Los alcances del modelo
Cuando se habla de un modelo de país, se tiende a hablar fundamentalmente de economía, relegando lo social, lo ambiental y lo cultural. Como que la economía es lo primero y todo el resto está supeditado a ella. Pero los países y la vida de su gente, son mucho más que estructura y relaciones económicas.
Uruguay es un país pequeño, de pocos habitantes, capitalista subdesarrollado, altamente dependiente, con un Indice de Desarrollo Humano que, en los últimos años, lo ubica en el mundo en el entorno del lugar 50. Este punto de partida nos limita en varios aspectos vinculados al crecimiento, al desarrollo y fundamentalmente en el momento del reparto de la riqueza que se genera en el país. Por otra parte, tenemos un país fuertemente endeudado y con un alto servicio anual de pago de intereses, aunque en condiciones y plazos manejables. Otro de los problemas es el déficit fiscal, difícil si no imposible de abatir sin tocar intereses/ingresos sectoriales bien diversos.
Se tiende, muchas veces con un interés político menor, a compararnos con otros países, cosa que no está mal, pero también debemos compararnos con nosotros mismos, lo que llegamos a ser en el escenario mundial en otros momentos de la historia, lo acontecido en el Uruguay del siglo XIX, y lo que hoy somos como país luego del golpe militar de 1973, después de haber padecido 11 años de terrorismo de Estado, luego de la ruptura de la famosa “tablita”, de la reinstitucionalización democrática, y de la profunda crisis del 2002, antesala de la llegada del Frente Amplio al gobierno nacional.
El Uruguay batllista, el de Don José “Pepe” Batlle y Ordoñez, a principios del siglo pasado, dotó a nuestro país de una fuerte presencia del Estado en su economía: ANCAP, ANTEL, BROU, BSE, OSE y UTE son los ejemplos más notorios de su impronta de lo público.
Nuestra historia reciente recoge el rol fundamental jugado por la izquierda política y las organizaciones de trabajadores, estudiantes, cooperativistas y pueblo en general defendiendo/frenando las privatizaciones de los entes del Estado, promovidos por la peor derecha política, las gremiales empresariales y académicos afines con post grados cursados en el exterior, fundamentalmente en los EE UU.
La política económica que impulsa el FA ha priorizado la gran inversión privada, por ser tal, necesariamente extranjera, a la que se le otorgó ventajas excepcionales. Lo hizo desde el primer gobierno, presidido por Tabaré Vázquez, y lo continuó en los otros dos. Promovió el emprendimiento minero conocido por su nombre indígena Aratirí, y la mega inversión de Montes del Plata, la segunda planta de celulosa en Uruguay. Ahora hace lo imposible, endeudándose a muy largo plazo, para construir la infraestructura que le es exigida, mientras hace excepciones y concede derechos por 20 años a UPM 2, una mega inversión de la cual se podría prescindir. Las modificaciones aprobadas a la ley de Riego, contra la que el sindicato de trabajadores de OSE y otras organizaciones juntan firmas para plebiscitar su derogación, también está dirigida a atraer grandes capitales, funcionales exclusivamente al mega agro negocio, fundamentalmente cultivos de soja y maíz que nos hacen cada día más rehenes de semillas transgénicas, fertilizantes y agro tóxicos producidos por empresas multinacionales como Monsanto, a las que obviamente sólo le interesa sus ganancias, para nada el cuidado del ambiente y las culturales locales.
¿Qué rol juega o podría jugar el Estado en este modelo?
Están equivocados quienes piensan que un modelo se puede cambiar fácilmente, de un día para el otro, como si se tratara de un auto o una casa. Pero que eso no sea posible no quiere decir que todo vaya bien y que nada nuevo se pueda incluir a este mismo modelo, el que presenta limitaciones, fisuras, “heridas que no cierran y sangran todavía”.
Plantearemos algunas preguntas y daremos nuestra respuesta.
1) ¿Acaso el Estado ya no puede producir más nada, ni siquiera en acuerdo con capitales privados? Entiendo que sí, que podría.
2) ¿Por qué ya no se toman riesgos de inversión en áreas productivas mientras se corren riesgos garantizándole ingresos/ganancias por 20 años a privados para generar por ejemplo energía eólica? Pienso que es porque la política económica del gobierno no quiere asumir riesgos en inversiones propias, que prefiere descansarse y creer en los privados más que en sí mismo. Y que su norte es reducir el rol del Estado solo a recaudar, administrar y controlar.
