Buenos días. Les comento algunas noticias que pueden leer hoy en la diaria.
El número de diagnósticos diarios de covid-19 va en descenso, al igual que el porcentaje de personas contagiadas que requieren cuidados intensivos. Estas bienvenidas tendencias, asociadas con la vacunación, continuarán si no las superan ‒ojalá que no‒ las consecuencias de que se propague en Uruguay alguna variante viral problemática. En ese marco, el sistema partidario parece prepararse para un escenario sin emergencia sanitaria, en el que disminuyan las expectativas y demandas de “unidad nacional”.
Por supuesto, en ese escenario persistirán polémicas duras acerca del manejo de la crisis por parte del gobierno, como las que van a darse la semana que viene en el Senado, cuando se produzca la interpelación a Azucena Arbeleche y Daniel Salinas promovida por el Frente Amplio (FA), pero crecerá (como ya está creciendo) el destaque de otras cuestiones, nuevas o de larga data. Algunas de ellas alinearán a todo el oficialismo contra la oposición y otras plantearán conflictos más complejos, con discrepancias entre integrantes de la “coalición multicolor”, de los que hemos tenido algunos adelantos en los últimos meses.
Entre los enfrentamientos nuevos está el relacionado con el acuerdo entre el Poder Ejecutivo y Katoen Natjie para extender la concesión a esa empresa en el puerto, con muchos aspectos poco claros, en lo referido a su conveniencia e incluso a su legalidad.
Se trata ante todo de una decisión del Partido Nacional, sobre la cual el Partido Colorado y Cabildo Abierto (CA) han expresado dudas y prevenciones, y ahora el FA se dispone a interpelar al ministro de Transporte y Obras Públicas, José Luis Falero. Las negociaciones se desarrollaron, con escasa transparencia, cuando ocupaba el cargo Luis Alberto Heber, pero Falero estaba en la subdirección de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, de modo que no se le puede considerar ajeno al tema y resulta muy pertinente pedirle explicaciones.
Otra área de conflicto nueva, pero en el marco de una vieja disputa, es la vinculada con la intención presidencial de regularizar y relocalizar asentamientos con fondos que estaban previstos para que el Instituto Nacional de Colonización comprara nuevas tierras.
Con esta iniciativa, que implicaría la creación de un fideicomiso mediante la Rendición de Cuentas, el oficialismo puede matar dos pájaros de un tiro. Por un lado, satisfacer los reclamos de CA, muy poco dispuesto a que Irene Moreira carezca de recursos para “hacer obra” desde el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial. Por otro, debilitar y revertir aún más las políticas que Colonización llevó adelante durante los gobiernos del FA.
A nadie le puede parecer mal que aumenten los recursos para los asentamientos, pero resulta muy significativo de dónde piensa el Ejecutivo que es preferible sacar dinero.
Por último, los 135 artículos de la ley de urgente consideración que se quieren derogar en referéndum expresan conflictos viejos y nuevos entre oficialistas y opositores. El FA moviliza a sus principales figuras en los últimos días que quedan para reunir firmas y esto también indica un cambio de agenda.
Hasta mañana.