Buenos días. Les comento algunas noticias que pueden leer hoy en la diaria.
En una videoconferencia organizada ayer por la Universidad Tres de Febrero de Argentina (de orientación notoriamente progresista), el ministro de Educación y Cultura de nuestro país, Pablo da Silveira, se refirió a las fortalezas uruguayas para afrontar la emergencia sanitaria, y destacó entre ellas varias que se deben a políticas de gobiernos anteriores, incluyendo a los del Frente Amplio (FA). Está muy bien ese reconocimiento, que no le quita méritos al gobierno actual.
Cuando los actuales integrantes de la “coalición multicolor” eran opositores, muchos de ellos acusaron al FA de pensar que había fundado el país en 2005, y más allá de que esa crítica fuera más o menos pertinente, lo cierto es que hay procesos históricos de acumulación, con aportes estatales y no estatales, y que incluso cuando en determinados períodos de gobierno se producen saltos cualitativos, no surgen de la nada. Por eso es de crucial importancia que los gobernantes de turno conozcan y valoren la experiencia institucional previa, y también que mantengan un diálogo fluido con la sociedad civil, en la que hay saberes e ideas a tener muy en cuenta.
Por lo tanto, es desconcertante que el ministro del Interior, Jorge Larrañaga, haya anunciado que la Policía va a llevar a refugios del Ministerio de Desarrollo Social a quienes estén durmiendo en la calle. Esta iniciativa parece ignorar que el problema no empezó ayer, que hay experiencia acumulada, y que algunas medidas no se llevan a cabo por la sencilla razón de que ya se ha demostrado su inutilidad.
Si una persona duerme en la calle porque no quiere pasar la noche en un refugio, ¿de qué sirve que la policía la conduzca a un lugar en el que no se la puede obligar a permanecer? Lo más probable es que termine durmiendo en otro espacio público, y quizá de allí la retiren también; estos ciclos pueden demandar horas de trabajo policial, con el único resultado de que muchas personas en situación de calle pasen la noche sin dormir. Quizá el plan maestro de Larrañaga es que así escarmienten.
Por otra parte, el senador Raúl Lozano, de Cabildo Abierto, anunció que la bancada de su partido prepara un proyecto de ley para amnistiar los delitos cometidos por militares durante la dictadura (sin aclarar si eso implicaría la liberación de los ya condenados). Es un claro ejemplo de lo que pasa cuando un grupo político no tiene en cuenta la experiencia histórica ni las ideas del resto del mundo.
En el primer gobierno de Julio María Sanguinetti se manejó la idea de amnistiar los crímenes del terrorismo de Estado, y una de las razones por las que esa iniciativa no prosperó fue que no la aceptaban los mandos militares, alegando que no correspondía una amnistía porque no se habían cometido delitos, ya que las Fuerzas Armadas sólo habían cumplido con su deber.
Sanguinetti ha sostenido muchas veces (poniendo lo político por encima de lo jurídico) que la Ley de Caducidad debía considerarse una amnistía, aunque técnicamente no lo fuera, pero el hecho es que, en el mundo actual, no hay espacio para sostener que la violencia ejercida mediante las instituciones del Estado es equivalente a la que surge fuera de ellas.
Hasta mañana.