La resolución del juez letrado de lo Contencioso Administrativo de Primer Turno, Gabriel Ohanian, que ordenó a la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) retirar los carteles de los gremios estudiantiles de secundaria y magisterio en contra de la reforma constitucional Vivir sin Miedo, sigue generando polémica. A raíz de una declaración de la Asociación de Docentes de la Universidad de la República (ADUR), el Consejo Directivo Central (CDC) de la institución expresó el martes en una declaración su “rechazo a las estrategias políticas de judicialización de los razonables desacuerdos que tenemos por vivir en sociedades plurales; especialmente, si la judicialización supone forzar una interpretación normativa excesivamente restrictiva de la libertad de expresión de las asociaciones gremiales”. La condena judicial llegó tras una acción de amparo presentada por el diputado Pablo Abdala, legislador del sector que promueve la reforma, Alianza Nacional, quien aseguró que con las pancartas en las fachadas de los centros educativos se violaba la laicidad.
Además de “hacer suyos los aspectos sustantivos de la declaración de ADUR”, el texto aprobado por el CDC de la Universidad de la República (Udelar) también manifiesta su apoyo “a la difusión de las resoluciones de las asociaciones gremiales del ámbito educativo en relación a la iniciativa de reforma constitucional que está a consideración de la ciudadanía”. De hecho, varios centros de estudiantes de facultades de la Udelar también colocaron pancartas en contra de la reforma.
La declaración del CDC fue aprobada por 18 votos en 20: una de las consejeras del orden de egresados fundamentó en contra de la resolución, mientras que la decana de Facultad de Derecho, Cristina Mangarelli, pidió la postergación del punto porque su facultad no tenía una postura tomada.