El presidente Luis Lacalle Pou adelantó el sábado en redes sociales que se incluirá un artículo en la Rendición de Cuentas para crear un fideicomiso que permita avanzar “más rápidamente” en la regularización y la relocalización de asentamientos.

A principios de mes, la ministra de Economía y Finanzas, Azucena Arbeleche, había adelantado en rueda de prensa que la Rendición de Cuentas será de “gasto cero” y que sólo se destinarán “recursos adicionales”, de 50 millones de dólares, a las políticas de infancia.

El jueves de la semana pasada, según consignó el martes El Observador, el presidente se reunió en la residencia de Suárez y Reyes con los líderes del Partido Independiente, el Partido Colorado y Cabildo Abierto para intercambiar información sobre la rendición que ingresa hoy al Parlamento y adelantar la intención de crear el fideicomiso para atender la problemática de los asentamientos con partidas del Instituto Nacional de Colonización (INC).

¿Cómo se financiará el fideicomiso? Una partida se obtendrá a partir de los recursos del INC para la compra de nuevas tierras, y se prevé obtener más fondos a través de “otros ingresos”, como lo obtenido a futuro por la comercialización de bienes e inmuebles vacíos en titularidad del Estado, informó el jueves El Observador y confirmó la diaria con fuentes del gobierno.

“No es el fin del instituto”

En diálogo con la diaria, el presidente del INC, Julio Cardozo, dijo que todavía no tiene conocimiento del articulado y están a la espera de ver la redacción final, ya que al mismo tiempo el organismo está preparando su presupuesto para 2020-2022. De todas formas, señaló que, a pedido de Presidencia, el instituto no planea comprar más tierras en este período y definió vender “todo aquello improductivo”, sobre todo en el área de la costa del país.

“Por supuesto que no hay que despreciar lo que significaba más de 20 millones anuales del ingreso al instituto [lo que se destina a la compra de tierras y se estima volcar al fideicomiso], pero tenemos otros mecanismos. Hay una ley de fideicomiso aprobada que nos permite tener otras posibilidades de compra”, señaló.

Además, apuntó que se ha trabajado en la recuperación de rentas del INC y actualmente hay superávit. “Tenemos 600.000 hectáreas para atender y más de 5.000 colonos. Esto no es el fin del instituto, aunque evidentemente se siente. También el objetivo del gobierno es atendible: tenemos una problemática de uruguayos que están pasando muy mal y tenemos que poner en la balanza todo eso para ser los más justos posibles para dar las opiniones”, señaló.

“Una decisión en contra del INC”

Andrés Berterreche, director en representación del Frente Amplio en el organismo, dijo a la diaria que está de acuerdo con brindar soluciones para la erradicación de asentamientos y sostuvo que su intención no es “poner pobre contra pobre”. Pero apuntó: “Los productores que no salvaste y convertiste en rentables y aptos para quedarse en una tierra terminan en un asentamiento, entonces creo que es una medida contradictoria con el fin que se busca”.

“Es una decisión pensada y definida en contra del INC”, dijo Berterreche, y agregó que el gobierno actual ha dado diversas señales en este sentido. El exministro de Ganadería, Agricultura y Pesca mencionó que en la ley de urgente consideración (LUC) se incluyeron dos artículos que son perjudiciales para el organismo. Uno de ellos, el artículo 357, determinó que se quiten de la órbita del INC más de 50.000 hectáreas que habían sido enajenadas por el Banco Hipotecario y que puedan entrar al mercado de tierras.

El otro artículo modificó las condiciones de excepción de la obligación que tienen los colonos de “trabajar directamente el predio y habitarlo con su familia”. La LUC indica que estarán exceptuados aquellos que se hayan radicado por un plazo “mínimo de diez años”, “cumplido con el plan de inversiones comprometidos” o “invoquen razones fundadas de salud, educación o trabajo del colono o los integrantes del núcleo familiar”.

Asimismo, Berterreche explicó que en la ley de presupuesto también se quitaron recursos para la compra de tierras. “Teníamos dos fuentes de financiamiento: los recursos del INC y el porcentaje del impuesto a las transferencias patrimoniales, que tenía un tope de cantidad de unidad indexadas, que significaban 1.000 millones de pesos, y en el presupuesto le sacaron 900 millones de pesos”, explicó.

Según sostuvo, el INC recauda unos 18 millones de dólares anuales a partir del cobro del impuesto a la concentración de los inmuebles rurales (ICIR), que luego destina a la compra de tierras. “Esto es lo que se quiere poner en el fideicomiso”, detalló.

“El cuarto golpe”

La expresidenta del INC Jacqueline Gómez dijo a la diaria que está “totalmente” de acuerdo en destinar recursos a la política de erradicación de asentamientos, pero manifestó que esta decisión se suma a las disposiciones de la LUC y el Presupuesto. “Este sería un cuarto golpe y está claro que es una forma de desmantelar el INC. Se requiere avanzar en la compra de tierras para responder a las más de 1.700 familias que se presentan por año demandado tierra”, señaló.

Gómez subrayó que con estas medidas se perfora la política de desarrollo de tierras y eso impacta en la concentración. “La historia muestra que las tierras del instituto han sido un refugio para los productores familiares”, apuntó, y explicó que estas medidas van “en contra de las políticas de radicación de la gente en el medio rural, de la política de inversiones para las mejores condiciones de vida de las familias en el territorio rural, y del mantenimiento de las estructuras de las colonias”.

Para la expresidenta del INC, las definiciones que se están tomando son perjudiciales para la producción familiar “en absolutamente todos los rubros”, particularmente para lechería y ganadería. “Van en contra del proceso de promover el arraigo y ocupación del territorio y el desarrollo de las condiciones de vida y trabajo en el medio rural. En la medida en que hacés políticas de acceso a la tierra, fortalecés y les das condiciones de sustentabilidad económica y productiva a los productores que ya están en el medio rural. Ahí está el foco de las intervenciones del INC”, concluyó.

“Se vuelve a recurrir a los más desfavorecidos”

La Asociación de Funcionarios del Instituto de Colonización (Afinco) emitió un comunicado en respuesta a la nota publicada por El Observador el martes, en la que el gobierno anuncia que parte de los fondos que el INC tiene para comprar tierras, serán destinados para la regularización de asentamientos.

En el comunicado se plantea que el INC tiene tres fuentes de ingresos: el cobro de la renta a los colonos, que alcanzaría “para cubrir los costos operativos de la institución (salarios y materiales) y su excedente (una cantidad que es ínfima) se destina también para compra de tierras”; a su vez “la mayoría de los ingresos” para esta última acción provienen del ICIR y el adicional del impuesto a la renta de las personas físicas (IRPF) que se aplica en las transacciones inmobiliarias del sector rural; por lo que entienden que “quitar” estos recursos de la órbita del instituto “extirpa al Estado la principal herramienta para generar desarrollo real y sustentable”.

Los integrantes de Afinco entienden que el INC no ha podido frenar el “éxodo rural” por no contar con los recursos suficientes. “Mientras el sector agroexportador no para de mejorar sus números, se vuelve a recurrir a los más desfavorecidos para que cubran el costo de las políticas sociales”, agrega el comunicado. También apunta que la situación de los asentamientos debe ser atendida “sin más demora”, pero aplicando esta medida “será a costa de los trabajadores y trabajadoras rurales”.