3) ¿Acaso se ha asumido algo que no está demostrado, como por ejemplo que la gestión privada siempre es exitosa y la pública siempre es un fracaso? Parecería que se ha asumido esa falacia, porque salvo excepciones, no ha sido esa la realidad aquí ni en el mundo. Los entes estatales arriba mencionados, durante décadas han demostrado su viabilidad. En cambio, tenemos una larga historia de importantes empresas que han sido íconos del Uruguay, y de bancos privados fundidos cuyas pérdidas fueron socializadas y cubiertas por Juan Pueblo. Las ganancias de los entes públicos quedan en el Estado y derraman, en cambio, las ganancias de las empresas privadas quedan en manos de unos pocos particulares, que en caso de ser extranjeros lo gastarán seguramente en cualquier parte menos aquí. Y por cierto que derraman menos.
Sea liberal o neoliberal, el capitalismo tiene una lógica en su esencia perversa, que no es otra que maximizar -de cualquier modo- su rentabilidad, acumular capital y concentrar riqueza en pocas personas. La contracara de esto es múltiple y en general nefasta: disputas y abuso de poder en los más diversos ámbitos, desempleo estructural alto, pobreza e indigencia, discriminación de personas por diferentes motivos, desigualdad de oportunidades, frustración de consumo al no poder acceder a lo mucho que el mercado oferta, y el hecho de lo difícil que es socialmente “llegar”, por más que se corra y se corra.
El capitalismo pide competencia, eficacia y eficiencia. Y los dueños del capital, los empleadores, siempre querrán una mayor parte de la riqueza generada, es decir de “la torta”. El sistema dice que para “salir adelante” se debe “estar preparado”, pero en el sistema, además, juega una “ventaja comparativa” fundamental, que sólo algunos tienen, el disponer de capital, cosa que unos pocos poseen en cantidad suficiente como lo exige cada vez más “el mundo de los negocios”.
En tanto no podamos sustituir el capitalismo ¿qué podría hacer un gobierno de izquierda para mejorar la situación de los que no tienen esas capacidades y tampoco cuentan con capital, los que sin duda son la gran mayoría de la población, característica incambiable del sistema. ¿Qué hacemos con la pobreza y las personas que sin ser pobres igual sus ingresos son escasos e inestables y su trabajo es precario? ¿Qué hacemos con una gama amplia de personas al cual ningún empleo le es accesible? Hay cosas que los gobiernos del FA han hecho, otras que intenta sin hallar, en gran medida por carecer de políticas específicas o limitarse a un mero asistencialismo, y otras que lisa y llanamente no hace.
¿Qué hacer entonces?
1) Crear más Empresas Públicas, asociados o no a privados, no para producir cualquier bien o construir cualquier cosa, sino para participar en aquellos asuntos en que el Estado ya tiene un gasto importante, o dispone de activos, o que reiteradamente no logra -a pesar de pagar altos costos- que concesiones privadas cumplan en tiempo y forma con los compromisos firmados. Al respecto, algunas posibles iniciativas serían: a) Comercialización y valorización de residuos, b) Construcción y refacciones de obras públicas, por ejemplo de centros educativos, y c) Plantaciones de diferentes especies de árboles, nativos y no nativos.
2) Implementar un Plan Nacional de Agroecología. En tal sentido ya existe una propuesta surgida desde la sociedad civil. La seguridad alimentaria debería ser tomada muy en cuenta, por razones económicas, sanitarias y ambientales.
3) Impulsar una ley y planes departamentales y municipales de Agricultura Urbana. Esta iniciativa de carácter productivo familiar y comunitario tiene un fuerte componente educativo y cultural, muy amigable con el ambiente.
4) Fomentar emprendimientos de bienes y servicios para personas con dificultades estructurales de empleo, que contemplen especialmente el trabajo parcial, temporal, de baja y mediana calificación. Cada día más, el mercado laboral capitalista exige personas con mayor calificación, además de la siempre requerida “buena presencia”. Fuera de esta demanda de empleo queda una cantidad importante de personas, muchas decenas de miles, sino algunos cientos de miles. Están comprendidas en este grupo por ejemplo las siguientes personas: a) discapacitados motrices, sensoriales o intelectuales, b) personas con problemas de salud mental o en rehabilitación por adicciones, c) minorías discriminadas por diferentes causas (color de piel, opción sexual y otras), d) pobres crónicos de hogares vulnerables, y e) presos y liberados.
Montevideo, 4 de febrero 2018.
Jorge Solari