Mientras que la crisis continúa y la producción de la mediana industria en la Unión Europea (UE) permanece por debajo del nivel previo a la crisis, el paquete “empleo, crecimiento e inversión” de la Comisión Europea y las medidas anunciadas por el Banco Central Europeo carecen de ambición para superar los desafíos a los que se enfrenta la UE.
Los estados europeos han visto disminuir notablemente su participación en la generación de valor añadido industrial y en el comercio mundial. Ello repercute en las dramáticas tasas de desempleo registradas en el espacio económico y monetario europeo. La recomposición de fuerzas a nivel mundial en las cadenas de valor añadido se refleja asimismo en la pérdida de valor y calidad de las infraestructuras públicas y el stock de capital privado, así como en las carteras de inversiones directas. Es hora de activar los potenciales de desarrollo desaprovechados en el mercado interior europeo. A tal fin es necesario llevar a cabo un cambio político y romper radicalmente con las reformas estructurales de inspiración neoliberal.
Hay que superar la crisis en Europa de forma socioecológicamente sostenible. Para ello es preciso mejorar la inserción de todos los estados miembros en la “red de producción europea” y ampliar las redes industriales de Europa, reorientándolas hacia nuevas líneas de desarrollo. Una política industrial a escala de la UE podría reducir los desequilibrios entre los estados y las regiones de la UE concentrando sus iniciativas en las áreas más débiles. La producción industrial de la UE se concentra en Alemania (30%) e Italia, Francia, España y Gran Bretaña, que juntas rondan el 40%. El 30% restante se lo reparten los otros 23 países de la UE.
La política que ha venido aplicando hasta la fecha la Troika, integrada por el Banco Central Europeo, la Comisión Europea y el Fondo Monetario Internacional, para hacer frente a la crisis no sólo no ha resuelto los problemas sociales y económicos propagados, sino que además los ha agravado considerablemente por su orientación unilateral hacia la austeridad y la estabilidad monetaria.
La crisis de la deuda de los estados afectados tiene causas económicas y políticas, y sólo podrá resolverse mejorando los fundamentos económicos e impulsando un cambio de política sustancial. Para superar la crisis no bastará con recurrir exclusivamente a la política monetaria y financiera.
Las economías de los países de la UE asisten desde hace años a un proceso de desindustrialización que, en parte, se ha visto dramáticamente agravado por la crisis actual. No sólo Grecia ha sufrido como consecuencia de ello el desmoronamiento de las cadenas de valor añadido industrial y la desaparición de industrias y redes de producción. La contracción de la industria transformadora reduce la base para la creación de valor añadido, destruye puestos de trabajo calificados y genera una creciente dependencia de las importaciones. Las promesas asociadas al crecimiento del sector terciario y la liberalización del sector financiero no se han cumplido.
Europa necesita una renovación de su base industrial y una nueva división social del trabajo. En conjunción con las tecnologías avanzadas (industria 4.0) y cadenas de valor añadido con perspectivas de futuro, debe implantarse en el continente un cambio estructural socioecológico que ponga fin al desempleo existente y facilite buenas condiciones de trabajo precisamente para las generaciones futuras. Este planteamiento se debate sobre todo en el sur de Europa bajo el lema de la reconstrucción y la transformación productivas. En algunos casos se pueden tomar como referencia tradiciones y estructuras económicas existentes.
Desde 2008 la producción industrial ha retrocedido en casi toda Europa, lo que ha sido acompañado por una mayor polarización. Con la excepción de Polonia, cuya industria transformadora creció en 2013 18% respecto de 2008, los únicos países donde la producción industrial ha recuperado el nivel que tenía antes de la crisis son Alemania, Austria, los Países Bajos e Irlanda.
