El Instituto Nacional de Rehabilitación (INR) trasladó este jueves a las 796 mujeres privadas de libertad en la Unidad 5, ubicada en Colón, hacia una nueva sede en Chacarita de los Padres y camino vecinal 17 Metros, en Punta de Rieles. Ana Juanche, directora de la institución, destacó que se trata de un “hecho histórico” porque por primera vez en Uruguay las mujeres privadas de libertad serán alojadas en un “edificio moderno que ha sido construido con perspectiva de género y diversidad, adecuado a sus necesidades específicas”.
Juanche destacó que, además, se trata de un edificio construido con el fin de que las personas cumplieran una pena allí, “cosa que no había sucedido antes”, ya que “antiguamente las mujeres ocupaban edificios que no habían sido construidos como cárcel”, según un audio difundido por el Ministerio del Interior.
El edificio tiene una capacidad inicial para 846 personas privadas de libertad y una capacidad de ampliación de hasta 1.015 plazas. Su construcción concluyó en 2024, durante el período de gobierno de Luis Lacalle Pou. Las celdas son para tres y cinco personas, pero existen también celdas individuales y otras accesibles para personas que tengan alguna discapacidad. Además, la nueva sede cuenta con un módulo de preegreso establecido para las mujeres que están próximas a salir en libertad y un sector que será destinado a mujeres trans.
Juanche contó que “la unidad tiene hermosas áreas programáticas que han sido especialmente desarrolladas para que se lleven adelante tanto los programas de trato como los de tratamiento, es decir, todo lo que tiene que ver con el acceso a derecho, educación, trabajo, cultura, a la libertad de cultos, recreación, deporte, actividad física”.
Además, hay canchas, tanto techadas como al aire libre, y un “conjunto muy moderno de talleres productivos para que puedan desarrollar diversidad de oficios, vinculados a la herrería, la carpintería, la electricidad, la sanitaria, la costura y la cerámica”. Por otra parte, habrá un infocentro, salones equipados para que accedan a educación, y un centro de salud.
La directora del INR contó que la mudanza llevó una preparación de aproximadamente dos meses. “Empezamos con visitas periódicas de diversos actores vinculados al sistema para que conocieran el edificio, para poder indagar e investigar sobre todas las necesidades que tenían los espacios que íbamos a habitar, tanto los sectores de alojamiento como las áreas programáticas”, puntualizó.
Además, el INR llevó a los sindicatos a conocer la obra “para que pudieran transmitir a sus afiliados cómo era el nuevo local donde iban a trabajar los funcionarios, tanto policiales como de los escalafones civiles”. También organizaron una visita con “las delegadas de las mujeres privadas de libertad para que conocieran todo el edificio, las locaciones, y pudieran transmitir a las demás cómo era el lugar al que se iban a mudar”, dijo. Calificó esta acción como “histórica”.
“Es un verdadero gusto poder concretar que las mujeres se mudan a un lugar absolutamente digno, construido con enfoque de derechos humanos y mediante un procedimiento respetuoso de la dignidad de las personas”, puntualizó.