En la actualidad, la región está viviendo un escenario político, económico y social muy complejo. Nos encontramos en un cruce de caminos. El ciclo de transformaciones iniciado en diversos países del continente por los gobiernos de izquierda en algunos casos continúa, pero en otros se ha detenido. Pensar en el futuro de la izquierda nos exige agudizar la lectura y el análisis crítico acerca de dichos procesos, para responder algunas de las preguntas que hoy nos interpelan.
El giro a la izquierda de la última década integró componentes dispares. Por un lado, se ensayaron formas alternativas de producción de riqueza y redistribución de los ingresos, se ampliaron derechos y se profundizó la democracia. Pero todos estos logros convivieron también con fenómenos opuestos, propios del sistema capitalista, como la primarización de nuestras economías, la sobreexplotación de bienes naturales, la extranjerización de la tierra y de gran parte del aparato productivo.
Más allá de estas contradicciones entre avances socializantes en el plano de los derechos e ingresos, y altos niveles de concentración y extranjerización de los recursos, la izquierda fortaleció al Estado y lo público; logró ampliar el margen de decisiones soberanas; amplió los derechos sociales, políticos y culturales de nuestras sociedades, y aumentó el nivel de vida de sectores históricamente marginados. Claro que aún persisten altos niveles de pobreza y desigualdad en el continente, pero nadie pone en duda que el giro a la izquierda significó que millones de latinoamericanos salieran de la pobreza. Esto fue posible y tuvo viabilidad por la existencia de un amplio bloque social y político que articuló movimientos sociales, culturales, académicos y políticos en torno a un consenso sobre los cambios posibles y necesarios en nuestras sociedades.
Todos estos años en el gobierno han desarticulado dicho consenso programático, sea porque parte de su agenda se concretó y eso dio paso a nuevas demandas, sea porque las expectativas sociales sobre la profundidad de los cambios fueron superiores a las fuerzas o a la voluntad política de los gobiernos. Esta situación ha develado cierto agotamiento de la capacidad de movilización y acumulación política del proyecto de izquierda, lo que permitió a la ofensiva restauradora neoliberal ganar terreno sobre la base de la construcción del relato del “fin del ciclo”.
Frente a esta realidad, uno de los principales desafíos que tiene la izquierda es reorganizar el bloque social y político de los cambios en la defensa de las conquistas logradas, puesto que hoy corren peligro. Dicha convocatoria, basada en un relanzamiento del proyecto de transformaciones, tendrá también el reto de estructurar un programa que integre las demandas históricas de la izquierda todavía no resueltas con las nuevas problemáticas actuales. Esta síntesis deberá tener la capacidad de transgredir, de correr la frontera de los cambios posibles y de superar la fragmentación de los reclamos.
La construcción del nuevo planteo será una tarea militante del conjunto de los sujetos de cambio. Su elaboración exige el reconocimiento recíproco de los movimientos sociales y las fuerzas políticas de izquierda como aliados estratégicos, y la madurez necesaria para advertir que, si bien cada organización tiene sus particularidades y formas de representación, ambas son imprescindibles para darle viabilidad a un proyecto que trascienda lo inmediato.
Hacia una agenda posible de transformaciones
En un mundo dominado por los intereses de las grandes corporaciones trasnacionales, que cuentan con enormes recursos económicos y comunicacionales, la pelea por la justicia y la igualdad tendrá que apoyarse sobre la base de la defensa de un Estado democrático, capaz de regular las fuerzas depredadoras del mercado.
Un Estado activo en la definición de una estrategia nacional de desarrollo, que transforme la estructura productiva del país y lo industrialice, requiere de políticas de incentivo en el plano económico para superar la primarización de la economía y promover la incorporación de conocimiento e innovación. El rol de las empresas públicas tiene un papel destacado en este proceso. Por ello ya no basta plantearse la defensa de las empresas públicas, sino que hace falta discutir su desarrollo a escala regional y su transformación tecnológica; debería incluso promoverse la creación de nuevas empresas públicas en el área de la biotecnología, por ejemplo, para ganar autonomía respecto de los actores corporativos transnacionales que controlan esta área del conocimiento y la producción.
La defensa de lo público como garantía del pleno goce de los derechos forma parte de la batalla ideológica frente a la hegemonía liberal, que promovió y promueve permanentemente la idea de lo público como ineficiente, atrasado y como recurso de última instancia, para pobres. Esta disputa es necesaria también porque combate la lógica comercial que transforma necesidades en mercancías transables por la vía del mercado y, de esta forma, reproduce y profundiza las desigualdades en el acceso y la calidad de los derechos.
Por otra parte, el mundo del trabajo está viviendo fuertes transformaciones, debido a la revolución digital y la robotización. Estas modificaciones impactan en la desaparición de muchos puestos de trabajo actuales y en la creación de nuevos que exigirán una mano de obra más calificada y con otros conocimientos y destrezas. Situación que nos obliga a pensar y construir instrumentos novedosos para la formación permanente de esos trabajadores, para su reconversión.
En un mundo con mayor productividad y menos trabajo será necesario discutir la reducción de la jornada laboral. No sólo para que los trabajadores se formen, sino también para que se apropien de parte de los beneficios del aumento de la productividad y ganen calidad de vida.
Garantizar el acceso a la vivienda de calidad implica colocar en el horizonte, de manera urgente, la posibilidad de diseñar y aplicar una reforma urbana. El uso del suelo urbano debe estar al servicio del derecho de los ciudadanos a una vivienda digna, no a la especulación inmobiliaria y a la concentración del suelo. Los altos precios de los alquileres y el encarecimiento artificial del valor de las viviendas impiden a amplios sectores de la población gozar de un derecho constitucional. Gran parte del crecimiento del salario que se ha logrado en los Consejos de Salarios termina enriqueciendo por esta vía a los especuladores inmobiliarios.
Estas son algunas líneas por las cuales puede discurrir el debate sobre los nuevos caminos que tenemos por delante, dado que en lo económico y productivo ya hemos alcanzado niveles que el nuevo contexto nos obliga a superar.
En fin, se impone construir una nueva agenda que establezca una lucha por una distribución más justa de la riqueza, que amplíe derechos para el conjunto de la sociedad, que profundice la democracia y promueva una mayor participación en los asuntos comunes. Esto no es otra cosa que prefigurar la vieja utopía de construir justicia e igualdad en nuestras sociedades.
El futuro de la izquierda dependerá de la valentía que tengamos para plantearnos no sólo los cambios posibles, sino también los necesarios.
Alejandro Sánchez