Ante este trasfondo, la Comisión Europea ha establecido el objetivo de que la industria transformadora vuelva a representar el 20% de la creación de valor añadido de los estados miembros. El presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, ha presentado un programa de inversiones destinado a movilizar 315.000 millones de euros en inversiones públicas y privadas de aquí a 2017 y contribuir así a la superación de la crisis. Los recursos procederán en su mayor parte del sector privado, si bien los criterios para los proyectos aún no están sobre la mesa. La Confederación Europea de Sindicatos (ETUC), que ha propuesto a su vez un plan de reconstrucción europea, se muestra escéptica. Incluso en caso de reunirse el capital previsto, sólo se compensaría 40% del retroceso de las inversiones desde el inicio de la crisis. En consecuencia, la ETUC estima que es necesario invertir adicionalmente más del doble cada año, no hasta 2017, sino hasta 2020.
Lo que se necesita es una política de fomento activo de la reindustrialización y una política pública de inversiones que detenga e invierta el deterioro de las infraestructuras públicas que se registra en numerosos estados de la UE. Con un volumen equivalente a 2% del Producto Interno Bruto de la UE, tal como lo proponen asimismo las federaciones sindicales europeas, se proporcionaría un impulso que permitiría superar el estancamiento del desarrollo económico.
Una nueva política industrial a nivel de la UE podría revertir las masivas privatizaciones de las décadas pasadas. Las nuevas actividades podrían generar directamente bienes públicos como el saber, la calidad ambiental y de vida, la integración social y la cohesión territorial.
Una nueva política industrial a nivel de la UE puede convertirse en un instrumento central para abordar la transformación ecológica de Europa, que permite reducir el uso de recursos no renovables; desarrollar las fuentes de energía renovables y la eficiencia energética; proteger los ecosistemas, los paisajes y la diversidad biológica; disminuir las emisiones de carbono y otros gases de efecto invernadero, así como la producción de residuos; extender el reciclado, y contrarrestar las actuales estrategias de la agroindustria, inclusive la apropiación incontrolada de los derechos sobre la tierra y de los derechos de pesca. Es necesario combinar actuaciones públicas directas, que han de incidir en la protección medioambiental, con una regulación adecuada de las actividades privadas, inclusive la tributación ambiental, incentivos positivos, la contratación pública y la organización de nuevos mercados.
Los requisitos necesarios para una política industrial y económica progresista, cuyos criterios y prioridades deben ser objeto de un debate público, son:
el fin de la política de austeridad, que tiene consecuencias sociales desastrosas precisamente en aquellos países cuyas economías se han visto debilitadas y no aporta un enfoque para superar la crisis de la deuda, y
el fin de la política de privatizaciones, aplicada de forma especialmente radical en los países más golpeados por la crisis, que lleva aparejada una mayor destrucción de empleo y socava a largo plazo la capacidad de actuación del sector público.
Los elementos y objetivos esenciales de una política industrial europea de signo progresista deben ser:
el fortalecimiento de la industria transformadora, a escala de toda la UE, y no sólo en los focos industriales tradicionales;
la contención de las desigualdades entre los países europeos, incluidas las balanzas comerciales;
la democratización de la toma de decisiones a escala macroeconómica y microeconómica;
la creación de nuevo empleo indefinido, que permita vivir de forma autónoma y sin pobreza;
la revalorización del factor trabajo mediante ofertas de capacitación integral permanente y posibilidades de empleo para la juventud, en muchos casos altamente calificada;
la sostenibilidad ecológica, especialmente en el ámbito de la eficiencia energética y de los recursos;
el desarrollo de programas de investigación y tecnologías (industria 4.0) que, independientemente de las exigencias de rentabilidad financiera, propicien una transformación productiva de Europa;
la concesión de créditos y la movilización de inversiones en favor de una reconstrucción productiva sostenible a escala europea, nacional y regional.
Fragmento de un comunicado público firmado por docentes, economistas, legisladores y dirigentes sindicales y políticos de Alemania, Grecia, Francia, España, Italia, Portugal, Finlandia y Dinamarca. Ver texto completo en el sitio web de Transform Europe!