Nosotros, los jugadores de fútbol, en el intento por cambiar nuestro sindicato (la Mutual Uruguaya de Futbolistas Profesionales), actualmente presidido por Enrique Saravia, hemos recurrido al Ministerio de Educación y Cultura (MEC) solicitando su intervención, denunciando irregularidades cometidas por la comisión directiva. En la carta dirigida al MEC en febrero de este año se menciona que nuestros derechos no están siendo respetados y que no nos sentimos representados por la actual dirigencia de la Mutual.
Los trabajadores del fútbol nos dirigimos al Estado para intentar solucionar un conflicto gremial, lo que parece ser un mecanismo correcto sobre todo cuando se agotan los métodos que el propio gremio tiene para eso (asambleas, pedido de elecciones, retiro de confianza, etcétera). La carta además culmina con una frase donde se manifiesta el apego a “la más estricta legalidad y transparencia”.
La directiva de la Mutual, como es sabido, tiene estrechos vínculos con Francisco Casal, representante de futbolistas, quien es además el dueño de Tenfield y del canal internacional GOL TV. Casal ha utilizado a la Mutual –que debería ser una herramienta de los trabajadores– para su beneficio personal y también para pagar algunos favores que debía del pasado. Un ejemplo muy claro de esto es el que permitió que Eugenio Figueredo goce de prisión domiciliaria en Uruguay, a raíz de una denuncia redactada por los abogados del propio Casal (como él mismo se lo reconoció a la Justicia), haciendo posible la extradición a nuestro país del ex presidente de la AUF [Asociación Uruguaya de Fútbol] y por lo tanto, de mayores comodidades en su reclusión, además de un llamativo silencio.
El reclamo es más que justo; el gremio debería estar al servicio de nuestros intereses y no al de Casal, pero hacerlo posible no parece ser una tarea sencilla.
El rol del Estado
En la última semana el Poder Ejecutivo envió al Parlamento una ley en la que se modifican las investigaciones sobre lavado de activos. La medida pasó un tanto desapercibida y, si bien busca que las investigaciones presumariales (es decir, las que todavía no han llegado a juicio) no caduquen y puedan ser investigadas, resulta llamativo el momento y la forma en que se decide enviar el proyecto al Parlamento. Algunos legisladores ya manifestaron que se dará el más rápido procedimiento a la aprobación de la ley.
La ley, escudada en la “lucha contra el lavado de activos y el respeto a compromisos internacionales”, tiene un único artículo y es enviada mucho después del paquete de medidas que el Poder Ejecutivo expidió sobre este tema. Como ya se mencionó, busca no poner fecha límite a los embargos en las causas abiertas investigadas por la Justicia que actualmente caducan a los dos años. La pregunta es obvia: ¿por qué ahora? Curiosamente, la empresa Full Play, competidora de Casal en la compra de los derechos de la televisación de los partidos de la selección, tiene un embargo de sus bienes en Uruguay desde el año 2015 a raíz de una denuncia efectuada por ¡la Mutual!, por lo que de mantenerse el embargo, no podría operar en nuestro país durante un largo tiempo.
Es claro que esta no es la primera vez que el Estado se pone al servicio empresarial. Basta recordar casos recientes, como el decreto antipiquetes o el protocolo contra las ocupaciones (que ya se ha visto con buenos ojos por parte del gobierno), con los que se busca coartar las luchas de los trabajadores. Pero el caso de Tenfield es bastante paradigmático.
En el año 2012, por diferencias con la empresa Tenfield y después de manifestar su apoyo al destituido presidente de la AUF, Sebastián Bauzá, quien mantenía un conflicto con Casal, fue apartado de su cargo el ministro de Turismo, Héctor Lescano. En el año 2013 el Estado uruguayo le perdonó una deuda a Casal por diez millones de dólares alegando “temor” a un posible juicio. También en el mismo año, el Estado decidió otorgarle a la empresa de Casal un canal abierto a pesar de postulaciones con mejores puntuaciones. En el año 2016 la Justicia uruguaya falló beneficiando a Tenfield a raíz del reclamo de algunos medios con respecto a la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que permitía la transmisión abierta de los partidos de interés general.
A este mismo Estado le estamos reclamando una intervención que perjudique a Casal.
Otros métodos
Cuando la “estricta legalidad” mencionada en la carta al MEC se agota, hay que recurrir a otros métodos, esos que históricamente han utilizado los trabajadores para lograr sus conquistas. El conflicto actual desnuda al Estado, lo pone como lo que es, un instrumento de la clase dominante para beneficiarse constantemente y mantenerse en el poder. La lucha de clases –entre trabajadores y empresarios, pero también ante aquellos que los defienden, como el caso de la burocracia sindical encabezada por Saravia– terminará de inclinar para un lado o para otro la balanza. Por eso estas líneas pretenden ser un llamado a la acción a los jugadores organizados y a los que aún no lo están. A los de la A, de la B y de la C y también a los del interior, a todos. Sólo la organización y las medidas de lucha derribarán a los títeres de Casal al frente del sindicato y lo pondrán al servicio de la clase a la que pertenece.