Buenos días. Les comento algunas noticias que pueden leer hoy en la diaria.
No llega todos los días la noticia de que el país se libró de una demanda por 3.536 millones de dólares, y es fácil imaginar muchos usos de esa abultada suma más útiles que pagársela al grupo inversor Zamin Ferrous, como indemnización por los problemas del nunca concretado proyecto minero Aratirí.
Más de un político local quiso aprovechar el hecho con comentarios imprecisos sobre su significado. En realidad, lo que hizo la Corte Permanente de Arbitraje fue aceptar la impugnación de la demanda por parte del Estado uruguayo, que se apoyó en aspectos formales, de modo que no llegó a considerar los reclamos presentados. Y aunque lo hubiera hecho, no habría correspondido interpretar su decisión como un aval o una condena genérica a la forma en que nuestro país trata a los inversores, o a las políticas en la materia de un gobierno en particular.
En todo caso, quedó demostrado que el equipo a cargo de defender los intereses del Estado uruguayo era competente, y supo hallar un punto débil de la demanda para dejarla sin efecto.
El monto de un recorte en el presupuesto del Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente (INISA) es insignificante en relación con los miles de millones de dólares que quería Zamin Ferrous, pero puede tener consecuencias graves para la nutrición y la salud de la población que tiene a su cargo ese organismo.
Según los cálculos de la integrante frenteamplista del directorio del INISA, Andrea Venosa, por el efecto combinado del recorte previsto, la inflación y un “ahorro” adicional en el quinquenio que pide el Ministerio de Economía y Finanzas el organismo llegaría al fin de este período de gobierno con una disponibilidad de presupuesto reducida en 40%.
Venosa también señaló que el aumento de las penas máximas para delitos cometidos por adolescentes, dispuesto en la ley de urgente consideración (LUC), implicará probablemente tiempos mayores de internación en el INISA y un incremento del total de jóvenes que este debe atender.
No son los recursos económicos lo único que se acota. Las autoridades de la educación pública sostienen, al igual que el Poder Ejecutivo, que sus políticas tienen como meta un aumento de la calidad. Por lo tanto, les debería haber parecido muy normal y pertinente que las asambleas técnico-docentes (ATD) de Primaria consideraran las disposiciones de la LUC para esa rama de la enseñanza. Sin embargo, el Consejo Directivo Central de la Administración Nacional de Educación Pública opinó que el tema debía ser retirado del orden del día de las ATD para “asegurar el respeto irrestricto” de la laicidad y “la prohibición de realizar proselitismo de cualquier especie”.
En el caso de los cooperativistas que participan en asambleas, al parecer el interés de las autoridades nacionales no es impedir que hablen, sino saber de qué hablan. Un decreto del Poder Ejecutivo, referido a la realización de esas reuniones con el auxilio de tecnologías de la comunicación (debido a la emergencia sanitaria), dispuso que se graben y que el registro sea entregado a la Auditoría Interna de la Nación “a efectos de un adecuado contralor”.
Hasta el lunes.