Buenos días. Les comento algunas noticias que pueden leer hoy en la diaria.
El debate sobre la reforma de la seguridad social está en sus etapas preliminares. Todavía no hay un proyecto de ley, sino apenas una propuesta, redactada por la mayoría oficialista de la comisión de expertos, sobre las recomendaciones que ese organismo tiene que plantearle al Poder Ejecutivo, y que este puede tener o no en cuenta cuando elabore un proyecto, que luego ingresará al Parlamento para ser discutido.
“Como gobierno tenemos que decidir cómo avanzar y por dónde, y después tendremos que [...] conseguir los votos del resto de los partidos”, ha dicho el presidente Luis Lacalle Pou. Nunca se sabe si cuando dice “el gobierno” se refiere a la coalición, al Poder Ejecutivo o a sí mismo, pero está claro que entre la propuesta de recomendaciones y la ley habrá que recorrer un largo trecho.
Súmese a lo antedicho que, si bien los autores de tal propuesta fueron designados por el oficialismo, sus opiniones no necesariamente equivalen a las que plantearán, cuando lo consideren oportuno, los partidos que integran la “coalición multicolor”. Es un buen momento para situar algunas cuestiones básicas en cualquier proyecto de reforma.
Empecemos por señalar que el nombre del Banco de Previsión Social (BPS) es engañoso, porque uno asocia la palabra “banco” con una institución que maneja cuentas individuales de ahorro. El BPS se basa, entre otros principios explícitos, en el de solidaridad intergeneracional. Esto significa que “los trabajadores activos, con sus aportaciones, financian las prestaciones de los pasivos juntamente con los aportes patronales, los tributos afectados y la asistencia financiera estatal”.
En este sentido, es preocupante, y presenta un claro sesgo ideológico, la tendencia a juzgar el actual sistema, y a defender eventuales reformas, por la relación entre lo que aporta y lo que recibe cada persona. Conviene, además, relacionar algunos datos. Si se mantiene la exigencia de 30 años de aporte para el retiro, y se calculan las jubilaciones en función de los 25 mejores, como propone el oficialismo, quedaremos realmente muy cerca de las cuentas de ahorro individual.
En segundo lugar, el sistema y cada uno de sus componentes tienen ingresos y egresos. Los primeros no se limitan a los aportes de trabajadores y empleadores, sino que incluyen también, según establecen las normas vigentes, transferencias del Estado. Contar sólo los aportes como “ingreso genuino” y el resto como “déficit” es también engañoso.
Además, el PIT-CNT señala un aspecto simple y obvio del asunto: si no se incorporan nuevos ingresos, el aumento de algunas prestaciones implicaría que otras disminuyan. Sería una redistribución de los mismos recursos, que se podría considerar justa en la medida en que mejore situaciones que actualmente están entre las peores, a costa de empeorar otras que estén entre las mejores, pero también habría que tener en cuenta otros aspectos.
Por ejemplo, cabe preguntarse si la única forma de lograr beneficios de retiro relativamente mayores para algunas personas es perjudicar los de otras, o si habría que pensar en otras formas de redistribución, que tomen recursos de fuentes más caudalosas.
Hasta el lunes.