El juez Leonardo Méndez decretó este jueves el cierre de Casa de Galicia, informó El País y confirmó la diaria. La sentencia determina “el cese inmediato de actividades”, excepto el de los servicios de institutos de medicina altamente especializada (IMAE), que son una fuente importante de ingresos para la institución. En una ampliación de la sentencia, el juez aclaró que “el cese inmediato de actividades” abarca la atención ambulatoria y que la sindicatura, a cargo de la Liga de Defensa Comercial (Lideco) y liderada por los abogados Fernando Cabrera y Júpiter Pérez, tienen que coordinar con el Ministerio de Salud Pública (MSP) “la atención de los pacientes internados, así como la derivación a otros centros de salud”.
- Leé más sobre esto: ASSE se hará cargo de los servicios de Casa de Galicia durante un “período de transición”
El juez especificó que para eso se utilizarán los recursos humanos de Casa de Galicia, aunque podrá contratarse otros. Además, facultó a la sindicatura “a contratar, ya sea onerosa o gratuitamente, al prestador de salud que pueda autorizar y/o proponer el MSP a través de la Junasa [Junta Nacional de Salud]”. Fuentes del proceso judicial confirmaron a la diaria que todavía no se ha elegido el prestador. Según informó El País, ya mantuvieron reuniones con el resto de los prestadores del sistema de salud.
El juez declaró el concurso voluntario de Casa de Galicia el 18 de noviembre, cuando designó a los síndicos, en respuesta a la solicitud de concurso voluntario que había presentado la mutualista el 15 de octubre. Cuando Méndez declaró el concurso, ya habían transcurrido varios días de desarrollo de la intervención administrativa que había iniciado el MSP el 26 de octubre, que implicó el desplazamiento de las autoridades de la Comisión Directiva, hasta entonces liderada por Alberto Iglesias. El juez entendió que eran incompatibles ambas intervenciones y explicitó que “se estima prudente establecer un período de 30 días, a los efectos de que la intervención administrativa dispuesta por el MSP traspase la dirección de la concursada a la Sindicatura”. Luego de la expresión de disconformidad del MSP, el 30 de noviembre el juez reafirmó la incompatibilidad de las dos intervenciones, y eso determinó que el MSP cesara, el 2 de diciembre, a las interventoras que había designado.
Los cruces a distancia entre el juez y el ministerio fueron explícitos y de esa misma forma se manifiestan en la sentencia judicial de este jueves. “El MSP no cumplió con su deber de colaboración con el órgano concursal y, por ende, con la administración de justicia”, afirmó el juez, que recordó que en su decisión del 18 de noviembre había dispuesto un plazo de 30 días para el traspaso de la dirección de Casa de Galicia. “Pues bien, el MSP abandonó abruptamente la intervención administrativa, casi que inmediatamente decretado el concurso, sin prestar mayor colaboración con la Sindicatura entrante. Tanto fue así que el MSP ni siquiera facilitó a la Sindicatura los informes realizados durante la intervención administrativa por los interventores por esta designados”, reclamó el juez, que calificó de “incomprensible” la decisión del MSP y criticó que las interventoras no compartieran sus informes con el Poder Judicial. Añadió que la crisis económica de la institución y “la falta de colaboración suficiente del MSP, que dejó a la intervención judicial trabajando ‘a ciegas’”, dificultó el proceso judicial, y niega que haya habido “incapacidad” de Lideco sino que, por el contrario, actuó “con la mayor responsabilidad y compromiso en el ejercicio de su cargo”.
Problemas de larga data
“La situación económico-financiera de Casa de Galicia es de extrema gravedad y se arrastra desde hace 18 años, sin dudas una agonía empresarial de una duración temporal absolutamente inusitada”, expresó el juez en la sentencia, que hace un repaso de lo ocurrido en esas casi dos décadas, con intervenciones del MSP en 2003 y 2006 –“que tampoco lograron una reestructura empresarial que desembocara en la viabilidad económica-financiera”, y cita párrafos enteros de la argumentación del MSP al decretar la intervención, el 26 de octubre, en el que consta el desfinanciamiento de la institución así como el incumplimiento de la reestructura prometida en el último fideicomiso, obtenido a fines de 2019.
“Huelga decir que la situación de crisis asistencial derivada del descontrol económico-financiero de la concursada no se debe, en absoluto, a la actuación de la Sindicatura, sino que la misma ya se encontraba instalada con mucha anterioridad. Si en casi dos décadas el MSP no pudo resolver la situación de Casa de Galicia, emerge claro que sería altamente improbable que, en esta oportunidad, hubiera podido hacerlo”, alegó Méndez, que dice compartir la decisión del Estado de retirarle el apoyo financiero a Casa de Galicia y la resolución del MSP de continuar con el trámite concursal.
No obstante, aclara que la mutualista estaba en “un círculo vicioso del cual no es posible salir sin un adecuado financiamiento” que no vendría del Estado, y explicita que en 13 días hábiles que lleva la administración de los síndicos “resulta absolutamente irresponsable pretender que con ese plazo tan exiguo se pueda resolver 20 años de endeudamiento y crisis empresariales”.
Entre los mayores deudores de Casa de Galicia, traslada el juez en base a información proporcionada por los síndicos, están los financiadores del IMAE cardiológico (los procedimientos se financian a través del Fondo Nacional de Recursos), con 29 millones de pesos, la Clínica Leborgne, con 11 millones de pesos, y la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE), con 29.922.000 pesos por servicios prestados, de los cuales únicamente habilitó 7.000.000 en el Sistema Integrado de Información Financiera (SIIF). Añadió que el préstamo del Banco República para pagar el aguinaldo de los trabajadores no ha recibido la aprobación de la Junasa, “pese a que el MSP tiene cabal conocimiento de la situación de crisis de la concursada, lo que demuestra una vez más la falta de colaboración con el órgano concursal”, acusó Méndez.
Casa de Galicia termina el mes de diciembre con un saldo negativo de 100 millones de pesos, dijo el juez, que agregó que “para complicar aún más la situación asistencial, los trabajadores resolvieron en la víspera un paro total de actividades por tiempo indeterminado, en su legítimo reclamo como acreedores del concurso, lo que hace inviable a todas luces la continuidad de la actividad de la concursada”.
En la resolución, el juez resolvió intimar al MSP a que le entregue a la sindicatura, en un plazo de 48 horas, la copia de los informes de las interventoras y, en el mismo plazo, intimó también a ASSE “para que suba al SIIF la totalidad de las facturas que adeuda a Casa de Galicia”.