“Estamos aquí porque somos fuertes”. Con estas palabras de la doctora Ana Pitta comenzó el 1 er Encuentro Latinoamericano de Derechos Humanos y Salud Mental y 3 er Foro de Derechos Humanos y Salud Mental, que se realizó del 27 al 30 de junio en la ciudad de Florianópolis, organizado por la Asociación Brasileña de Salud Mental. Participaron integrantes de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Paraguay y Uruguay.
Los uruguayos se hicieron notar, ya que la delegación, integrada por 21 personas, estaba compuesta por representantes de Apex, que formaban parte de la organización del evento, y estudiantes, docentes y egresados de la Universidad de la República (psicología, terapia ocupacional, trabajo social, psicomotricidad), así como representantes de organizaciones sociales como Radio Vilardevoz y la Asamblea Instituyente. Los aportes del colectivo de Uruguay subrayaron la importancia del movimiento social organizado como base para producir cambios hacia un nuevo paradigma en salud mental. Se destacó que es fundamental la participación de los diferentes actores (personas usuarias de los servicios de salud mental, trabajadores y diversos profesionales) en el diseño, gestión y evaluación de las políticas intersectoriales a realizar.
La realización del 1 er Encuentro fue de suma importancia, en vista de los retrocesos que se están viviendo en la región en lo que refiere a políticas sociales en general y a salud mental en particular. Se compartió, sobre todo en relación con Brasil y Argentina, la preocupación e indignación por el desmantelamiento de algunos programas de salud mental –a los que, directamente, se les retiró presupuesto–, al tiempo que se visualiza un proceso de burocratización e institucionalización tanto de las reformas psiquiátricas comenzadas en los 90 como del movimiento de lucha antimanicomial. Al decir de Paulo Amarate, “el movimiento se perdió en las instituciones, en los servicios, convirtiéndose en un actor secundario del Estado”.
Sin embargo, en Brasil se proyecta impulsar lo que denominaron la segunda Reforma de Salud Mental. Esto aporta, en el marco de la aprobación de una Ley de Salud Mental en Uruguay y del posterior proceso de reglamentación, a poder aprender de los errores y aciertos en la región así como a estar alertas a las consecuencias que puede tener una regresión en las políticas tanto sociales como culturales.
Son de destacar los avances en el proceso de cierre de instituciones asilares y manicomiales, la creación de una red de centros culturales en Argentina y de centros de atención psicosocial en Brasil, donde el desarrollo de propuestas, en el marco de lo que se entiende como economía social solidaria, ha generado procesos importantes tanto de inclusión social como laboral de las personas con padecimientos psíquicos.
Cecilia Ausburguer recordó que “la ley restituye un reconocimiento a ciudadanos que deben ser tratados como semejantes”. La doctora Graciela Iglesias, presidenta del Órgano Revisor de Derechos Humanos de Argentina, recordó, citando las palabras de Zygmunt Bauman, que “no hay mejor manera de invisibilizar a alguien que quitarle las obligaciones”.
El encuentro culminó con la creación de una Red Latinoamericana de Derechos Humanos y Salud Mental que conjugó, como lo afirma Agustín Barúa, de Paraguay, una sensación de “producción, colectivismo y dulzura”. En su asamblea inaugural, la red realizó una declaración relativa al proyecto de ley en Uruguay, que ya cuenta con media sanción del Senado. En la declaración se alerta de que esta ley, en caso de aprobarse tal cual, no estaría cumpliendo cabalmente con los estándares internacionales en lo referente a la perspectiva de derechos humanos, tal como ya lo han planteado las organizaciones nucleadas en la Comisión Nacional por una Ley de Salud Mental en Perspectiva de Derechos Humanos.