El Senado argentino tuvo una jornada extensa ayer. En la mañana juraron 23 de los 24 senadores que fueron electos el 22 de octubre y que asumirán sus bancas el 10 de diciembre. Entre ellos estuvo la ex presidenta Cristina Fernández, que fue la que más aplausos recibió al ser mencionada, a tal punto que la vicepresidenta Gabriela Michetti, que dirigía la sesión, pidió que se hiciera silencio. “Gracias, así escuchamos todos”, dijo cuando los aplausos se apagaron.
El regreso de Fernández al Congreso, donde ya ocupó un escaño en el Senado entre 2004 y 2007, es seguido de cerca por los medios argentinos, que informan, por ejemplo, que concurrió al Senado acompañada por diputados electos de su formación, Unidad Ciudadana, y no con familiares. Además, Fernández rechazó el auto que ofrece el Congreso a los senadores para que lleguen a la jura y dijo que optaba por llegar caminando porque quería “tener contacto con su gente”, informó el diario Clarín citando a allegados a la ex gobernante. Decenas de personas se reunieron en el frente del edificio para saludarla antes de que ingresara.
Se manejó la posibilidad de convocar a una movilización para acompañarla, pero Fernández pidió que, en lugar de eso, las personas fueran a la movilización que se hizo de tarde contra las reformas previsional, laboral y tributaria que impulsa el gobierno de Mauricio Macri. Miles de trabajadores acudieron a esa protesta –convocada por las dos facciones de la Central de Trabajadores de la Argentina, la Corriente Federal, Camioneros y movimientos sociales– en la que los oradores rechazaron el “ajuste” y llamaron a la unidad de las distintas agrupaciones que se oponen a las reformas promovidas por el Ejecutivo.
Mientras tanto, en el Senado se debatía la reforma previsional y el pacto fiscal, que son impulsados por el Ejecutivo y cuentan con el aval de los gobernadores. La primera modifica la fórmula por la cual se calcula el aumento anual de las jubilaciones, para que se incluya la inflación y la variación salarial, pero se retire de la ecuación el salario mínimo y el crecimiento del país. El pacto fiscal impone cambios en el gasto público nacional y de las provincias, así como modificaciones impositivas dirigidas a suprimir algunos impuestos provinciales y unificar otros en todo el país.