sobre ciencia e innovación se hagan lugar”, confiesa.
En la propuesta del Conicyt es explícito ese plazo: “El diseño institucional de la presente ley deberá entrar en vigencia el 1° de enero de 2028. En la Rendición de Cuentas de 2026 se incluirán las asignaciones presupuestales para la financiación de los nuevos organismos creados en la presente ley”, reza el texto. En la propuesta de la Senci y Uruguay Innova, solo se señala en el artículo 51 que “el diseño institucional de la presente ley deberá entrar en vigencia una vez se encuentren vigentes las asignaciones presupuestales para la financiación de los nuevos organismos creados en la presente ley”. “En una región donde la mayoría de los países ya tienen sus ministerios de ciencia e innovación hace años, acá estamos discutiendo cuál va a ser el diseño de la gobernanza de ciencia y tecnología. Capaz que en otras cosas de la institucionalidad nos destacamos mucho, pero en esto venimos bastante atrasados. Nos ha costado y nos sigue costando que realmente se aborde el tema”, dice Mariana.
Con este mar de fondo, lo peor que podría pasar, para cualquiera de las dos propuestas, es que pase el tiempo y no se trate ni vote ninguna. “Sí. Sería muy negativo que el tema no llegara ni siquiera a suscitar la discusión necesaria. Cualquier propuesta puede ser perfectible, pero que las propuestas no susciten la atención suficiente para ser discutidas me parece la peor alternativa”, reconoce Mariana.
De cierta manera, el Parlamento pidió y ellos, el Conicyt, la Secretaría Nacional de Ciencia y Valorización del Conocimiento y el Programa Uruguay Innova, cumplieron. La pelota ahora volvió a nuestros representantes. Si no patean al arco, no vale luego decir que la ciencia es indispensable para el desarrollo y el futuro del país.