La defensa de Sebastián Marset, que lidera el abogado uruguayo Santiago Moratorio, logró reunirse en privado con su cliente para discutir la estrategia que llevará en las diferentes jurisdicciones en las que está siendo investigado, tras reclamarlo al juez federal del distrito de Virginia, Rossie Alston Jr, según informó Moratorio a la diaria.
La conversación se dio días atrás en la sede de la Fiscalía Oficina del Fiscal Federal del Distrito Este de Virginia, luego de que Moratorio presentara una carta al juez Alston Jr en la que calificaba como “imperativo” la necesidad de una reunión sin los sistemas de monitoreo de las comunicaciones del centro de detención de Virginia, donde Marset se encuentra cumpliendo prisión preventiva.
“Es imperativo que me reúna con el señor Marset en Estados Unidos y tenga una conversación privilegiada abogado-cliente con él sobre sus asuntos legales en Uruguay y en otros lugares”, señalaba la misiva entregada al juez. Moratorio -que no está habilitado para ejercer oficialmente en los tribunales de Estados Unidos-, expresó al juez que tiene “una relación profesional extensa” con Marset y que el uruguayo confía en su criterio y consejo legal.
Según señaló Moratorio al seminario Búsqueda, uno de los pilares de la defensa será la ilegalidad de la detención en Bolivia, dado que se optó por eludir un proceso de extradición, en el marco del tratado entre ambos países, lo que hubiera enmarcado la causa en los delitos específicos que motivaban el pedido de extradición.
Concretamente, el abogado señaló que se trató de “una operación irregular que viola simultáneamente el derecho boliviano, el derecho internacional y garantías del propio derecho federal estadounidense” y planteó que el procedimiento correcto, respetando el derecho boliviano y el derecho internacional, era que el gobierno estadounidense realizara una petición formal de la extradición, que se abra un juicio de extradición en Bolivia, con la intervención de la Justicia boliviana, con derecho a impugnación y las garantías habituales de un proceso y una sentencia ejecutoriada, que, eventualmente, permitiera una entrega formal.
Moratorio dijo que la carta de entrega a las autoridades de la DEA y expulsión de Marset se firmó el jueves 12 de marzo, un día antes de su detención. “A las tres de la mañana del 13 de marzo, agentes de la DEA, junto con fuerzas bolivianas, irrumpen armados en el domicilio de Marset en Santa Cruz de la Sierra. Sin orden judicial de ningún país. Sin notificación previa. Sin proceso legal alguno. Durante el día, Marset es trasladado al Aeropuerto Viru Viru y embarcado. Todo se ejecuta en menos de seis horas desde el momento de la irrupción domiciliaria”, afirmó el abogado.
En cuanto a la legitimidad de la jurisdicción de Virginia, Moratorio dijo que “el único vínculo con Virginia es una transferencia bancaria automática entre un banco de Portugal y un banco de China que, en su enrutamiento electrónico, pasó incidentalmente por los servidores de un banco corresponsal en Richmond”.
Consultado por la diaria sobre la posible declaración de la fiscal de Corte, Mónica Ferrero, y el fiscal de Flagrancia Diego Pérez, que investiga en Uruguay el atentado contra la Brigada Antidrogas, Moratorio dijo que todavía no tienen “la lista definitiva de testigos que la fiscalía convocará al juicio” y advirtió que ese proceso “se completa en las semanas previas al 11 de enero de 2027”. Hasta el momento, ninguno de los dos fue notificado de su eventual participación en el juicio.