En el marco del análisis de la Ley de Presupuesto 2020-2024, Juan Miguel Petit, comisionado parlamentario penitenciario, pasó por la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda de la Cámara de Representantes y presentó varias propuestas para fortalecer al Instituto Nacional de Rehabilitación (INR) y al Plan de Dignidad Carcelaria impulsado por el Ministerio del Interior (MI).
Uruguay está entre los 20 países del mundo con más cantidad de presos per cápita. “Actualmente hay carencias y la población penitenciaria crece a un ritmo de 11,9% anual, muy por encima del crecimiento de la población general”, expresó Petit. El crecimiento de la población penitenciaria es 30 veces mayor que el crecimiento de la población nacional.
“No hay mejor política de seguridad pública que la inversión en primera infancia. Pero mientras tanto, mientras tenemos un sistema penitenciario gigante, el paradigma es un sistema que sea como un barrio más de nuestra sociedad, donde la convivencia sea un terreno rico en oportunidades, lleno de posibilidades de educación, cultura, trabajo, familia, deporte, porque es la humanización lo que baja la violencia”, señaló.
El objetivo de las propuestas que presentó es aumentar la presencia y eficacia de las políticas sociales en el sistema carcelario. “Es un aporte para que las políticas sociales entren en la cárcel, como si fuera un barrio más”, expresó. En particular sugirió cuatro nuevos artículos, que según señaló “no implican costo alguno”.
Propuso que la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) sea el prestador de toda la población penitenciaria, tal como establece la ley del Servicio Nacional Integrado de Salud (SNIS). Si bien el SNIS establece que ASSE debe ser el organismo que se encargue de todas las cárceles, hasta ahora la cobertura de este prestador se da únicamente en las cárceles de la zona metropolitana, en la Unidad 12 Cerro Carancho y en la cárcel de varones de Rivera, que representa a 65% de la población. El resto de las cárceles siguen dependiendo de Sanidad Policial.
Otra de las propuestas es que el Sistema Nacional de Educación del Ministerio de Educación y Cultura lleve adelante un Plan Nacional de Educación en Cárceles. La intención es articular los distintos aportes que hoy hacen varios organismos educativos.
Además, sugirió la creación de una Comisión de Seguimiento Asistencial, que sea presidida por el INR, para coordinar la información sobre los aportes que múltiples organismos sociales hacen al sistema carcelario. Esa información será luego enviada a la Comisión Bicameral de Cárceles del Parlamento y al comisionado parlamentario penitenciario. Sugiere un mecanismo de dos reuniones por año, a la que se invitaría a todos los organismos que forman parte.
“El INR tiene una enorme tarea por delante. El Plan de Dignidad Carcelaria presentado por las autoridades es un marco programático muy positivo. Teniendo en cuenta que las acciones educativas, de capacitación profesional, culturales y sanitarias provienen de múltiples organismos que se despliegan dentro de las cárceles, es fundamental tener una instancia de coordinación para que el INR pueda expresar y coordinar los recursos que necesita y las acciones que se van a desarrollar. La idea es que el intercambio de información y el diálogo entre las partes va a permitir mejorar y aumentar la presencia de las políticas sociales dentro de las cárceles”, dijo Petit en relación a esta Comisión de Seguimiento Asistencial.
El comisionado también planteó que no se supriman los cargos técnicos en el INR, que son tanto para operadores penitenciarios como para policías. En este sentido demandó que no se disminuya la inversión para el funcionamiento del INR. “El artículo 137, presenta una gran dificultad en el sentido de que anula los 35 cargos técnicos que tiene el Instituto Nacional de Rehabilitación. Eso no es positivo. El INR tiene carencia de funcionarios policiales, técnicos y administrativos”, dijo.
Inversión
Petit señaló que “el país hizo una inversión muy importante a partir de 2010, que implicó la construcción de plazas carcelarias, nuevas unidades, nuevos módulos, un aumento de la dotación de funcionarios, la creación del INR con una enorme tarea por delante, un enorme desafío de gestión”.
Explicó que “el INR es un organismo muy nuevo, muy reciente, que sustituyó al viejo sistema caótico que tenía Uruguay, por el que cada departamento del país tenía una cárcel que dependía de la jefatura departamental; teníamos 18 sistemas penitenciarios en el interior más la Dirección Nacional de Cárceles, que cubría los grandes penales metropolitanos, cada uno de ellos con su propia manera de hacer su presupuesto”.
Según el comisionado, “a partir de 2015 esa inversión comenzó a caer y también ha habido una caída en los gastos de funcionamiento”.
Con respecto a las inversiones, “sabemos que pueden ser reforzadas por rendiciones de cuentas y que hay mecanismos extrapresupuestales y de cooperación internacional, pero da la impresión de que no se retoman los niveles de inversión que hubo en los momentos en los que el sistema penitenciario pudo reciclarse, mejorar e iniciar la reforma penitenciaria”.