Buenos días. Les comento algunas noticias que pueden leer hoy en la diaria.
Un relato sobre la competencia electoral –tradicional pero cada vez menos frecuente– es que los partidos definen primero sus programas y luego, a partir de estos, sus candidaturas. Otro relato busca, a la inversa, que las propuestas sean vistas como algo que traen consigo (por lo menos en grandes líneas) las personas a las que se postula. Lo que está pasando con la disputa por la Intendencia de Montevideo no se adecua del todo a ninguna de las dos narrativas.
El Frente Amplio (FA) viene desarrollando desde hace un tiempo su proceso de elaboración programática, pero está clarísimo que Carolina Cosse, Daniel Martínez y Álvaro Villar no encabezarán listas como consecuencia de ese proceso. En la oposición departamental la situación es mucho más atípica.
Según el ex presidente y senador electo Julio María Sanguinetti, “hay que entender” que en mayo se elegirá entre “continuidad o cambio”, y que no importa “si el candidato es Juancito o Pedrito”. Dicho de otro modo, lo que Sanguinetti desea es ganarle al FA en Montevideo, presentando una candidatura única de los partidos Nacional, Colorado, Cabildo Abierto, Independiente y De la Gente. Con tal objetivo, parece que no sólo es un detalle menor el nombre de la persona postulada, que aún se desconoce (tras numerosos forcejeos y el lanzamiento de varios globos sonda que ya se perdieron de vista): tampoco hay, por el momento, nada semejante a un acuerdo programático “multicolor” para el gobierno departamental montevideano. De hecho, ni siquiera se han difundido las propuestas partidarias que deberían ser la base de ese acuerdo.
Mal que le pese a Sanguinetti, su descarnada línea de razonamiento es muy similar a la planteada por Eleuterio Fernández Huidobro en 2003, durante un Congreso del FA que definió el programa electoral para las elecciones nacionales del año siguiente: “A todo se puede renunciar, menos a la victoria”.
Mientras tanto, un cruce de declaraciones entre la vicepresidenta Lucía Topolansky y el presidente electo, Luis Lacalle Pou, señaló también que puede haber distancias importantes entre los relatos políticos y las realidades. En la narrativa liberal sobre las unidades reguladoras, esos organismos cumplen la loable tarea de acotar, con criterios de racionalidad técnica, el margen de acción de las instituciones estatales. Desde ese punto de vista, es conveniente que incluso los organismos descentralizados y autónomos sean controlados desde fuera y con independencia (quizá porque todos prometen ponerlos en manos de personas destacadas por su solvencia, pero a menudo son premios consuelo o trampolines políticos).
Sucede, sin embargo, que también las autoridades de las unidades reguladoras son designadas con criterios políticos, para que contribuyan a impulsar los lineamientos definidos por el gobierno nacional de turno, y el modelo teórico (muy estadounidense) de “balances y contrapesos” no funciona como se supone que debería hacerlo. A su vez, el relato de Topolansky sobre esta cuestión corta bastante grueso, al postular que, como “viene otra vez un Lacalle al gobierno”, vuelve “la idea de eliminar las empresas públicas”.
Hasta la próxima.