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Golpe a la impunidad: médicos militares renunciarían y dejarían a represores sin certificados para no declarar en la Justicia

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Según publicó el periódico El Observador, el ex jefe del Estado Mayor de la Defensa, José Bonilla, realizó durante los últimos días contactos con representantes de varios partidos políticos para alertarlos sobre los efectos negativos que tendría la aprobación de la reforma del sistema de pensiones de las Fuerzas Armadas (FFAA) que el gobierno envió al Parlamento. Una fuente castrense interpretó este hecho como “una buena muestra del sacrificio que representa desempeñar la actividad militar. Imagínese lo que es para un oficial de las FFAA tener que andar asustando políticos de a uno, y en sus despachos, en lugar de hacerlo mediante comunicados públicos como en los 70”.

Una de las consecuencias negativas que, según Bonilla, podría tener esta reforma si es aprobada, es que la mayoría o todos los médicos del Hospital Militar renunciarían a sus puestos. Varios ex oficiales consideraron que esto sería “una catástrofe” para la familia militar, y no sólo porque se resentiría la calidad de la atención para el personal de las FFAA. “Los héroes de la lucha contra la sedición, injustamente encarcelados, muchas veces necesitan que los atienda un médico militar, que conozca el tema, que entienda qué significa entregar la vida por la defensa de la patria, para que los defienda de la sed de venganza y el espíritu vengativo de ciertos sectores de la sociedad que sólo piensan en arrastrarlos hasta un juzgado para que sigan implicándose o implicando a otros compañeros”, aseguró un directivo del Círculo Militar. Por otra parte, un integrante del Centro Militar afirmó, en una línea similar, que “ la insensibilidad de los galenos civiles puede ser letal, porque con su visión exclusivamente basada en la fisiología, es difícil que firmen un certificado para no ir a declarar”. Representantes del Poder Ejecutivo reconocieron que este efecto indirecto de la reforma de la Caja Militar podría ser “un duro golpe a la impunidad”, por lo que están dispuestos “a analizar la propuesta, hacerla más blandita, o eventualmente retirarla”.

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